Las libertades de pensamiento y expresión están recogidas en el artículo 13 de la Convención Americana y sustentan el derecho a la libertad informativa, cuyo ejercicio permite a los medios de comunicación articular la realidad sociopolítica para formar la opinión pública, nada exenta de contaminantes como la falsedad y violencia. Dicha libertad a su vez promueve la deliberación y participación democrática en los asuntos socialmente relevantes.
Esa relevancia la han definido tales medios según la prioridad atribuida a algunos de los temas que componen su agenda informativa, construida a partir de la indicada articulación, así como de intereses económicos y políticos, que deberían de ser más claros en el relacionamiento con ciertas élites que no son ajenas a la política.
La Sala Cuarta en la resolución N° 3074-2002, señaló que la facultad de recibir información ha de “… referirse a hechos con trascendencia pública y ser conformes con la realidad, asequible por igual a todos, debiendo referirse a hechos relevantes cuyo conocimiento esté dirigido a formar opinión y a fomentar la participación del ciudadano…”. (Resaltados propios).
Así, la comunicación social producida por empresas y personas es consustancial a la funcionalidad democrática. Su poder fáctico se manifiesta en la incidencia sobre el curso de los acontecimientos y la opinión pública (¿publicada?), de ahí que como lo reafirmó el Tribunal Constitucional en la aludida sentencia, es “…requisito esencial que la información sea completa y veraz…”. (Resaltados propios).
Es decir, existe una responsabilidad moral y social de los medios de comunicación frente al escrupuloso manejo que han de hacer de la información, por su rol de intermediarios entre los hechos noticiosos y sus públicos. Por ejemplo, configuran la influencia sobre el accionar de los gobiernos y el de la oposición a ellos, principalmente desde la poco fértil arena del Poder Legislativo. La comunicación digital tampoco escapa a ese compromiso de informar, diseminar y compartir contenidos en las redes y plataformas que favorezcan una ciudadanía alfabetizada, activa, crítica y responsable.
Pasa que la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en su Congreso Mundial N°30 de 2019, adoptó la Carta de Ética para Periodistas declarando que su principal obligación es “…respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla…”. (Resaltados propios). Entonces, para ser más creíbles, leídos, vistos y escuchados, los medios de comunicación podrían revisar mejor su balance y fobias, para satisfacer aquel derecho humano a información verificada, cierta e imparcial.
Desafortunadamente en Costa Rica la percepción ciudadana apunta a la poca independencia editorial, al débil rigor y sesgo informativo y a la preponderancia de intereses empresariales y políticos sobre los periodísticos, que acaban erosionando el debate público, la participación política y electoral. Los resultados de la I Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación, a cargo del PROLEDI y el CIEP de la Universidad de Costa Rica -de apenas hace un año- son poco alentadores en el eje confianza en medios y periodistas.
En efecto, el 67.41% en promedio de las personas adultas entrevistadas (hombres y mujeres de diferentes edades y nivel educativo del país) respondió NO confiar en los medios de comunicación, el 38.59% tampoco confía en los comunicadores de esos medios; y, ante la pregunta del nombre de la persona periodista con más credibilidad, el 56.8% dijeron no tener ninguno.
Al complementar estos hallazgos con algunos del eje hábitos de consumo de contenidos, resulta que la mayoría de personas prefiere invertir su tiempo en entretenimiento, sucesos y deportes, utilizando recursos audiovisuales de plataformas “streaming” y televisivos; esto, por el poco interés de leer en soportes digitales y menos físicos. Los noticieros en radio tampoco son frecuentemente oídos.
Es decir, algunos medios no solo tienen evidentes problemas reputacionales, sino que también sus desactualizados contenidos o las maneras de presentarlos dejaron de ser atractivos. Así, ante la consulta sobre la frecuencia de su oferta temática, un 57% respondió que las noticias difundidas benefician a grupos económicos específicos, y 53% piensa que favorecen a determinados partidos políticos.
De acuerdo con el estudio, tal “descubrimiento” explica en parte las razones de las personas para evadir las noticias, siendo desconcertantes estas de mayor peso: desconfianza (21.8%), por salud mental (15.7%), amarillismo (12.1%) y negativismo el 11%. Ahora, la TV sigue siendo el medio que más se utiliza para informarse sobre el acontecer nacional, pero sus niveles de confianza son seriamente bajos.
Considerando dicha encuesta, los medios de comunicación enfrentan enormes desafíos, algunos han de recobrar el prestigio que tuvieron, revisar sus prioridades y agenda según el derecho humano a recibir información comprobada y veraz, así como el de rectificación frente al error e inexactitud por decir lo menos. También, están llamados a examinar la preminencia empresarial y política, pues no pocos medios abandonan su misión por la militancia y beligerancia partidista, que distorsiona la deliberación democrática que precisamente están llamados a construir y fortalecer.
