La Guerra contra las drogas, que se puede rastrear desde el gobierno de Richard Nixon hasta la actualidad, se perdió hace mucho. Podemos decir incluso que se perdió desde que inició cuando, a causa de sus creencias políticas y religiosas, Nixon obvio el informe de la “Comisión Shafer” la cual concluyó que no había una conexión entre el cannabis y otros tipos de criminalidad. Esta guerra se incrementó durante la década de los 80 cuando, durante una fuerte crisis económica, la cocaína, marihuana y heroína producida en Colombia y México se convirtió en un potente mercado en los Estados Unidos.
Según datos aportados por el politólogo mexicano Rubén Aguilar, para el año 2015 las ganancias por concepto de narcotráfico ascendían a los 322 000 millones de dólares por año y de esas cantidades sólo el 24% se quedaba en los países productores, mientras el otro 76% en los países consumidores.
La violencia a causa del narcotráfico en Costa Rica es un fenómeno que, si bien no ha sido profundamente estudiado, es claro que aumenta día con día y mientras hace 5 o 10 años hablábamos de ajusticiamientos violentos en Honduras, Guatemala o El Salvador hoy esos ajusticiamientos violentos se ven todos los días en nuestro país, muchos de ellos en zonas céntricas y a plena luz del día.
Además, no sólo la guerra contra el narcotráfico se perdió sino también contra el consumo desmedido de muchas sustancias y que las mismas políticas de ilegalidad han provocado que el consumidor en lugar de recibir una atención especializada cómo sucede en Portugal (Psicólogos, abogados y profesionales de distintas ramas sociales) se le estigmatiza como un delincuente provocando que buscar ayuda sea más difícil.
La legalización de la marihuana (como primer paso) es necesaria pero no puede darse a partir de una legislación que vea la marihuana como producto de mercado sino una legislación que permita al estado controlar la distribución y venta de esta para que aquellos que hoy trafican no tengan la posibilidad de hacerlo “legalmente”. También hace falta la legislación en pro del autocultivo que permita al consumidor un acceso fácil y seguro a la planta, tanto para uso recreacional como medicinal.
La legalización del cannabis también trae beneficios sociales y económicos porque corta los exorbitantes ingresos que genera la ilegalidad (para el 2015 se estima que esos ingresos significaban 140 000 millones de dólares), se volvería una actividad transparente y generaría ganancias al estado. También disminuirían los costos sociales colaterales como el robo, la extorsión y la prostitución.
En temas de seguridad, se podrían liberar recursos que hoy se usan para la persecución y se podrían invertir en salud y educación, sobretodo en zonas más golpeadas por el consumo de drogas en donde demos un paso hacía educar y ayudar al consumidor en lugar de estigmatizarlos. Utilizar recursos, como se hace actualmente, para decomisar pequeñas cantidades en las calles no es más que un desperdicio de recurso económico y humano ya que no se ataca el problema central que es el narcotráfico. En el caso de la salud podríamos utilizar para el trato de adicciones y para el estudio y elaboración de medicamentos generados con el cannabis y que se puede promover a pacientes de distintas enfermedades.
La discusión se ha intentado poner sobre la mesa, pero los sectores más conservadores se han negado, a veces pareciera más por interés personal que por otra cosa, a siquiera discutirlo. Las sustancias psicoactivas están presentes y la guerra contra las drogas se perdió, por tanto, es momento de dar una discusión objetiva a este problema y encontrar una solución real que tome en cuenta los aspectos legales, de salud y de educación que este tema merece.
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