La soberanía suele invocarse como un principio absoluto, pero adquiere sentido real únicamente cuando está vinculada a la protección efectiva de la sociedad. En Venezuela, esa relación se ha roto de manera prolongada y visible. Por ello, cualquier análisis sobre intervención extranjera, legalidad internacional o geopolítica regional requiere partir de una pregunta central: ¿qué valor moral conserva la soberanía cuando el poder ha sido capturado y ejercido sistemáticamente contra el cuerpo social?
Experiencia, soberanía y la primera lección sobre el poder
Escribo sobre Venezuela desde una relación temprana, directa y conflictiva con el poder. No desde la militancia ni desde la dirigencia, sino desde la exposición prematura a las consecuencias concretas de un Estado que dejó de reconocer límites.
Nací en Caracas hace 25 años, aunque mi historia política comienza antes de mi nacimiento. Parte de mi familia paterna huyó del régimen comunista cubano décadas atrás. Mi padre llegó a Venezuela siendo aún un niño, cargando una experiencia de exilio marcada por la pérdida de libertades, la arbitrariedad del poder y la necesidad de reconstruir la vida desde cero.
Esa memoria se transmitió como advertencia. En ella estaba implícita una lección constante: cuando el poder se concentra y deja de estar contenido por instituciones, termina erosionando la vida cotidiana de las personas. En mi familia, esa comprensión no fue una tesis académica, sino una experiencia heredada.
Durante mi adolescencia, Venezuela entró en un proceso de descomposición acelerada. El chavismo —primero bajo Hugo Chávez y luego bajo Nicolás Maduro— consolidó un modelo de dominación política sostenido en retórica popular y legitimidad electoral inicial, pero con consecuencias institucionales devastadoras. No se trató de fallas aisladas, sino de la construcción progresiva de un sistema donde el poder dejó de estar sujeto a controles efectivos.
Hacia 2014, la crisis ya era evidente. Inflación descontrolada, desabastecimiento, inseguridad generalizada, censura, persecución política y destrucción sistemática del aparato productivo. El Estado conservaba su estructura formal, pero había abandonado su función esencial: proteger derechos, garantizar reglas y limitar el poder.
En 2016 se produjo un quiebre decisivo. La oposición obtuvo el control del poder legislativo y con ello se hizo visible algo que muchos preferían no advertir —incluyéndome durante un tiempo—: una parte mayoritaria de esa dirigencia no representaba una ruptura real con el modelo estatista, sino una variante socialdemócrata del mismo esquema de poder. El conflicto dejó de articularse únicamente entre gobierno y oposición; pasó a expresarse entre ciudadanía y sistema.
Ese año, el país entró en una espiral de tensión política y represión abierta. En ese contexto, mi madre emigró a Ecuador tras recibir una oferta laboral. Mi hermano menor y yo permanecimos en Venezuela estudiando. La separación familiar coincidió con la profundización del colapso social: escasez de alimentos y medicamentos, inseguridad cotidiana y represión explícita.
Fue entonces, a los 15 años, cuando ocurrió el episodio que marcó de manera definitiva mi relación con la política y con el poder.
En las adyacencias de Altamira, en Caracas, una protesta fue reprimida por las fuerzas de seguridad. Sin participar en la manifestación, quedé atrapado en ella. Soy asmático. La inhalación de gases lacrimógenos desencadenó una crisis respiratoria severa.
Intenté huir. Fui detenido arbitrariamente junto a otros civiles en un estado de salud crítico. Durante la detención recibí amenazas graves e intimidación psicológica. Mi condición empeoró rápidamente y solo su deterioro evidente motivó mi liberación.
Como consecuencia directa, permanecí cerca de un mes hospitalizado, con riesgo real de sufrir un paro respiratorio.
Esa experiencia me convirtió en un testigo temprano del funcionamiento real del poder cuando deja de reconocer límites. Comprendí entonces algo que no se aprende en libros ni en campañas: el Estado es una estructura de fuerza que, cuando carece de controles efectivos, termina volviéndose contra el individuo.
Ese episodio aceleró una decisión que mi familia ya contemplaba: mi hermano y yo fuimos enviados a Ecuador para concluir nuestros estudios. Fue una forma de exilio. Salir no respondió a una elección ideológica, sino a una necesidad vital.
A los 16 años, ya fuera de Venezuela, inicié un proceso de reflexión intelectual deliberada. Busqué comprender las causas estructurales de lo vivido. Entré en contacto con el pensamiento liberal a través de materiales audiovisuales de Gloria Álvarez y, desde allí, comencé un estudio autodidacta sistemático.
Inicialmente conocí el liberalismo desde su vertiente libertaria, para luego avanzar hacia el liberalismo clásico, profundizando en economía política, filosofía del derecho, teoría del Estado y límites al poder. Estudié a autores como Axel Kaiser, Javier Milei, Alberto Benegas Lynch, Jesús Huerta de Soto y Miguel Anxo Bastos.
Ese recorrido intelectual tuvo una finalidad concreta: ordenar conceptualmente una experiencia caótica y comprender por qué Estados que afirman representar al pueblo terminan oprimiéndolo, y por qué la concentración de poder, incluso cuando se justifica con causas nobles, reproduce patrones de dominación.
Esta trayectoria explica desde dónde se formula el análisis que sigue. La discusión sobre la intervención militar en Venezuela no se reduce a un problema jurídico o geopolítico. En el fondo, interroga el valor real de la soberanía cuando el poder ha dejado de responder a la sociedad.
Para quienes crecimos bajo un régimen que preservó símbolos, elecciones y discursos mientras despojaba de contenido a las libertades que proclamaba, esa pregunta se plantea desde la experiencia y no desde la abstracción.
Esa experiencia dota de urgencia al análisis jurídico. Obliga a distinguir entre la vivencia del poder y las normas que regulan su uso, y a examinar qué ocurre cuando ambas dimensiones se separan artificialmente.
Soberanía, legalidad y la trampa del discurso moral
El derecho internacional contemporáneo establece límites precisos al uso legítimo de la fuerza: autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o legítima defensa frente a un ataque previo. Fuera de esos supuestos, la acción armada vulnera el orden jurídico internacional.
En el caso de la intervención estadounidense contra objetivos del régimen venezolano, ninguno de esos supuestos concurre. Desde una lectura estrictamente normativa, se trata de una violación del derecho internacional.
Este hecho genera incomodidad en quienes celebran el debilitamiento del chavismo, pero conserva plena relevancia analítica. El descrédito de la ONU o la selectividad en la aplicación de las normas no eliminan el problema del precedente. Cada intervención sin marco legal erosiona las reglas que luego se invocan para reprochar acciones similares de otras potencias.
Para regiones institucionalmente frágiles —como Centroamérica— estos precedentes adquieren una importancia estratégica. La erosión del orden normativo internacional afecta primero a los Estados débiles, no a las grandes potencias.
A ello se suma un problema interno en Estados Unidos que suele quedar fuera del debate regional: la progresiva concentración de poder en el Ejecutivo. La Constitución estadounidense reserva al Congreso la autorización de la guerra. Cada intervención ordenada sin ese aval consolida una deriva institucional que no debería normalizarse.
El análisis jurídico, sin embargo, no agota el problema.
El régimen de Nicolás Maduro carece de legitimidad por hechos verificables: fraude electoral, persecución política, anulación del Parlamento electo, cooptación del poder judicial y criminalización sistemática de la disidencia.
En ese contexto, la apelación a la “soberanía del pueblo venezolano” resulta engañosa. El pueblo no ejerce soberanía. Se encuentra sometido a una estructura de poder que gobierna sin consentimiento efectivo.
Defender al régimen o a sus fuerzas armadas en nombre de la soberanía equivale, en los hechos, a respaldar la continuidad de una casta político-militar que ha parasitado los recursos del país y provocado el éxodo de millones de personas.
La confusión entre soberanía y dominación ha sido una constante en la historia latinoamericana. Reproducirla impide comprender la naturaleza real del conflicto.
Llegados a este punto, el debate se desplaza del terreno normativo al dilema moral y político: cuando colisionan una intervención sin mandato y un régimen sin legitimidad, la pregunta central deja de ser quién tiene razón y pasa a ser cuál de los escenarios produce menos daño humano e institucional.
El mal menor y el límite moral del poder
Resulta razonable suponer que la intervención estadounidense responde a motivaciones geopolíticas: intereses estratégicos, reordenamiento regional y señales de poder. Reconocerlo no impide observar que, en determinadas circunstancias, el debilitamiento de una tiranía reduce su capacidad de oprimir, aun cuando ese efecto no constituya el objetivo principal.
La pregunta relevante no gira en torno a la virtud de los actores, sino al mal menor entre escenarios posibles: la continuidad de un régimen estructuralmente opresivo o una intervención ilegal que lo debilita.
Si la operación concluye de forma quirúrgica, con daños estrictamente militares y sin víctimas civiles, se abre una posibilidad de cambio. No garantiza libertad ni reconstrucción institucional. Pero la permanencia del régimen sí garantizaba opresión, miseria y exilio.
El chavismo no encarna una víctima soberana, sino una estructura de poder que destruyó deliberadamente las instituciones y convirtió al Estado en botín. Reconocerlo no equivale a legitimar la intervención ni a ignorar los riesgos del día después.
La advertencia es doble. Para Venezuela, el desafío real comienza con la reconstrucción institucional. Para la región, la lección es más amplia: desconfiar tanto de los autoritarismos que se blindan con discursos de soberanía como de las salidas de fuerza que prescinden de reglas.
Para quienes crecimos bajo un poder sin frenos, este dilema no es una abstracción moral. Es la memoria persistente de lo que ocurre cuando el límite llega siempre demasiado tarde.
