Le solicité al Patronato Nacional de la Infancia, en su calidad de institución rectora del área de infancia, un informe sobre las acciones, proyectos y programas que desarrolla el Gobierno de la República para prevenir y atender la explotación sexual de niñas y niños en Costa Rica.
Lamentablemente, la respuesta que recibí del PANI no me da ninguna tranquilidad. Por el contrario, me alerta y me hace pensar que sobre la explotación sexual de menores, se está haciendo poco en el país.
En mi consulta al PANI pregunté si existe una política pública para la prevención y atención de esta problemática.
De eso no tuve respuesta. Presumo entonces, que no existe una política pública para prevenir y atender la explotación sexual de menores. Tampoco se están haciendo las gestiones para establecer una política sobre este asunto.
Es lamentable. Deberían el gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís y la Presidenta del PANI, doña Ana Teresa León prestar más atención a la explotación sexual de menores en Costa Rica.
Según el Informe que recibí, entre diciembre del año pasado y marzo de este año, el PANI atendió a 50 menores de edad víctimas de la explotación sexual comercial.
Me duele esa cantidad de niñas. Me duele más, al pensar que debe haber otra cantidad mayor de menores que son víctimas de este flagelo y que no pudieron ser atendidos porque nadie hizo una denuncia.
En su informe el PANI me indica que están creando programas de atención, que están capacitando a funcionarios en distintas comunidades, que tienen a 49 niñas adolescentes bajo protección especial, y que coordinan con Organizaciones No Gubernamentales acciones específicas de prevención y atención.
Eso es bueno. Sé que el abordaje de esta problemática no es sencilla. Sé que las acciones siempre serán insuficientes; pero insisto en que esta problemática no puede, ni debe, pasar a segundo plano.
La explotación sexual de menores es un flagelo repudiable, criminal y perverso.
Con datos del proyecto denominado Iniciativa Mesoamérica, un periódico de circulación nacional denunció en su edición del martes 26 de julio anterior, que se han identificado once cantones en la región Huetar Caribe y Brunca donde los padres explotan sexualmente a sus hijas.
Creo que si ya están identificados estos cantones, las acciones de prevención y atención deben ser más agresivas.
Creo también que se debe hacer un trabajo agresivo para identificar formas de explotación, lugares, comercios, comunidades y formular más denuncias.
El tema es complejo. Pero lo que hoy pretendo, es que volvamos nuestra mirada a este asunto. Que nos ocupemos por crear conciencia social para proteger a las niñas y niños.
No podemos ver de reojo este asunto de la explotación sexual de niñas y niños. No podemos pasarlo como si fuera algo que ocurre muy lejos de nuestro hogar.
Nuestras hijas e hijos merecen que les heredemos un mejor país y este flagelo, no los podemos callar.
