Hay ausencias que hacen más ruido que un discurso. Este 14 de octubre, durante la inauguración del CACCO en La Reforma, quedaron vacías las sillas de jerarcas judiciales, entre ellos el fiscal general Carlo Díaz. La presidenta Laura Fernández señaló públicamente la ausencia de magistrados. La imagen quedó registrada. No fue necesario un comunicado de veinte páginas para que el vacío adquiriera significado político.
No se les pedía aplaudir a un Gobierno. Se esperaba altura de Estado. Ante una infraestructura destinada a contener criminalidad de alto perfil, comparecer habría significado reconocer una responsabilidad compartida, no rendir pleitesía. Una toga no se contamina por coincidir con otro poder de la República. Lo que sí empobrece una institución es proyectar que su distancia del adversario pesa más que su cercanía con el ciudadano.
La ausencia merece una explicación pública. No asistir a una ceremonia no demuestra por sí solo abandono de funciones; pero quienes ejercen poder también responden por las señales que transmiten. La independencia judicial exige libertad para resolver, no incomunicación ceremonial. Cuando el país necesita cooperación, las sillas vacías son una pésima tarjeta de presentación.
El problema, además, no empieza en esas sillas. La evaluación oficial de Hacienda registra para el Poder Judicial, en 2025, un presupuesto definitivo de ₡528.872 millones y un gasto ejecutado de ₡512.156 millones. Se ejecutó el 96,84 % y las remuneraciones absorbieron el 82,47 % del gasto efectivamente realizado. Son cifras institucionales, no ocurrencias de un crítico malhumorado.
Ese dinero sostiene también a investigadores, fiscales, defensores y personal indispensable. Su magnitud no prueba que sobren recursos. Pero sí impide tratar la exigencia de resultados como una insolencia. Ejecutar presupuesto no equivale a impartir justicia oportuna. El contribuyente no paga para que una estructura certifique su propia continuidad, sino para recibir un servicio. Una nómina cumplida no es una misión cumplida.
La estadística del propio Poder Judicial ofrece una prueba incómoda. Entre los 15.456 asuntos concluidos con sentencia por los tribunales penales en 2024, hubo 2.403 cuya tramitación total tomó entre cinco y menos de diez años, y 381 que alcanzaron diez años o más. El informe registra mejoras frente a 2023 y reconoce factores diversos de demora. Nada de eso vuelve aceptable acostumbrarse a esas duraciones.
Una década no es un plazo cualquiera. Es una porción de vida. Es la víctima envejeciendo con su reclamo y el acusado cargando una incertidumbre que el Estado debería resolver oportunamente. No todo retraso nace de un juez negligente; administrar las causas de ese retraso, sin embargo, es responsabilidad institucional. El ciudadano pide justicia, no una relación de larga duración con un expediente.
Aquí conviene recuperar dos artículos que no deberían necesitar recordatorio. El 41 constitucional exige justicia pronta y cumplida; el 11 somete la Administración Pública, en sentido amplio, a evaluación de resultados y rendición de cuentas. La independencia no borra ninguno de esos deberes. No existe una dispensa republicana para la ineficiencia por el solo hecho de vestir de negro.
El Ministerio Público tampoco puede escudarse en el volumen de papeles despachados. El Quinto Informe Estado de la Justicia examinó expedientes terminados entre enero de 2022 y septiembre de 2024. Los archivos fiscales y las desestimaciones representaron más del 65 % de las salidas; las acusaciones, un 14 % en 2022 y alrededor del 15 % en los períodos siguientes analizados. Esos porcentajes corresponden a asuntos terminados, no a todas las denuncias de un mismo año.
No toda desestimación significa impunidad, ni sería honesto fabricar esa equivalencia. Puede no existir delito, no identificarse al responsable o faltar prueba suficiente. Precisamente por eso, señor fiscal general, hace falta explicar qué ocurre detrás de las categorías. ¿Cuánto responde a denuncias improcedentes y cuánto a investigaciones que no lograron esclarecer hechos delictivos? ¿Dónde están los obstáculos y quién debe corregirlos? Contar expedientes cerrados no es contar bandas desarticuladas.
La rendición de cuentas que necesitamos debe distinguir homicidio, sicariato, narcotráfico y delincuencia organizada; seguir cohortes de casos, medir tiempos, explicar fracasos probatorios y mostrar resultados firmes. No se reclama condenar sin pruebas. Se reclama investigar con capacidad suficiente para obtenerlas. Entre el garantismo serio y la impotencia burocrática hay una diferencia que ninguna solemnidad verbal debería conseguir borrar.
La enfermedad de la conducción institucional tampoco es una invención partidaria. El Informe Estado de la Justicia de 2025 documentó que la desconcentración administrativa, promovida como reforma urgente desde 2017, seguía sin concretarse. La propuesta de gobierno corporativo de 2020 continuaba pendiente de aprobación. Entretanto, las comisiones judiciales habían pasado de 97 en 2020 a 107 en 2023. Ocho años después del anuncio, aquella urgencia seguía esperando.
Hay burocracias que no resuelven sus problemas; les nombran una comisión. Y después otra que estudie las recomendaciones de la primera. El expediente de la reforma termina reproduciendo exactamente la patología que debía curar. Si desprenderse de funciones administrativas exige semejante peregrinación, ¿con qué autoridad gerencial se reclama paciencia infinita al usuario? La reforma urgente no puede convertirse en una pieza del mobiliario histórico.
El mismo informe advirtió limitaciones en la evaluación de políticas institucionales. Diez políticas registraron un cumplimiento del 100 % de sus metas en 2024, sin que esa medición acreditara por sí misma el cumplimiento integral de sus objetivos. Cumplir una actividad programada y transformar una realidad son cosas diferentes. La perfección del formulario no absuelve las deficiencias del servicio.
Por eso la crítica no es enemiga de la justicia. Lo que la debilita es confundir la dignidad de la función con la susceptibilidad de quien la ejerce. Una institución respetable debe poder explicar su presupuesto, reconocer sus fallas y corregir su diseño sin convertir cada pregunta en una afrenta. La toga no es un título de nobleza. Mucho menos una póliza contra el escrutinio.
Hay investigadores, fiscales y jueces cuyo trabajo merece respeto. La Sala Tercera incluso presentó esta semana una propuesta para incorporar el vínculo con crimen organizado como criterio de prisión preventiva. Pero reconocer esos esfuerzos no supone entregar un salvoconducto a las jerarquías. El trabajo de quienes sostienen el servicio no exime a la cúpula de responder por la conducción institucional ni por el mensaje de su ausencia.
El CACCO no puede quedar como una obra aislada. Debe integrarse a un esfuerzo que impida convertir el encierro en oficina de operaciones criminales. Precisamente por eso interesa un Estado articulado, no una competencia de vanidades. A la infraestructura penitenciaria deben corresponder investigaciones rigurosas, acusaciones sólidas y resoluciones oportunas. Cada eslabón debe cumplir su tarea. La delincuencia organizada no necesita que el Estado le regale, además, una desorganización solemne.
Lo ocurrido hoy me parece una muestra de desidia política, no porque la asistencia equivalga a combatir el crimen, sino porque la conducción de un poder también exige presencia pública y disposición a reconocer esfuerzos ajenos. Si había razones atendibles para no concurrir, que las expliquen. La ciudadanía no tiene por qué adivinarlas ni dispensar automáticamente a sus jerarcas del costo de una señal tan desafortunada.
Mi juicio es claro. Esta conducción necesita una renovación profunda, sometida a los procedimientos constitucionales, no otra ceremonia de autojustificación. Si de mi voto dependiera su continuidad, no la respaldaría. Ni la antigüedad del magistrado ni la permanencia del fiscal constituyen un mérito suficiente para seguir. Los cargos se justifican con idoneidad, resultados y responsabilidad pública; no con la destreza para sobrevivir dentro del organigrama.
La República no les pertenece. La autoridad se la presta el ciudadano y el respeto no viene cosido a la toga. Hoy quedaron vacías unas sillas. Lo intolerable sería que siguiera vacante la responsabilidad pública.
