Costa Rica es un Estado de Derecho, sustentado en el reconocimiento por los derechos humanos y el ejercicio de la libertad y la propiedad, con un elevado componente de solidaridad humana.
Desde esta perspectiva, somos una democracia representativa con más de cien años, que ha fraguado un Estado Benefactor, que se ha vuelto pesado, lento y muy caro. Con el paso de los años, lejos de un impulso a las políticas de eficiencia y crecimiento económico, de apertura e inclusión, de explotar en forma efectiva el tema educativo y la ausencia de fuerzas militares, el país ha venido mostrando un retraso en temas fundamentales de crecimiento económico sostenido, de desarrollo en infraestructura, transporte y con una economía informal en aumento. Es notorio un deliberado interés por considerar que es al Estado al que corresponde impulsar no solo una regulación asfixiante, sino también involucrarse en los múltiples campos de la actividad de las personas y sus iniciativas. Es en este punto donde los liberales ofrecemos alternativas diferentes ante las fracasadas experiencias ya vividas por los costarricenses.
Desde nuestros orígenes hemos sido consistentes en atribuir al Estado aquellas actividades propias y exclusivas del interés general, como lo son la justicia y seguridad de la población. Ahí es donde nos distanciamos de las políticas estatistas y tomamos otros caminos para el ejercicio de la creatividad de las personas, para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades. Desde esta perspectiva es donde rescatamos aquel principio ampliamente discutido y difundido, cual es el de la subsidiaridad del Estado. Es decir, que el Estado no debería incursionar en ninguna actividad que la iniciativa privada pueda realizar con mayor éxito sin afectar el interés general. Estas acciones son propias de las personas en el ejercicio de sus capacidades, de su libertad y en resguardo de la creatividad infinita del ser humano.
Por ello, me preocupa la intervención del Consejo Nacional de Producción en los procesos de compra y venta de todo tipo de bienes para trasladarlos a instituciones públicas y a los comedores escolares distribuidos en todas las regiones, y de las muchas debilidades y peligro en la salud de las personas, así como las deficiencias en el servicio según las necesidades de los consumidores.
Es por ello que propuse que la compra de bienes, especialmente alimenticios, para la satisfacción diaria de las necesidades de las instituciones públicas y la atención de la alimentación de niños en las escuelas, pueda realizarse también fuera del CNP, obedeciendo a calidad, precio y servicio.
Si bien es importante propiciarle a los micro, pequeños y medianos productores, el mejor mercado a sus productos, es cierto que los consumidores de los mismos y los que están al frente de sus organizaciones e instituciones, también tienen igual derecho a obtener mejores productos, con mejores precios y con servicios más eficientes. Este es también un derecho básico de los consumidores de tales productos, máxime si esos están en las escuelas, en los hospitales y en las cárceles.
Mi propuesta no descarta el mecanismo actual, solo lo amplía para tener posibilidad del ejercicio libre y democrático de escoger en una sociedad abierta, las mejores ofertas. No es cierto que sea el CNP el garante del agro costarricense y la microempresa. Su ineficiencia lo ha llevado a sostener su actividad en buena medida, con el Programa de Abastecimiento Institucional como ha sido reconocido por sus personeros.
Estoy convencida que cuando el Estado incursiona en actividades empresariales y comerciales como las que nos ocupan, poco bien hace al país, y retrasa el desarrollo del proceso económico y la participación de la oferta y demanda.
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