En aviación, hay situaciones críticas que todo piloto procura siempre evitar, uno de ellos es la entrada en “stall” o “entrada en pérdida”, el cual consiste en la deficiencia de fuerza aerodinámica de una aeronave y que precipita su caída. Se trata de un fenómeno de la física que ocurre cuando el ala supera su ángulo de ataque máximo y deja de producir la sustentación necesaria para mantener la aeronave en vuelo. Para evitar la entrada del avión en “stall”, el piloto debe conocer las condiciones y capacidades máximas de la aeronave, reconocer las señales de advertencia del SWH y actuar oportunamente bajando la nariz del avión y aumentando la potencia para recuperar las condiciones aerodinámicas para continuar el vuelo.
Esta situación sirve como una analogía sobre la situación actual del desarrollo de la industria aeronáutica costarricense. Así como una aeronave debe mantener sus condiciones aerodinámicas para conservar la sustentación y mantenerse en el aire, un país necesita condiciones sanas e instituciones y regulaciones modernas para conservar su competitividad y su progreso. El riesgo aparece cuando la industria avanza, incorpora nuevas tecnologías, desarrolla nuevos modelos de negocio, abre oportunidades de inversión, mientras que las disposiciones jurídicas que deberían acompañar ese crecimiento permanecen rezagadas. Es entonces cuando comienza a ampliarse la distancia entre las necesidades del sector y la capacidad de respuesta del Estado, es ahí cuando podemos decir que entramos en “STALL”.
Costa Rica cuenta con una Ley General de Aviación Civil desde 1973, y que, –aunque en su momento, fue un marco regulatorio muy completo–, resulta hoy indispensablemente necesario revisar si su estructura, sus mecanismos y sus disposiciones responden a las exigencias de la aviación contemporánea y futura. La industria aeronáutica ya no es la misma de hace 53 años. Hoy hablamos de sistemas de navegación satelital, inteligencia artificial, vehículos aéreos no tripulados, propulsión eléctrica, propulsión con hidrógeno y la utilización de nuevos combustibles sostenibles. A esto, se suman nuevas oportunidades en manufactura, mantenimiento, ingeniería, logística y formación de pilotos.
Pretender desarrollar estas actividades con estructuras regulatorias que no evolucionen al mismo ritmo que la industria supone correr el riesgo de perder oportunidades de inversión, innovación y generación de empleo. Mientras otros países de la región, demuestran que existen alternativas, como Panamá que modernizó toda la organización de su autoridad aeronáutica, la AAC, y ha aprovechado su posición geográfica para consolidar al Aeropuerto de Tocumen como un importante centro de conexión internacional; Colombia que ha avanzado en la diversificación de sus actividades con aviación no tripulada, incluyendo la regulación de drones, y Brasil que ha fortalecido su estructura institucional mediante una autoridad aeronáutica con mecanismos de inversión privada en infraestructura aeroportuaria; nuestro país continúa administrando el sector aeronáutico con leyes de hace 53 años.
Pero aún una posibilidad de retomar el rumbo, Costa Rica también está a tiempo de construir su propio modelo, pero para esto, necesita revisar la integración y las competencias de sus autoridades aeronáuticas (el CETAC y la DGAC) fortaleciendo el conocimiento técnico en la toma de decisiones de sus miembros, simplificando procedimientos administrativos y estableciendo condiciones que faciliten la llegada de nuevas empresas e inversionistas.
En los últimos cincuenta años la aviación ha dejado de ser solo un medio de transporte para convertirse en una industria estratégica que impulsa el comercio internacional, el turismo, la innovación tecnológica y la generación de empleo. Es por esto que Costa Rica tiene ante sí una oportunidad invaluable, modernizar su legislación en materia aeronáutica para responder a las exigencias de una industria que evoluciona constantemente. Costa Rica no puede permanecer al margen de esta transformación. Nuestra ubicación geográfica, estabilidad institucional y apertura comercial nos representan ventajas que podrían aprovecharse para desarrollar una industria aeronáutica más competitiva, diversificada e incluso –¿por qué no? – ejemplar.
En Costa Rica, debe abrirse espacio para nuevas modalidades de operación, como los sistemas de aeronaves no tripuladas, tecnologías de propulsión alternativa e investigación aeronáutica. Todo esto, acompañado de una política aérea, puede permitir que se aproveche mejor el potencial de los aeródromos regionales y convertirlos en instrumentos de desarrollo económico.
Los beneficios pueden trascender ampliamente al sector, se generarían empleos, transferencia tecnológica, fomento de las carreras en aeronáutica, mejora de las condiciones para el transporte aéreo de mercancías y pasajeros. Además, permitiría vincular la aviación con otros sectores productivos, como el turismo, la industria manufacturera y servicios tecnológicos, atrayendo empresas como Safran de Francia, StandardAero de Canadá o ST Engineering Aerospace de Singapur. Todas estas empresas dedicadas a mantenimiento de motores y sistemas de vuelo, y fabricación de componentes para aeronaves han realizado inversiones considerables para establecer plantas y centros de operación.
La pregunta que debemos plantearnos es ¿por qué Costa Rica, con sus condiciones geográficas, económicas e institucionales, no podría aspirar a convertirse en un referente regional en determinados segmentos de la industria aeronáutica? Costa Rica necesita una política aeronáutica que no se limite a administrar el presente, sino que tenga la capacidad de anticipar el futuro.Una legislación moderna puede convertirse en el punto de partida para atraer nuevas inversiones, desarrollar talento nacional y abrir oportunidades económicas que hoy permanecen desaprovechadas.
La aviación del futuro no esperará a que los países estén preparados. Aquellos que construyan desde ahora las condiciones jurídicas, institucionales y económicas necesarias estarán mejor posicionados para aprovechar sus oportunidades. No se trata únicamente de reformar una ley de más de medio siglo solo por cumplir con el trámite; se trata también de definir qué lugar quiere ocupar Costa Rica en la industria aeronáutica del siglo XXI. Porque una nación que aspira a competir internacionalmente también debe aprender a mirar hacia el cielo.