En Centroamérica más del 60 % del total de los alimentos de la canasta básica de los países de la región son producidos por más de 3 millones de familias que dependen de la agricultura familiar.
En términos de su peso en el sector agropecuario, la agricultura familiar representa el 64% de la población ocupada en el sector y el 49% del valor agregado agropecuario de esta región.
La población sigue creciendo y cada vez hay más presión sobre los recursos naturales disponibles. A nivel mundial, se prevé que la población aumente más de un tercio para el 2050. Esta población demandará alimentos y habrá que producir más, pero conservando los recursos disponibles.
En este contexto, la agricultura familiar es la actividad económica con mayor potencial para aumentar la oferta de alimentos de calidad en la región, pero también para reducir el desempleo, y sacar de la pobreza, la desnutrición y la malnutrición a las poblaciones rurales más vulnerables.
Sin embargo, a pesar del reconocimiento de su importancia económica, social y cultural, la agricultura familiar se encuentra aún poco visible en la mayoría de las políticas y programas de los países, y los habitantes rurales, muchos de los cuales dependen de la agricultura (cultivos, especies pecuarias, forestales y de la pesca y la acuicultura), viven en situaciones de pobreza y precariedad, siendo los más afectados las mujeres y los jóvenes rurales.
Con el propósito de poner el tema de la agricultura familiar en la agenda política de los países y las regiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Durante este año, se hizo evidente la necesidad de promover políticas e inversión pública, marcos normativos y programas de apoyo para fortalecer la Agricultura Familiar.
En la actualidad, considerando la relevante contribución de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria, en la erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza. Además, de su aporte en el desarrollo de los sistemas agroalimentarios sostenibles, el Gobierno de Costa Rica ha liderado el proceso para que se apruebe la iniciativa de declaración del Decenio de la Agricultura Familiar, misma que se presentará mañana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, con el apoyo de la FAO.
La FAO en alianza con los Gobiernos de los países de América Latina y el Caribe, las organizaciones nacionales y regionales de agricultores familiares, los parlamentos y la academia, ha impulsado marcos legales que permiten traducir la voluntad política de los Estados en acciones concretas para destinar mayores recursos presupuestarios y mejorar los servicios de asistencia técnica, crédito, seguros, y comercialización, entre otros.
A nivel de América Latina y el Caribe, la FAO ha trabajado con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) a fin de generar leyes marco que han sido utilizadas por los países para la formulación de su propia legislación, adaptándolas al contexto de cada país. En este sentido, recientemente se aprobó la Ley Modelo de Agricultura Familiar, que tuvo el apoyo de la FAO a través de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre y del Programa Mesoamérica sin Hambre.
En el marco de la Comisión Centroamericana y de República Dominicana de Agricultura Familiar, instancia del Consejo Agropecuario Centroamericano del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con el apoyo de FAO y el Programa Mesoamérica sin Hambre, se ha avanzado en la normativa y otras acciones para la conceptualización, caracterización y registro de la agricultura familiar en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
Estos procesos también están caminando en Costa Rica, en la cual la FAO esta apoyando al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, y a la Red Costarricense de Agricultura Familiar, en la elaboración del registro nacional de la agricultura familiar, como un paso clave para mejorar el impacto de las políticas públicas dirigidas a ese sector.
También, en el país se ha promovido la elaboración de una propuesta de Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que incluye un capítulo sobre protección y promoción de la agricultura familiar.
Además, desde la FAO, se han apoyado las compras públicas a la agricultura familiar, para la provisión de alimentos a diferentes instituciones del Estado, incluyendo los comedores escolares y centros de nutrición infantiles, en beneficio de los agricultores familiares, en el marco de las iniciativas de Reducción de la Pobreza Rural en la Región Brunca, de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar en la Región Chorotega, Mesoamérica sin Hambre, y del Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar.
Las políticas para la agricultura familiar deben articularse a las de otros sectores para mejorar su impacto en términos sociales, económicos y ambientales, y en especial con los programas de protección social del Gobierno. En este sentido, la FAO está acompañando un proceso de articulación intersectorial para la protección social y la inclusión productiva entre varias instancias del SICA, liderado por el Sistema de la Integración Social Centroamericana (SISCA).
Hoy estamos convencidos de que con la agricultura familiar en el centro de las políticas públicas de desarrollo rural y de seguridad alimentaria y nutricional, el país y la región avanzarán firmes al logro de la Agenda 2030, en particular a la erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza rural.
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