La justicia no debería seguir siendo ciega. Sin embargo, desde la antigüedad siempre se nos ha insistido con el cuento de que la justicia es ciega. La verdad es que en la actualidad y con tantos avances en todos los campos de las ciencias y las tecnologías, ya no se justifica que la justicia siga siendo ciega y, menos en un pequeñísimo país como Costa Rica, de escasísimos recursos económicos, en donde se permite la reelección de funcionarios judiciales hasta por 8 larguísimos años.
Renunciar a presidente y ser diputado no ocurre inmediatamente. De tal manera que también existirán obviamente varios meses sin inmunidad en donde la justicia podría ser eficiente. No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, el salario escolar, los pagos de más dizque por errores en las planillas del Ministerio de Educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin.
La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas si el TSE por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todos lo relativo a nuestros procesos electorales: no más reelección de diputados ni de ningún funcionario público, no más candidatos con doble postulación para presidente y para diputado, disminuir la cantidad de diputados, establecer y exigir más y mejores requisitos a los candidatos y a los partidos políticos, en fin.
No podemos seguir con los mismos procesos electorales de hace 200 años. Los procesos electorales tienen que proveer entre otras cosas, más y mejores políticos y funcionarios públicos, con más y mayores deseos de servir a la Patria. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas, si la Sala IV por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todo lo relativo a nuestra Constitución Política y las leyes en general: la interpretación única y correcta y las mejoras necesarias de artículos como los relativos a las convenciones colectivas y al 8% del PIB para financiar a la educación pública, por ejemplo. Ya hace varios años se permitió la innecesaria reelección presidencial, así que sí se puede modificar todo lo que sea necesario, para beneficio del Estado y de todos los demás costarricenses.