El informe cae en el preciso momento en que los Alvarado recorren el país ennoviándonos. Amantes de la naturaleza, los costarricenses necesitamos un presidente que fomente lo que hemos logrado en materia ambiental, pero que también se comprometa con recursos y acciones específicas a enfrentar una serie de amenazas que nos alejan del cumplimiento de los objetivos del milenio para el desarrollo sostenible. Necesitamos un administrador que evite la debacle ecológica que amenaza nuestros ríos, bosques y mares. Necesitamos un presidente que deje lo discursivo a cambio de una gestión pública ambiental con evaluaciones permanentes y decisiones sustentadas en criterios científicos y no en intereses políticos. El derecho a un ambiente sano nos compromete como sociedad civil, escoger bien es parte del desafío.
Este informe es un esfuerzo conjunto del Proyecto Creación de Capacidades, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Fondo para el Medio Ambiente (GEF), de la Agencia de Cooperación Española y el Ministerio de Ambiente y Energía. Primero en su género y en la historia del país, el documento es una fotografía que retrata el desempeño que hemos tenido. Es una ordenanza consignada en la Ley Orgánica del Ambiente y un compromiso pendiente ante una sociedad que exige, cada vez más, evaluaciones permanentes sobre el cumplimiento de compromisos sobre aprovechamiento sostenible, preservación de los recursos y desarrollo local, nacional e internacional ecológicamente equilibrado, sostenible, resiliente e inclusivo.
El documento está organizado en cuatro capítulos. Los mensajes claves se presentan en el primero, se apuntan los principales reconocimientos ambientales de los últimos 15 años, en específico el alto porcentaje de cobertura forestal (52%), la densidad de flora y fauna, la consolidación de las áreas protegidas, el sistema de pagos por servicios ambientales y el uso de energía renovable (99%). Además del marco legal, en favor de la protección ecológica, se menciona la agenda de acciones hacia la consolidación de la carbono neutralidad nacional. Estas y otras acciones resumen la calidad de vida del país y se manifiesta en una de las cinco zonas azules, del mundo, donde la población supera los 90 años.
El segundo capítulo es sobre el estado del ambiente en Costa Rica desde 1992 hasta el 2017. El cambio climático es evidente, las temperaturas han aumentado en la mayoría de las regiones, los eventos hidrometeorológicos (tormentas, huracanes, sequías) se han extremado afectando no solo la infraestructura social (escuelas, colegios, hospitales) sino también los humedales costeros, ríos y bosques. A pesar del amplio marco legal ambiental, sigue el deterioro por contaminación, por aumento de emisiones, incremento de sustancias tóxicas y uso no sostenible de recursos. La flota vehicular crece insosteniblemente y no hay una respuesta integrada sobre cómo hacer más eficiente el transporte masivo de personas. La pesca de arrastre, mencionada indirectamente en este informe, sigue siendo un tema de desacuerdo entre los defensores de los ecosistemas marino-costeros y el gobierno.
Las actividades y eventos que generan presión e impacto en el ambiente se presentan en el capítulo tres. La conflictividad ambiental se acentúa por el aumento y concentración poblacional, incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, patrones insostenibles de consumo, ineficiencia en el manejo de residuos sólidos y el rampante fenómeno de ciudades emergentes más allá de la GAM. Aunque se han gestionado diversas acciones para mitigar la huella de carbono, en este informe se confirma la deuda que tenemos como sociedad. Seguimos aumentando las emisiones con un parque vehicular que triplica la cifra de autos que existía hace 20 años. La adaptabilidad al cambio climático está comprometida y nos aleja de la carbono neutralidad cacareada para el 2021. Como si fuera poco, seguimos perdiendo capacidad de administrar sosteniblemente nuestros mares y a pesar de los cientos de investigaciones, las decisiones políticas viajan en dirección contraria a la conservación marina, diariamente perdemos la riqueza del patrimonio que tenemos en la pesca transzonal altamente migratoria (atunes y picudos).
El capítulo final es un recuento de las acciones positivas que ha hecho el país para avanzar en materia ambiental. Destaca el ordenamiento territorial sostenible, conciencia ambiental (bandera azul, turismo sostenible), agroecología sostenible, pagos por servicios ambientales, promoción de eficiencia energética, energías renovables, servicios ecosistémicos y gobernanza marina. Hecho el balance entre los diversos ejes del informe, hay algunas conclusiones elementales. Se ratifican logros en materia de sostenibilidad, desafortunadamente prevalecen serias fisuras en el desempeño ambiental. El estilo de vida y cotidianidad del habitante de Costa Rica es insostenible respecto al uso del territorio y los recursos, quedaremos evidenciados como sociedad ecológicamente hipócrita, que mantiene discursos vacíos y mensajes inconsistentes entre lo que predicamos y lo que hacemos. No podemos jugar con nuestro ambiente sin volvernos sus detractores, no se puede mentir sin perder el derecho a la verdad, porque lo cierto es que el rostro ambiental de Costa Rica está dañado, perforado y contaminado. El futuro ambiental de Costa Rica es desafiante para cualquiera que se vaya a sentar a Zapote.
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