A los partidos constitucionalmente se les considera pluralistas, democráticos, indispensables para la participación política y formación de la voluntad del pueblo; además, son la única vía para postular candidaturas y competir por puestos de elección popular. Este monopolio es conocido como partidocracia.
Esas entidades ciudadanas de derecho público alguna vez fueron instituciones legítimas de representación, centros respetables de pensamiento, formación y ejercicio político que agregaban intereses de la gente, y mediaban ante el Estado canalizándolos en procura de satisfacer sus necesidades.
Hoy, los viejos partidos se hunden en una crisis de la que parece no haber retorno, afectando la calidad de la representación en un contexto multipartidario y fragmentado, que no genera gobernabilidad ni gobernanza democrática. Tal crisis no es nueva -aunque bien disimulada- ha sido explicada, por ejemplo, desde la ciencia política, y ahora también ha permeado a la ciudadanía.
La reciente encuesta del CIEP (2025) lo confirma: un contundente 87% de las personas consultadas dijo no tener ni sentir simpatía por los partidos, subiendo 2% respecto a la encuesta de noviembre de 2024, cuando la lastimera cifra fue 85%. En esa consulta se realizaron 1001 entrevistas telefónicas a ciudadanos, del 24 al 27 de marzo, con un nivel de confianza de 95%. Disponible en: ciep.ucr.ac.cr.
Además de tan exorbitante antipatía partidaria que roza el hartazgo, encontró el CIEP que empeoró la que era una pésima calificación a esas “instituciones”, pues bajó de 3.7 a 3.6 puntos en una escala de 1 a 10. Estos pobres resultados del añoso sistema partidista han tenido la complicidad de operadores políticos que, soslayando los airados avisos institucionales y ciudadanos, solo han impulsado y aprobado cambios políticos marginales.
Ciertamente, la reforma electoral siempre es inacabada, como también lo es la democracia en tanto proyecto social, sin embargo, no pasa inadvertida la cada vez más grande deuda legislativa para atender la crisis de los partidos, que nada abona a la consolidación democrática que a duras penas se sostiene.
El magro aprecio por esas agrupaciones dista mucho de la calificación que las mismas personas encuestadas asignaron, por ejemplo, al Ejecutivo que en su tercer año regresó al 54%, muy superior a las negativas valoraciones ciudadanas de algunos predecesores cuando cumplieron tres años de gobierno; véanse los siguientes datos del CIEP.
Para el mandato 2010-2014, en la encuesta de abril de 2017, el 65.60% valoró la gestión de mala y muy mala. En la administración 2014-2018, halló el CIEP en julio de 2017, que solo un 37.16% de la ciudadanía la consideró como buena y muy buena, y en el gobierno 2018-2022 la calificación de bueno y muy bueno en abril de 2021 fue apenas 25%. Disponible en: ciep.ucr.ac.cr.
Pasa y no solo en Costa Rica, que la gente comenzó a preferir personas (liderazgos) y propuestas creíbles, sobre partidos, banderas y “jingles”; es más exigente con las instituciones porque mayoritariamente percibe -y con razón- que le han fallado o han sido deficientes en las respuestas. Es decir, el voto por las candidaturas de los partidos no se considera correspondido, y algunas autoridades electas hasta traicionan con su pobre desempeño el aliento ciudadano.
Así, el pueblo ha venido acumulando demandas insatisfechas por un déficit de calidad de la representación, que causa a su vez una débil generación de políticas públicas, en especial las que para su implementación requieren conformidad legislativa, cuya inercia consume las escazas reservas de legitimidad institucional.
La percepción ciudadana es realidad, pero no para las agrupaciones partidistas que siguen siendo estrellas jurídicas y formales de la vida electoral, pues sin mayores consecuencias se reproducen de comicio en comicio, como si la constitución y renovación de sus estructuras fueran procesos sencillos y baratos, y tuvieran asegurado el éxito suficiente para al menos acceder a deuda política.
Es discutible si Costa Rica como democracia consolidada -aunque menos funcional- tiene todos los partidos que se merece o necesita, pero es innegable que su sistema debe remozarse desde los fundamentos, y quizá un “patriótico Legislativo” 2026-2030, comience valorando ideas en esta materia como las que siguen:
- Crear unidades homogéneas (por territorio, población, cultura y desarrollo), para la elección de diputaciones y distribuir mejor la representación.
- Eliminar las listas partidarias cerradas para elegir esos cargos, habilitándose el voto preferente y las candidaturas independientes.
- Establecer reglas claras y fuertes sobre cancelación de la inscripción de partidos, y el transfuguismo político.
- Regulación del acceso gratuito de las candidaturas a radio y televisión durante 30 días de la larga campaña -que puede reducirse a 3 meses- ya que algunos medios hace rato pagan una ganga por el espectro radioeléctrico que le pertenece al pueblo. ¿Se oirán en 2026 esas y otras ideas transformadoras?
