Tal como ha ocurrido el pasado 11 de noviembre, se ha vuelto común en Costa Rica ver a representantes de distintos sectores productivos protestar por lo que consideran un “abandono” del gobierno. Estas manifestaciones responden a la pérdida de competitividad y, por tanto, la consecuente reducción de su participación en el mercado nacional. Un ejemplo claro es el sector arrocero, afectado por la llamada “Ruta del Arroz”, que eliminó parte de la protección frente a las importaciones del grano dejando a relucir la incompetencia del sector nacional para con el extranjero. Ante esta situación, surge una pregunta clave: ¿Debe el Estado intervenir para proteger a sectores que no pueden ser competitivos por sí mismos?
Cuando hablamos de “proteger” o de “proteccionismo”, nos referimos a todas aquellas políticas que buscan evitar que la industria nacional enfrente por si misma a la extranjera, por medio de subsidios, aranceles u otro tipo de restricciones a las importaciones.
El objetivo con el presente análisis es ir más allá de la simple apelación al sentimiento nacionalista, que suele nublar la visión real de los efectos que este tipo de circunstancias puede provocar en la economía de un país.
La protección a la industria nacional, aunque bien intencionada, termina perjudicando a los consumidores y debilitando la economía en el largo plazo. Esto al principio puede sonar anti-intuitivo, pero es así.
Cuando la industria nacional no logra ser competitiva, significa que no puede igualar a la extranjera ya sea en precio o en calidad. Esto ocurre porque sus costos de producción son más altos o porque utiliza tecnologías y métodos menos eficientes. Para “protegerla”, el Estado a veces restringe las importaciones, pero con ello obliga a los consumidores a comprar productos locales más caros o de menor calidad. En otras palabras, las personas terminan pagando más por algo que, si tuvieran libertad de elegir, probablemente no comprarían. Esta intervención distorsiona el mercado y provoca una asignación ineficiente de los recursos, ya que se mantienen actividades poco productivas a costa del bienestar de los consumidores.
Es de esta forma que el Estado logra transferir riqueza forzosamente desde la mayoría (consumidores) hacia la minoría (productores).
Sin embargo, el problema no se reduce a esto, sino que el proteccionismo es un freno a la innovación. Debido a la falta de competencia internacional, las empresas nacionales no tienen incentivo a mejorar procesos, innovar y reducir costos. Por lo que se crea la llamada “zona de confort empresarial”, en el sentido de que cuando el Estado protege, las empresas se adaptan al subsidio, no al mercado.
Hablar de subsidios nos lleva precisamente al siguiente punto, ya que este es uno de los mecanismos de protección más comunes. Sin embargo, su uso genera un problema importante: las industrias terminan dependiendo del Estado, y esos subsidios se convierten en gasto público. Esto representa una amenaza para la estabilidad fiscal, pues aumenta la brecha entre los ingresos y los gastos del gobierno central, provocando mayores déficits que finalmente deben cubrirse mediante endeudamiento o con más impuestos que recaen sobre el ciudadano de “a pie”.
Esto nos lleva a la llamada “trampa de la renta media”, un concepto desarrollado por los premios Nobel de Economía 2025, Peter Howitt, Joel Mokyr y Philippe Aghion. Esta idea explica que muchos países de ingreso medio quedan estancados en ese nivel porque adoptan políticas proteccionistas que frenan la innovación y limitan la competencia interna. Al hacerlo, impiden la “destrucción creativa”, un proceso esencial para el desarrollo económico, especialmente en las economías emergentes, según planteó el famoso economista Joseph Schumpeter.
Entonces ¿debe dejarse que la industria nacional navegue a la deriva y luche a su suerte contra la competencia extranjera?
No. El problema no es la falta de protección, sino los obstáculos internos: la excesiva burocracia y las dificultades para acceder a créditos productivos limitan el crecimiento del sector. Lo que se debe promover es la innovación, no la dependencia estatal. Instituciones como CONARROZ nacieron con ese propósito, pero terminaron haciendo lo contrario, convirtiéndose en entes subsidiarios del sector arrocero y generando resultados incluso peores que los que existían antes de su creación.
En síntesis, la industria nacional no necesita protección, sino impulso para competir. Programas como el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) son valiosos y deben fortalecerse, aunque con ajustes. El objetivo debe ser incentivar, no obligar, a la banca pública y privada a financiar proyectos de MIPYMES, mediante estímulos fiscales bien diseñados. No obstante, esto solo es viable con unas finanzas públicas sanas y un Estado reducido que administre los recursos con responsabilidad.
