Propuesta para sustituir los partidos y mejorar la calidad del sistema electoral costarricense

En un artículo que escribí recientemente  me pregunté; ¿Si son necesarios en la actualidad los partidos políticos? concluyendo que los partidos ya no son necesarios, y que deberíamos pensar más bien,  en sustituirlos, crear otras alternativas o cuando menos ponerles competencia, pues dichas organizaciones ya no responden a las necesidades y realidades del siglo XXI, y porque hace rato que no están funcionando ni ejerciendo una intermediación  en favor de los intereses de la ciudadanía, razón por la cual la gente ya no vota por esas organizaciones, ni tampoco mantienen sus lealtades hacia ellos  como fue en el pasado. Por supuesto, entiendo que esas afirmaciones no hacen mucha gracia a quienes están en los partidos y siguen creyendo en ellos. Lo comprendo y lo respeto.

Eso es lo que me gusta de la democracia, que haya opiniones diversas,  y que con educación aprendamos a debatirlas y a respetarlas, en lugar de denigrar a los ciudadanos que no piensen como yo.

Muchos creen que si no hay partidos, no hay democracia, o sea, reducen la democracia a la existencia de partidos, aunque el mundo esté lleno de partidos antidemocráticos. Yo afirmo al contrario que si es posible la democracia sin tener partidos.

Como estoy habituado a contribuir con ideas, trataré en esta oportunidad de brindar algunos elementos, que podrían servir para  una propuesta que enriquezca la vida política electoral y democrática del país, sea tendiente a sustituir los partidos, o cuando menos a romper  el monopolio que tienen las organizaciones partidarias, para que los ciudadanos puedan alcanzar de modo directo puestos de representación.

La idea pasa porque los ciudadanos podamos elegir entre llevar al poder a alguien por medio de un partido, si éstos se mantuvieran, lo cual repito no lo veo necesario, o por medio de un movimiento u otra organización no partidaria, o más concretamente de modo directo por medio de  alguna persona, o algunas personas que tengan los atributos suficientes para representar a su pueblo.

Es evidente que  lo que propongo es disruptivo porque implica oxigenar el sistema vigente, un sistema que lo necesita, eso sí, con algunas condiciones destinadas a mejorar la confianza y la calidad de la representación,  y al mismo tiempo reforzar  la simbiosis y el reencuentro que debe existir entre sus representantes y la ciudadanía.

Algunas de las ideas planteadas  para el debate serían las siguientes:

Primero: Es necesario romper con el monopolio que tienen los partidos políticos para llegar a posiciones de representación. Hay que abrir más las posibilidades de participación fuera de los partidos, eso sí, responsablemente, para que muchos buenos costarricenses puedan someter sus nombres al electorado,  y  así poder representar a sus conciudadanos, sin que tengan que pasar por la burocracia, las estructuras, los intereses, y los problemas internos que exhiben los partidos. Hay ciudadanos con  grandes atributos que a nivel nacional, regional o cantonal  podrían ofrecer sus nombres al electorado, y que no lo hacen, porque no quieren inmiscuirse  en los laberintos de los partidos políticos, por ejemplo, en asambleas distritales, cantonales, provinciales, cuya voluntad luego se desconoce,  y además con los costos que ese calvario representa. Por otra parte,  la gente ha ido modificando  su visión electoral  votando  más por personas que por partidos.

Segundo: Es conveniente  que las organizaciones nacionales, regionales y locales, y, o movimientos  puedan igualmente postular representaciones sin que tengan que ser parte ni individual ni colectivamente de los partidos políticos. Así entonces, por ejemplo,  si en una comunidad hay organizaciones y personas que han demostrado servicio a sus conciudadanos, y  lo han hecho de modo ejemplar y desprendido y con  capacidad, esos colectivos legalmente organizados y personas podrían optar, por ejemplo para proponer y ser Alcaldes,  sin formar parte de un partido, cumpliendo desde luego  con las condiciones  exigidas para la inscripción electoral.

Tercero: Resulta eso sí  fundamental, que se establezcan condiciones taxativas  para la iniciativa de participación electoral tanto de los individuos, como de las organizaciones, sean éstas nacionales o locales. Ello tiene que ser así para garantizar que solo puedan optar por candidaturas aquellos  ciudadanos, movimientos y  organizaciones que tengan  las condiciones, calidades  y atributos para representar los intereses de los electores. Si se mantuvieran los partidos, éstos  tendrían también que someterse a las nuevas condiciones.

Cuarto: Debería establecerse un filtro no solo cualitativo, sino también cuantitativo, a saber,  que los aspirantes a la Presidencia de la República, por ejemplo, tengan que cumplir con la presentación ante el Organismo Electoral de un respaldo de  un 8% del padrón electoral nacional. Si fuese para el cargo de Alcalde debería ser  al menos un 10  % del padrón electoral cantonal. Para las diputaciones las candidaturas deberán demostrar un respaldo de un 8 % de los electores de la Provincia. Ese respaldo demostrará que quienes aspiren tengan un apoyo importante de una ciudadanía que los promueve, y que su aspiración  no sea un mero capricho personal o de un grupo reducido de interés. Esa condición pretende  evitar una excesiva fragmentación en la   presentación de postulaciones. En todo caso los porcentajes aquí referidos,  deben de servir para que sean valorados por el organismo especializado que es el Tribunal Supremo de Elecciones.

Quinto: Quienes aspiren tienen que demostrar para  inscribir su candidatura,  aparte de los requisitos de edad, que no tienen condenatorias penales de ningún tipo, que no tienen deudas con la Hacienda Pública, ni con la Seguridad Social.

Sexto: Los aspirantes presidenciales tendrían que presentar formalmente a los electores para poder inscribirse,  su  equipo de trabajo con representación de género, con su hoja de vida respectiva, contemplando también lo estipulado en el punto quinto anterior. Ese equipo de trabajo será presentado al electorado por medio del TSE como condición esencial para que formalmente la inscripción sea aceptada.  Con este procedimiento se busca que los electores tengan conocimiento previo y valoren las cualidades y potenciales capacidades de los equipos de trabajo, y así se puedan evitar las sorpresas en las conformaciones de gobierno. Todos sabemos que hemos tenido  liderazgos  que no han contado con  recursos humanos suficientes  para asumir funciones en gobierno, ni menos han tenido una visión compartida del trabajo que deben realizar.

Sétimo: Los aspirantes tendrán además que acompañar su solicitud de inscripción  con una agenda concreta de trabajo,  indicando en qué consiste cada proyecto contemplado en dicha agenda, cómo pretendería realizarlo, cómo se financiaría,  y en qué plazo se ejecutaría.  Eso permitiría al elector conocer y considerar de antemano, cuáles son las  propuestas de cada candidatura, así como valorar y comparar las diversas ofertas electorales. Se reforzaría así  la idea que haya más política de lo concreto.  Se sustituirían los planes de gobierno que no los leen ni los candidatos, menos los electores, por una agenda de trabajo más concreta  y determinativa, donde la hoja de ruta se exprese más bien por medio de los proyectos, en vez de las  generalizaciones inocuas  y abstractas contenidas en los planes de gobierno.

Octavo: Todas las solicitudes de inscripción tendrán que presentar fehacientemente un presupuesto de campaña, con los ítems correspondientes, indicando con absoluta claridad la fuente de financiamiento  que demuestre que es legítima y legal,  es decir con fondos lícitos, como se exige hoy en los contratos onerosos entre partes.  Si en el proceso electoral se contraviniera la exigencia de transparencia y licitud del financiamiento, el Órgano Electoral mediante resolución razonada, excluirá de las elecciones  la candidatura que incumpla la normativa. No obstante indico,  que siempre he creído que lo  ideal sería que solo existiera el financiamiento público,  con prohibición absoluta de las contribuciones privadas. En todo caso cualquiera que sea el modelo de financiamiento, es esencial una regulación bien detallada.

Noveno: El Tribunal Supremo de Elecciones será el encargado de ejercer el filtro de las candidaturas,  velando que las solicitudes de inscripción se apeguen  estrictamente a las condiciones y a la normativa, y procediendo a validar y aprobar solamente aquellas  que cumplan con las condiciones establecidas,  para que puedan participar en el proceso electoral sea nacional o cantonal. El TSE se encargará igualmente de que haya equidad  en la publicidad y en la propaganda de los contendientes.

Décimo: Cada candidatura que logre aprobar la solicitud de inscripción, deberá firmar un documento público redactado por el TSE de compromiso con la ética y  con el ejercicio honesto y transparente del uso  las redes sociales, tanto durante el proceso electoral, como durante el  periodo que ejerza su mandato para el cual fue electo.  Hay que garantizar al máximo, con motivo especialmente del uso distorsionado de la verdad, de las mentiras, de las post verdades, de inteligencia artificial que reproduce mentiras, voces, imágenes, hechos, como si fuesen reales y verdaderos, que tales prácticas no van a ser usadas por los aspirantes, so pena de que se deje sin efecto las candidaturas que incumplan con ese compromiso. Hay que sanear la democracia enfrentando el uso perverso de las tecnologías de las comunicaciones.

Décimo Primero: Hay que establecer la obligatoriedad del TSE para que  en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir  de la declaratoria de los ciudadanos electos, lleve a cabo un seminario de formación y capacitación de alto nivel para todos los elegidos en diferentes organismos de representación, relacionado con las normas, valores y principios que rigen la administración y la gestión pública. Esta obligatoriedad que parece obvia,  es necesaria a la luz del desconocimiento que muchos costarricenses electos han demostrado de la normativa pública en la cual van a ejercer sus funciones. Algunos ni siquiera han leído ni conocen la Constitución Política,   la cual  juran  respetar  cuando se les toma el juramento constitucional al momento de empezar sus funciones.

En conclusión, estoy convencido  que  una democracia puede funcionar sin  partidos políticos, o cuando menos en competencia respecto de  esas organizaciones. Los partidos han sido herramientas de la democracia electoral, pero no implica que su ausencia vacíe el contenido de la democracia. Como los partidos están tan desprestigiados y no funcionan bien, y ya no son atractivos, ni aparecen tan  deseables en el escaparate  del mercado político, los mismos pueden ser relevados  por un esquema diferente, donde los ciudadanos directamente,  entre otras opciones,  puedan aspirar  por medio de un sistema distinto, que permita mejorar la calidad y la cantidad  de los aspirantes, eso sí con los filtros antes indicados,   que garanticen previamente al elector el conocimiento de las capacidades, atributos y calidades de sus potenciales  representantes.

Obviamente estas modestas ideas requieren ser organizadas en un planteamiento de reforma constitucional y legal para que puedan aprobarse y  ponerse en vigencia. Responden  a la visión que tengo,  de  una organización distinta del sistema político y administrativo del país  como lo propuse años atrás, en uno de mis libros llamado: “Organizar el país de manera diferente”. Es importante entender que  el código electoral vigente es del año 1946 con reformas  que mezclan en sus  contenidos la organización electoral con el régimen de partidos políticos.

La implementación de ésta propuesta no es fácil porque representa un cambio de paradigma. La verdad es que estamos tan acostumbrados al traje apolillado de los partidos, que deshacernos de esa vestimenta nos da horror.

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