Hay victorias profesionales que, lejos de producir satisfacción, dejan una sensación de inquietud. Hace algunos meses obtuve una absolución en un proceso penal y, al terminar el juicio, la sensación que me acompañó no fue que la defensa había sido exitosa, sino otra mucho más incómoda, una pregunta: ¿estamos utilizando correctamente la capacidad del Estado para perseguir el delito?
La inquietud surgió a partir de un caso relativamente sencillo.
Un joven universitario de dieciocho años, consumidor habitual de cannabis, fue detenido cuando regresaba a su casa después de adquirir una cantidad que, según sostuvo desde el primer momento y logró acreditarse durante el juicio, estaba destinada a su consumo personal. El Ministerio Público impulsó un proceso por transporte de drogas. Incluso antes del debate se le ofreció aceptar una condena mediante un procedimiento abreviado. Rechazó esa posibilidad porque insistía en algo muy simple: no era narcotraficante.
El juicio terminó con una sentencia absolutoria.
Hasta ahí podría contarse una historia más sobre un proceso penal. Sin embargo, lo realmente importante no fue el resultado, sino todo lo que ocurrió antes de llegar a él.
Durante meses intervinieron policías, fiscales, defensores, jueces, personal administrativo y recursos públicos para investigar, acusar y juzgar a un consumidor. Todo ello ocurrió en un momento en que Costa Rica enfrenta una expansión sin precedentes del crimen organizado, un incremento sostenido de los homicidios y organizaciones criminales que han demostrado una capacidad creciente para disputar territorios, infiltrar economías locales y desafiar al propio Estado, prueba de ello la reforma constitucional sobre extradición de nacionales.
Escribo estas líneas con el profundo respeto que sigo teniendo por el Ministerio Público. Formé parte de esa institución durante varios años y conozco el compromiso con el que trabajan fiscales, investigadores y policías judiciales. Precisamente por eso sé que uno de sus mayores desafíos no es la falta de voluntad, sino la escasez de recursos.
Y cuando los recursos son limitados, la política criminal consiste, inevitablemente, en elegir.
Elegir qué fenómenos deben recibir mayor atención. Elegir dónde concentrar investigadores especializados. Elegir qué casos justifican dedicar meses de trabajo y cuáles pueden abordarse mediante respuestas diferentes al Derecho Penal.
No existe ningún sistema de justicia capaz de perseguirlo todo. TODO NO SE PUEDE como suele decir el psicoanalista Gabriel Rolón.
Cada expediente consume tiempo, personal y presupuesto. Cada investigación que se abre implica otra que deberá esperar. Esa realidad obliga a establecer prioridades, aunque pocas veces estemos dispuestos a discutirlas abiertamente.
Por eso el caso de aquel joven plantea una pregunta que trasciende completamente al cannabis.
¿Estamos dirigiendo nuestros esfuerzos hacia las conductas que hoy representan el mayor riesgo para la seguridad del país?
No se trata de afirmar que el consumo de drogas sea deseable ni de desconocer los problemas de salud pública que genera. Tampoco de proponer que toda conducta relacionada con estas sustancias deba quedar impune.
La discusión es mucho más amplia.
Mientras buena parte de la capacidad institucional se destina a perseguir consumidores o casos de escaso impacto sobre las estructuras criminales, las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan fortaleciendo sus redes de distribución, diversificando sus fuentes de financiamiento y aumentando la violencia con la que operan.
Ninguna política criminal puede evaluarse únicamente por el número de causas que tramita o por la cantidad de acusaciones que presenta. Su verdadero éxito debería medirse por su capacidad para reducir los fenómenos que más afectan a la sociedad.
Y es ahí donde vale la pena abrir un debate que, con frecuencia, evitamos.
¿Tiene sentido seguir destinando recursos limitados a perseguir conductas cuyo impacto sobre el crimen organizado es marginal, mientras las organizaciones criminales incrementan su poder económico y territorial?
Muchos países han replanteado esa discusión desde distintas perspectivas. Algunos modificaron sus marcos regulatorios respecto del cannabis; otros redefinieron sus criterios de persecución penal sin alterar la legislación sustantiva. Las soluciones pueden ser diferentes. Lo que no parece razonable es actuar como si la discusión no existiera.
Costa Rica necesita una política criminal capaz de distinguir entre aquello que genera una verdadera amenaza para la seguridad colectiva y aquello que, aun siendo jurídicamente reprochable, no debería absorber una parte significativa de la limitada capacidad del sistema penal.
Como exfiscal, me resulta imposible no valorar el esfuerzo diario de quienes integran el Ministerio Público. Precisamente por ese respeto considero que la mejor forma de fortalecer la institución no es exigirle que persiga todo, sino permitirle concentrarse en aquello para lo que fue concebida: investigar y llevar ante los tribunales a quienes realmente ponen en riesgo la paz social.
El caso de aquel joven terminó con una absolución.
La discusión sobre las prioridades de nuestra política criminal sigue esperando una sentencia.
