San José, 01 sep (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Nayuribe Guadamuz, cuestionó este martes el desembolso de más de US$12 millones que el Poder Judicial ha realizado desde 2017 por concepto de alquiler del edificio que alberga a la Sala Constitucional, calificando la situación como una “barbaridad” que requiere rendición de cuentas.
La legisladora señaló que el inmueble es arrendado a la empresa Direct Communication S.A., cuyos representantes legales son Mónika y Paul Wedel Pacheco, hijos de Juan José Wedel Carazo, quien ha figurado como donante del Partido Liberación Nacional (PLN).
“Estamos hablando de US$12 millones de plata de todos los costarricenses. ¿No les parece extraño que una familia con vínculos con el PLN se haya beneficiado durante tantos años de un contrato millonario y que don Orlando Aguirre firmara una adenda para aumentar el alquiler en 20 mil dólares? Aquí hay preguntas que necesitan respuestas”, afirmó Guadamuz.
Según los datos expuestos por la congresista, en 2024 el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, suscribió una adenda al contrato que elevó el pago mensual de aproximadamente US$102 mil a más de US$122 mil. Este compromiso contractual se extiende hasta marzo de 2029.
Cuestionamientos por teletrabajo y sede propia
Guadamuz cuestionó la eficiencia del gasto, al señalar que, de los 150 funcionarios asignados a la Sala, 110 laboran bajo modalidad mixta. Detalló que 62 profesionales en derecho mantienen un esquema de cuatro días de teletrabajo y solo uno presencial.
“Aquí algo no cuadra: pagamos más de US$122 mil al mes por un edificio, pero una buena parte del personal pasa varios días trabajando desde la casa. ¿Entonces estamos pagando semejante alquiler para tener escritorios vacíos buena parte de la semana?”, criticó.
Asimismo, la diputada denunció el estancamiento en la construcción de la sede propia del Poder Judicial. Aunque el terreno fue adquirido desde abril de 2025, Guadamuz aseguró que los planos, el presupuesto detallado y la contratación de la constructora presentan un avance del 0%.
“Si ya compraron el terreno, ¿por qué ha avanzado tan poco la nueva sede? Seguimos pagando más de US$122 mil al mes en alquiler mientras las etapas más importantes del proyecto siguen en cero”, añadió.
Finalmente, la legisladora enfatizó que su labor responde a un ejercicio de fiscalización de fondos públicos. “Esto no es un ataque contra la Sala Constitucional. Esto es fiscalización. Son recursos de todos y los costarricenses merecen saber en qué se está gastando su plata”, concluyó.
