Hace algunos años un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue acusado por una jueza de haber abusado sexualmente de ella. Con ocasión de esa denuncia y sin otra prueba que la única declaración de la supuesta víctima, la Corte Suprema de Justicia pidió a la Asamblea Legislativa la destitución del Magistrado. Este último Poder de la República decidió separarlo del cargo.
Años después de su despido, el entonces exmagistrado fue juzgado por los Tribunales ordinarios por los hechos que habían dado lugar a su remoción, esto es: por los supuestos abusos sexuales cometidos en perjuicio de aquella funcionaria. Luego del examen detenido de toda la prueba evacuada durante el juicio, el ex magistrado fue absuelto, por cuanto no se demostró, como corresponde en un país de derecho, que los cargos fueran ciertos.
Resulta claro que en su momento tanto la Corte Suprema como la Asamblea Legislativa, se precipitaron al considerar el dicho de aquella funcionaria para revocar el nombramiento del señor magistrado, sin que para ese momento los Tribunales hubieran conocido los hechos por ella denunciados. Graves errores se cometieron en ese momento.
Invoco este antecedente, en el contexto de la reelección del Magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, a quien en los últimos días una jueza de la República atribuyó un supuesto acto de naturaleza sexual que dice ocurrió en el año dos mil.
A partir de esa manifestación, varias organizaciones civiles, sujetos particulares e incluso algunos diputados y diputadas, han manifestado que no es viable la reelección de don Porfirio, olvidando que es a los Tribunales de Justicia, a los que corresponde juzgar los hechos, y, en tanto no se acredite con certeza que fueron cometidos, no es posible tenerlos por ciertos para decidir sobre la reelección o no del señor Magistrado.
Considerar un supuesto abuso sexual que se dice ocurrió en el año 2000, revelado 24 años después a las puertas de una reelección, respecto del cual no se ha dado oportunidad de defensa, y que no ha sido juzgado, podría conducir a repetir el error cometido y referido en párrafos anteriores como antecedente.
El próximo lunes dos de septiembre, las señoras diputadas y los señores diputados, tendrán la responsabilidad de determinar si corresponde o no la reelección de don Porfirio Sánchez, y para ello han de examinar sus atestados, su calidad moral y profesional, así como el trabajo desempeñado durante el ejercicio de la magistratura; pero, cometerían un gravísimo error si para tomar tal decisión, afirmaran la existencia de un hecho que no ha sido acreditado con certeza, pues es a los Tribunales a quienes –de acuerdo con nuestra Constitución Política– compete juzgar esos hechos. Lo contrario implicaría no sólo arrogarse funciones que no corresponden al Poder Legislativo, sino resolver contra lo dispuesto por nuestra Constitución y las leyes, de acuerdo a las cuales toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario.