Como ciudadano costarricense, me llama profundamente la atención la propuesta de la candidata presidencial Laura Fernández de suspender garantías individuales “en casos estrictamente necesarios”. La sola idea de limitar derechos tan esenciales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del hogar o la intimidad en las comunicaciones es motivo suficiente para encender las alarmas en cualquier democracia.
Pero hay algo que también me inquieta: el eslogan de su plan de gobierno —“la continuidad”. Y me pregunto, como muchos costarricenses, ¿continuidad de qué exactamente?
¿De la confrontación? ¿De los ataques a la prensa? Laura Fernández formó parte del actual gobierno, uno que ha sido señalado y condenado por la Sala Constitucional por violaciones a derechos fundamentales: censura indirecta a medios de comunicación, ataques verbales a periodistas y decisiones arbitrarias contra la libertad de expresión. Si esa es la continuidad que se nos propone, es una que pone en riesgo los pilares de la institucionalidad democrática y el respeto por los derechos ciudadanos.
¿Continuidad de la improvisación y del autoritarismo? Cuando una candidata plantea suspender garantías individuales como respuesta a la criminalidad, no está ofreciendo soluciones, sino atajos peligrosos. Esa visión del poder —basada en el miedo y en la represión— se aleja del espíritu de nuestra Constitución, que fue diseñada precisamente para evitar los excesos del Estado.
Un gobierno verdaderamente comprometido con la seguridad no busca restringir libertades, sino fortalecer instituciones, profesionalizar a la policía, invertir en educación y combatir las raíces sociales del delito. La seguridad no se construye con decretos de excepción, sino con políticas sostenidas, inteligencia estatal y compromiso con la justicia.
Por fortuna, quienes redactaron nuestra Constitución fueron lo suficientemente sabios para colocar límites firmes al poder. Ningún presidente puede suspender las garantías individuales por decisión propia: debe solicitar autorización a la Asamblea Legislativa, la cual solo puede otorgarla bajo condiciones muy estrictas y por tiempo limitado. Este diseño no es un tecnicismo jurídico, es una salvaguarda democrática que impide que, en nombre del orden, se atropellen los derechos de las personas, ¿será por eso que necesitan 40 diputados?
Sin embargo, las declaraciones de la candidata son un aviso que no debemos ignorar. La historia nos ha demostrado una y otra vez que levantar garantías individuales no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también suele ser contraproducente en el combate efectivo al crimen. En lugar de solucionar el problema, este enfoque llevaría a abusos de poder y a violaciones de derechos humanos, además de debilitar más la protección ciudadana y nuestra confianza en el Estado de Derecho. La seguridad no debe alcanzarse a costa de nuestras libertades constitucionales ni de ceder aún más territorio al crimen organizado.
Decretar la suspensión de nuestras garantías sería evadir su trabajo, justificar la continuidad de la impericia mostrada hasta ahora y claudicar de las funciones encomendadas por el electorado. La verdadera fortaleza de un Estado democrático radica en su capacidad para proteger los derechos de sus ciudadanos incluso en momentos de crisis. Nuestro marco de legalidad permite fortalecer las capacidades de las instituciones llamadas a garantizar nuestra seguridad.
Costa Rica merece algo distinto. La seguridad y el orden no pueden alcanzarse sacrificando nuestras libertades. Las garantías individuales no son un obstáculo: son los límites que protegen al ciudadano del abuso del poder. El país necesita propuestas serias, respetuosas del Estado de Derecho, que comprendan que la fortaleza de una democracia no se mide por la dureza de sus castigos, sino por la justicia de sus acciones.
Costa Rica no necesita continuidad. Necesita corrección de rumbo, liderazgo responsable y un compromiso real con la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos. Porque sin derechos no hay seguridad, y sin libertad no hay democracia.
¡A Costa Rica hay que tomársela en serio!
