En una sociedad democrática, la ciudadanía tiene derechos legales, políticos y sociales. Una de las más importantes características de un proceso democrático consiste en que las personas puedan expresar libremente sus preferencias por las decisiones que afectan su propia vida y el futuro de su sociedad.
Además de la libertad de expresión, la democracia se basa en la expectativa de la ciudadanía a que sus opiniones tengan la posibilidad de influir, de manera real y efectiva, en la toma de las decisiones que mejor sirvan a los intereses de la población.
El Estado costarricense actual es resultado de la participación política de sus habitantes, quienes han forjado el modelo de una sociedad orientada en valores de justicia y solidaridad, al servicio de una mejor distribución de la riqueza y un aumento del bienestar social.
Nuestra sociedad se encuentra dividida en torno al expediente 20.580 que tramita la Asamblea Legislativa con el título “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, al punto de perfilarse posiciones en apariencia irreconciliables entre diferentes sectores. Esta circunstancia demanda renovados esfuerzos por encontrar el camino del diálogo y la negociación, en el marco de nuestras tradiciones políticas.
Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para evitar una confrontación que desgarre a la nación costarricense. Con ese propósito en la mira, tan inaceptable es argumentar que las instancias del diálogo se han agotado como postular que, en virtud de la perentoriedad de una reforma fiscal, ya expiró el tiempo para lograr una legislación tributaria más justa, equitativa y progresiva.
En la búsqueda de la justicia tributaria, no debemos claudicar ante la urgencia, pero tampoco caer en la indefinida postergación de decisiones necesarias. Es un equilibrio difícil, pero no imposible de lograr.
Estamos obligados como nación a encontrar la forma de superar nuestras divergencias, por muy grandes que ellas sean. Costa Rica cuenta con instancias y espacios, maduros políticamente, para resolver las disputas propias de una sociedad democrática.
No podemos renunciar a instituciones y mecanismos de resolución de conflictos que forman parte de nuestras conquistas sociales.
Tampoco debemos declarar obsoleto ni difamar un régimen de bienestar que se construyó en la segunda mitad del siglo XX y consolidó un modelo de incorporación social que, si bien requiere de mejoras, efectuadas con sensatez y cautela, no ha perdido su vigencia.
Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, a los siete días del mes de septiembre de 2018.
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