Es tiempo de construir solidariamente

Ronny Monge Salas, diputado del PLN.

Hoy quiero comentarles sobre Costa Rica, un país de cincuenta y un mil cien kilómetros cuadrados, un poco más de cinco millones de habitantes, sin grandes extensiones de terreno para poder tener una economía agrícola pujante, que no ha disfrutado de petróleo ni explota recursos minerales de los que no dispone este país, como sí lo hacen las naciones que los tienen.

Sin embargo, nuestro país ha sido líder mundial en índices de desarrollo humano, con una gran calidad en educación, salud y otra serie de instrumentos para que los costarricenses puedan vivir mejor.

Eso se construyó con mucho esfuerzo de los ticos. Generaciones laboriosas y visionarias que se esforzaron por diseñar un estado solidario, con instituciones públicas fuertes que incursionaron en servicios para toda la población. Una historia donde se impulsaron las exportaciones desde el Estado, donde se sustituyeron importaciones y se crearon grandes empresas públicas y el aparato público creció para acompañar la demanda por mejores condiciones de vida. También hubo una realidad política propia del mundo de una Guerra Fría, donde al país le ingresaron muchos recursos como resultado de la polarización política, muchos millones de dólares. Por otro lado,  también nos endeudamos mucho para construir cuanto tenemos, desde la lejana sociedad agraria que fuimos, el crédito también contribuyó a dotarnos de mucho de cuanto disponemos.

Hacia el final de la Guerra Fría, a este país le tocó determinar cuál era el modelo económico para poder seguir manteniendo esos niveles en educación, en seguridad, en trabajo y bienestar. Y tomamos la decisión de impulsar un sistema exportador que generó riqueza y prosperidad para miles, pero que también ha dejado rezagado a un tercio de su población, donde hemos tenido la constante de tener índices de pobreza que incluyen a uno de cada cinco compatriotas. Las transferencias con las que se quiere paliar este problema podrán maquillar en un  par de puntos las cifras, pero la verdad es que en el momento en que dejemos de subsidiar esos hogares caerán de nuevo, pues la salida para la movilidad social está en una población mejor educada, saludable, que viva en un ambiente seguro y cuente con la infraestructura moderna para su movilización y comunicación.

Nosotros hemos creído que después de que pasó aquella época donde nos regalaban la plata, que coincidió con la segunda crisis del petróleo, con la década perdida de la economía latinoamericana, y en el contexto de las guerras revolucionarias centroamericanas, donde nos endeudábamos hasta tener que gestionar una condonación de más de mil millones de dólares, teníamos que buscar cómo mantener ese proceso de desarrollo, y eso lo hicimos impulsando el incremento en el nivel productivo, diversificando la economía, para que generara la riqueza que nos permitiera recaudar los  impuestos necesarios para mantener y mejorar nuestros índices en salud, educación y generar infraestructura.

Yo he venido oyendo a costarricenses en la Asamblea Legislativa diciendo que poner más impuestos significa meterle la mano en los bolsillos de los costarricenses. Pero es que la mano en los bolsillos de los costarricenses es con la que se construyó cuanto tenemos y que no es poco ni despreciable, perfectible sí, pero meritorio y digno de ser defendido, cuidado y perfeccionado.

Hoy podemos caer en el error de pensar que no estamos engañando a la población, cuando con la recaudación actual no estamos en condiciones de mantener y ampliar nuestros sistemas de educación, de salud, de infraestructura. Les hacemos pensar que nuestro estado de bienestar no tiene costo o que a cambio de un discurso que fomente la evasión será posible brindar los servicios de calidad que la población reclama. Los abusos deben denunciarse, los actos de corrupción reprimirse, los privilegios insolidarios, como en las pensiones, deben eliminarse y en eso trabajamos pero todos debemos contribuir a que el Estado pueda seguir siendo el agente nivelador de oportunidades y no el nido de camarillas corruptas, privilegiadas e insolidarias.

Qué sucede cuando el costarricense de clase media, mes a mes, tiene que sacar de su bolsillo doscientos mil colones, trescientos mil, para pagar una educación privada, tiene que sacar cuatrocientos mil colones para pagar salud, tiene que reparar su vehículo deteriorado por las malas carreteras, sobrecalentado en las presas interminables que le consumen el combustible y le consumen la vida. Esa es la realidad de una clase media que se empobrece por falta de servicios públicos de calidad. Los que lo pueden pagar lo hacen, asumen el costo ante un Estado ausente de los servicios de calidad que sus familias requieren. Los que no pueden, ven pasar su existencia entre privaciones y necesidades, siempre más cerca de la enfermedad y la ignorancia que de la movilidad social.

La Asamblea Legislativa tiene un reto, que es decirle al costarricense más humilde y al de clase media que no tiene que pagar seguridad de sus barrios, que se la puede dar su país. Y la única forma en que podemos hacer esto, es dotando de recursos al Ministerio de Seguridad Pública para que pueda enfrentar esa guerra contra el crimen organizado.

Si como país no queremos pagar las sumas de dinero que se requieren, que son mucho menos a escala a nivel mensual, para poder darle esa misma educación, esa misma salud, esa misma infraestructura, esa seguridad tan necesaria  a todo un país, tenemos que asumir el costo de cortar o suprimir esos servicios. La única alternativa es aprobar nuevos impuestos.

Nosotros no podemos seguir pensando que este país que le ha generado oportunidades a quienes producen, porque producen aquí, porque hay un sistema político estable, porque se le generan condiciones para exportar, podrá mantener el nivel, la calidad y la cantidad de servicios que ocupamos si no contribuimos a ello.

No sigamos con la palma dispuesta solo para recibir, es hora de que seamos un país que construye unido, que parte de esos ingresos que recibimos y que se reciben los empresarios, y que también recibimos nosotros como clase asalariada podamos aportarlo en un régimen de solidaridad, porque no podemos seguir dando una lucha contra la criminalidad mientras que los delincuentes se arman con enorme recursos ilícitos para generar mayores crímenes y desnudar las carencias de nuestra seguridad pública, cuyas limitaciones tienen facetas terribles como la impunidad y el clima social de inseguridad que nos hace vivir entre rejas a todos.

Y después de ese paso, también tenemos que dar el otro. Así como nos hemos apretado la faja, también tenemos que decirles a nuestros pobres, a nuestra clase media, que tiene derecho a servicios de calidad, que puede tener acceso a una educación pública de calidad sin que sea necesario acudir a una educación privada cara y elitista, que puede disfrutar de una seguridad social y una infraestructura de buena calidad, y de tranquilidad y seguridad en nuestra casas y calles pero eso depende de las determinaciones que tomemos.

Si nos metemos la mano en el bolsillo que sea para que todos vivamos mejor, porque ni el empleo ni los negocios prosperan entre ignorantes, enfermos y delincuentes. El esfuerzo colectivo debe traducirse en oportunidades para todos, en calidad de vida para todos, en justicia para todos.

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