La decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de vincular a Costa Rica con la “Joint Security Declaration” y la coalición hemisférica “Escudo de las Américas” no es una simple decisión política discutible: es un acto abiertamente ilegal que contraviene décadas de construcción jurídica y compromisos internacionales vinculantes. Y no lo digo yo: lo dice nuestra propia Constitución, lo dice la Sala Constitucional y lo dice el Derecho Internacional.
Ante la acción de inconstitucionalidad presentada por el secretario general del PLN, Miguel Guillén, el presidente Chaves descalificó el recurso tildando a su oponente de “borracho en una vela” y asegurando que “aquí nadie está hablando de fuerza militar necesariamente”. Con todo respeto, señor presidente: el problema no es si usted cree que está hablando de fuerza militar. El problema es lo que jurídicamente implica suscribir este tipo de coaliciones.
La Proclama de Neutralidad de 1983, firmada por el expresidente Luis Alberto Monge, no es un adorno retórico ni una declaración de buenas intenciones. Es un acto unilateral del Estado reconocido por el Derecho Internacional, mediante el cual Costa Rica prometió solemnemente al mundo “no participar en una guerra entre terceros Estados” y “no involucrarse real o aparentemente en ningún conflicto bélico”. La Corte Internacional de Justicia ha sido clara: declaraciones de esta naturaleza crean obligaciones jurídicas exigibles. Incorporarse a una coalición como “Escudo de las Américas” —así se disfrace de “cooperación en seguridad”— viola de frente esa promesa.
Pero el asunto va más allá de 1983. La Sala Constitucional, en su histórica resolución 2004-09992, no solo confirmó la vigencia de la neutralidad perpetua, sino que estableció un límite claro: el Poder Ejecutivo no puede asociar la política exterior con acciones bélicas ajenas, ni siquiera mediante “apoyos morales”. En esa sentencia, nuestra máxima instancia jurídica anuló el respaldo del gobierno de Abel Pacheco a la invasión de Irak, porque todo apoyo —material o simbólico— a operaciones militares externas es inconstitucional.
Y es aquí donde debemos recordar el mandato más solemne de nuestra Carta Magna. El Artículo 3 de la Constitución Política establece un principio general y absoluto: “Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la Patria”. Arrogarse la soberanía significa atribuirse una facultad que no se tiene, actuar como si la voluntad del gobernante estuviera por encima de la voluntad de la Nación. En una república, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, y sus límites están escritos en la Constitución y en los compromisos internacionales adquiridos a lo largo de la historia. Cuando un presidente decide comprometer el nombre y la posición internacional de Costa Rica en una coalición de naturaleza militar, ignorando la identidad pacifista del país y la jurisprudencia que lo prohíbe, no está administrando la soberanía: la está usurpando para alienarla con intereses extranjeros.
El presidente Chaves insiste en que solo se busca “equiparar la capacidad de respuesta policial frente al crimen organizado” y que, si se requiriera apoyo militar, se acudiría a la Asamblea Legislativa. Eso es un espejismo jurídico. “Escudo de las Américas” no es una red de intercambio de información policial; es una coalición hemisférica presentada en el marco de una cumbre de ministros de Defensa y Seguridad, donde participan países con estructuras militares activas y doctrinas de guerra.
Para dimensionar la gravedad del paso, basta recordar que el propio impulsor de la iniciativa, el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó en 2025 que el “Escudo de las Américas” conduciría a la conformación de una coalición militar. No es, por tanto, una interpretación local o una exageración de la oposición: es la naturaleza explícita del proyecto al que Costa Rica se estaría adhiriendo. Al suscribir ese tipo de declaraciones conjuntas, Costa Rica no está simplemente “pidiendo ayuda técnica”; ya está alineando su política exterior con una coalición que, por su naturaleza y composición, tiene un evidente componente estratégico-militar. La adhesión es un acto consumado que compromete la posición internacional del país. No se puede primero alinear la política exterior con una coalición militar y luego decir que se pedirá permiso para usarla.
La presidenta electa, Laura Fernández, habla de no permitir que el crimen organizado se apodere de Costa Rica y de buscar alianzas “bajo el amparo de las leyes”. Nadie sensato se opone a combatir el narcotráfico. Pero ese combate tiene canales legales y legítimos: inteligencia policial, cooperación jurídica, intercambio de información, fortalecimiento de la Fiscalía y la policía judicial. La Ley N°9288 de 2014, que proclama la paz como derecho humano, nos recuerda que nuestra seguridad externa “continuará fundada en la libre voluntad de su pueblo, en las normas del Derecho Internacional y en los sistemas de seguridad colectiva de que es parte”. Confiamos en el derecho, no en coaliciones militares improvisadas.
Nuestra identidad como país no se forjó en campos de batalla, sino en aulas, en la abolición del ejército de 1949, en la confianza depositada en el derecho internacional. Esa cultura no es un adorno; es un límite jurídico que los gobernantes están obligados a respetar. La Proclama de Neutralidad, la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la ley de 2014 forman un bloque normativo que impide cualquier paso hacia alianzas militares.
El gobierno tiene todo el derecho de buscar apoyos internacionales para enfrentar el crimen organizado. Lo que no puede hacer es sacrificar en el intento décadas de construcción jurídica y el prestigio de un país que decidió que su fuerza no está en las armas, sino en la confianza depositada en el derecho internacional y la coherencia de su política exterior.
Meterse en “Escudo de las Américas” no solo es un acto ilegal e inconstitucional: es olvidar quiénes somos. Y cuando un gobernante olvida quiénes somos y actúa como si la Patria fuera suya para comprometerla con potencias extranjeras, está incurriendo en la prohibición expresa del Artículo 3. Está arrogándose una soberanía que no le pertenece, cometiendo, en esencia, el peor de los delitos contra la Nación: la traición a la Patria.
