La privación de libertad es una pena; la vulneración de los derechos fundamentales no puede convertirse en parte de ella.
Observo con preocupación cómo, desde el propio Ministerio de Justicia, se realizan publicaciones y manifestaciones de sus jerarcas expresando descontento porque la Fiscalía General, los jueces de Ejecución de la Pena y la Defensoría de los Habitantes realizaron una visita a un centro penitenciario sin que, según indican, existiera una coordinación previa.
Más preocupante resulta escuchar al propio Ministro de Justicia señalar que estas actuaciones representan una defensa de las personas privadas de libertad y no de las víctimas de los delitos.
Considero que este discurso, lejos de contribuir a una discusión seria sobre nuestro sistema penitenciario, refleja una preocupante incomprensión de las obligaciones del Estado, de las potestades legales de las autoridades encargadas de fiscalizar la ejecución de las penas y, particularmente, del respeto que merecen los derechos fundamentales de toda persona.
Y lo más lamentable es que estas manifestaciones, provenientes precisamente de quienes deberían conocer y defender la legalidad, terminan alimentando un discurso ciudadano de rechazo hacia cualquier actuación destinada a verificar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad.
Entonces aparecen expresiones como: «¿Y cuándo se respetaron los derechos de las víctimas?», como si el sufrimiento de una víctima pudiera justificar que el Estado desconozca los derechos de quien cumple una condena.
Pero olvidamos algo fundamental.
Precisamente, cuando una persona se encuentra cumpliendo una pena de prisión impuesta mediante sentencia condenatoria, es porque el Estado, a través de un proceso judicial y con respeto al debido proceso, determinó su responsabilidad por la comisión de un delito. Esa condena constituye la respuesta jurídica frente al hecho delictivo y la afectación ocasionada a la víctima.
La justicia no necesita vulnerar derechos para demostrar que se ha hecho justicia.
Quien cumple una pena de prisión pierde su libertad ambulatoria y soporta aquellas restricciones de derechos que sean consecuencia legítima y necesaria de la condena y del régimen penitenciario. Pero no pierde su dignidad humana ni los demás derechos fundamentales que no hayan sido legalmente restringidos.
La prisión no es un espacio ajeno a la Constitución Política. Tampoco es un lugar donde las autoridades puedan decidir discrecionalmente cuáles derechos respetar y cuáles desconocer.
La pena debe cumplirse, ciertamente. Pero debe ejecutarse dentro de la legalidad, con respeto a la dignidad humana y bajo los controles que nuestro ordenamiento jurídico establece.
Por eso, cuando la Fiscalía General, los jueces de Ejecución de la Pena o la Defensoría de los Habitantes actúan dentro del ámbito de sus competencias para verificar las condiciones de un centro penitenciario, no están defendiendo la delincuencia ni desconociendo a las víctimas.
Están cumpliendo una función de control institucional que forma parte del Estado de derecho.
Y esa función no debería provocar molestia en quienes administran los centros penitenciarios. Por el contrario, debería ser recibida como una oportunidad para demostrar que las actuaciones de la Administración se ajustan a la ley.
Desde luego, toda inspección debe realizarse conforme a las competencias y procedimientos legalmente establecidos. Pero la ausencia de una coordinación previa, por sí sola, no convierte una actuación de fiscalización en ilegítima.
No podemos permitir que el discurso del populismo punitivo nos lleve a creer que respetar los derechos de una persona condenada significa irrespetar los derechos de su víctima.
Los derechos de las víctimas y los derechos de las personas privadas de libertad no son enemigos entre sí. Ambos merecen protección jurídica.
Las víctimas tienen derecho a la justicia, a la reparación que corresponda y a la protección del Estado. Las personas condenadas tienen la obligación de cumplir las penas impuestas, pero conservan el derecho a que estas se ejecuten de manera lícita y respetuosa de su dignidad.
Una cosa no excluye la otra.
Por eso, si desde el Ministerio de Justicia se sostiene que existen buenas prácticas penitenciarias, no debería existir temor ni descontento frente a las buenas prácticas de inspección y fiscalización penitenciaria.
Al contrario, quien afirma que cumple la ley debería ser el primer interesado en que ese cumplimiento pueda verificarse.
El respeto a los derechos fundamentales no puede depender de la popularidad de una persona, de la gravedad del delito cometido ni del sentimiento de rechazo que su conducta genere en la sociedad.
Porque los derechos fundamentales no existen únicamente para quienes nos agradan. Su verdadera importancia se demuestra, precisamente, cuando el Estado está obligado a respetarlos incluso frente a quienes han infringido la ley.
Una sociedad no demuestra su fortaleza castigando al margen de la ley, sino siendo capaz de hacer cumplir las penas sin renunciar a sus principios.
Y quienes ejercen autoridad pública deberían comprenderlo mejor que nadie.
La justicia se fortalece cuando se cumple la ley, no cuando se utiliza el sentimiento de las víctimas para justificar el desconocimiento de los derechos de otros.
