Me dirijo por este medio a la opinión pública y a los miembros del primer Poder de la República, para compartir la muy seria preocupación que tenemos todos los alcaldes, alcaldesas y autoridades locales por la difícil situación que enfrentamos las municipalidades del país.
La crisis sanitaria nos ha obligado a redoblar esfuerzos en muchos campos, sobre todo en los servicios de aseo público, las labores de las policías municipales que han tenido que extender sus horarios de trabajo para atender las múltiples demandas que la emergencia requiere. De igual forma, se han activado programas de asistencia social para apoyar a los sectores más vulnerables de nuestros cantones. Los gobiernos locales nos hemos convertido en actores vitales en esta crisis y el aporte es innegable.
Sin embargo la situación financiera es realmente crítica para todas las municipalidades del país, ya que los ingresos se han reducido drásticamente y la aplicación de algunas normas presupuestarias – en especial la Regla Fiscal- amenazan el buen funcionamiento de los ayuntamientos y en no pocos casos se esperan escenarios de colapso financiero de estas instituciones tan importantes para nuestra sociedad.
En el caso específico de la Municipalidad de San José, de no aprobarse el Proyecto de “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTION FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL COCID-19” (Ley 21922), nos veríamos obligados a iniciar una reducción de la planilla en los próximos meses. Estimamos que en el mes de julio, tendríamos que prescindir de al menos 300 trabajadores de las áreas operativas; si sumamos el mismo fenómeno en otros municipios estaríamos agravando el creciente desempleo y profundizando la crisis económica y humana que ha sido provocada por la pandemia. La situación nos obligaría también, a partir de mayo, a suspender algunos servicios privados en barrido de calles y recolección de residuos sólidos que no podrán ser cubiertos por la propia municipalidad. Además se tendría que suspender de inmediato el pago de horas extras en servicios tan importantes como la Policía Municipal.
La aplicación de la Regla Fiscal a las municipalidades ha sido un grave error que se cometió cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Las municipalidades no son, en nada responsables del déficit fiscal ya que la mayor parte de sus ingresos son propios y los que vienen del Gobierno tienen un destino específico en su gran mayoría para gastos de capital, como lo son los destinados al mantenimiento de la red vial.
Es equivocada la posición de la Contraloría General de la República, en oponerse a que se excluya a los ayuntamientos de la Regla Fiscal. El debilitamiento que van a tener los municipios, si no se cambia esta ley, tendrá gravísimas consecuencias para todas las comunidades del país.
Muchos diputados, de diversas fracciones, han reconocido el error de haber incluido a las municipalidades en la aplicación de la Regla Fiscal. Por ende, no entendemos por qué ha costado tanto la tramitación y aprobación del mencionado Proyecto de Ley, ya convocado por el Poder Ejecutivo. Sobre todo, si tomamos en cuenta que este proyecto no solo busca la estabilidad financiera de las municipalidades, sino que, también contiene una serie de medidas para facilitarle a los contribuyentes el pago de los servicios y tributos municipales en este periodo de crisis.
No perdemos las esperanza de que los señores diputados actúen con responsabilidad y eviten, lo que de seguro será un descalabro para una de las instituciones que más están contribuyendo en esta Emergencia Sanitaria y que más están ayudando al progreso de nuestros cantones: las municipalidades.
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