Como docente durante muchos años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, he tenido el privilegio de ser testigo de uno de los procesos más nobles y transformadores que puede ofrecer una sociedad: el acceso a la educación pública de calidad. A lo largo de este tiempo, he visto cómo la educación no solo abre puertas al crecimiento personal e intelectual de quienes la reciben, sino que también contribuye, de forma decisiva, al desarrollo de nuestro país en todas sus esferas.
La educación pública es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho costarricense. Es una herramienta de movilidad social, un espacio de pensamiento crítico y libre, y un semillero de liderazgos que han incidido en los más diversos campos: la ciencia, la salud, la justicia, la tecnología, la cultura, y muchos otros.
La Universidad de Costa Rica, con su profundo compromiso con la excelencia académica y su vocación de servicio a la sociedad, ha sido un referente en este esfuerzo colectivo. Gracias al trabajo de generaciones de estudiantes, docentes y personal administrativo, nuestra universidad se ha consolidado como una de las instituciones de educación superior de más alto nivel en América Latina. No es casualidad que figure en los principales rankings regionales; es fruto de un compromiso constante con la calidad, la investigación y la proyección social.
Por ello, es imprescindible recordar que los recursos para las universidades públicas deben otorgarse conforme a lo que dispone nuestra Constitución Política. No es un capricho ni un privilegio; es una obligación legal y un compromiso ético con el futuro de Costa Rica. Debilitar la educación pública, sea por acción u omisión, es atentar contra nuestra capacidad de seguir construyendo una sociedad más justa, equitativa y democrática.
Lamentablemente, en tiempos recientes, han surgido narrativas alejadas de la realidad, discursos simplistas y demagógicos que buscan desprestigiar el papel de la universidad pública y, con ello, erosionar uno de los pilares esenciales del sistema democrático costarricense. Frente a ello, debemos alzar la voz con firmeza y claridad. No se trata únicamente de defender instituciones, sino de preservar el derecho de las futuras generaciones a una educación que les permita soñar, crecer y transformar el país.
La historia de Costa Rica no se puede entender sin su apuesta por la educación. Y su futuro dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad para seguir fortaleciendo esa apuesta. Como docente, como ciudadano y como costarricense, reafirmo mi convicción de que la educación pública es uno de los mayores logros de nuestra democracia y que su defensa es una causa que nos debe unir a todos.