El texto presentado por joven María Lucía Arias tiene una serie de debilidades, tanto metodológicas, prácticas, teóricas e intelectuales. Lamentablemente esta joven la he invitado a debatir, pero ella escoge con quién hacerlo, por saber que, al enfrentarse con alguna persona con un bagaje teórico, ella, por lo tanto, quedaría expuesta de sus profundos vacíos intelectuales. Por lo que, me gustaría aprovechar este espacio, que, aunque sé, que ella no leerá este artículo, mi esperanza es, por lo menos, de que alguna otra persona me lea.
El texto de la joven toma como inicio una crítica que es legítima. Ningún Estado está exento de ineficiencias, burocracia o problemas de sostenibilidad financiera. Sin embargo, la equivocación se encierra en convertir esas deficiencias en una refutación del Estado solidario como principio político. Para hacerlo, la joven reduce la solidaridad a un acto exclusivamente voluntario entre individuos y concluye que toda intervención estatal constituye una forma de coacción incompatible con la virtud. En consecuencia, dicha afirmación concluyente no es compartida por buena parte de la tradición filosófica.
Aristóteles comprendía al ser humano como un zoon politikon, es decir, un sujeto que alcanza su plenitud viviendo en comunidad. La polis, por lo tanto, no existe únicamente para garantizar la seguridad o proteger la propiedad privada, sino, para hacer posible la vida buena. En su texto la Política, sostiene que la ciudad existe no solo para vivir, sino para vivir bien. Por lo que, las leyes tienen también una función educativa, orientan a los ciudadanos hacia la virtud y el bien común. Desde esta perspectiva, contribuir mediante impuestos para sostener instituciones que protejan la salud, la educación, etc, no destruye la solidaridad, sino que constituye una expresión del compromiso que toda comunidad política mantiene con sus miembros. La solidaridad deja de ser únicamente un acto privado para convertirse también en una responsabilidad cívica.
Por otro lado, Platón desarrolla una idea semejante. Para él, una ciudad justa no surge simplemente de la suma de intereses individuales, sino de la cooperación ordenada entre sus integrantes. La justicia consiste precisamente en que cada parte contribuya al bienestar del conjunto. Por ello, el Estado no representa únicamente un aparato coercitivo, sino una institución orientada a preservar el orden y la armonía social. El texto de la joven presupone que cualquier redistribución constituye un despojo, pero Platón, comprendería que una comunidad política pierde legitimidad cuando abandona a una parte de sus ciudadanos a la marginalización, sea enfermedad, pobreza o exclusión. Hay responsabilidades compartidas y no únicamente voluntarias.
Stuart Mill también ofrece razones para cuestionar la postura de la joven, aunque lo he leído poco, puedo intentar decir que Mill admite la intervención estatal cuando esta permite ampliar las oportunidades reales de las personas y corregir desigualdades que impiden el ejercicio efectivo de la libertad. Una sociedad donde millones de personas carecen de acceso a educación o salud, difícilmente puede calificarse como una comunidad de individuos verdaderamente libres. La libertad no es únicamente en la ausencia de coerción, más bien, en la existencia de condiciones materiales que permitan desarrollar las propias capacidades. Por lo que, determinadas políticas sociales fortalecen, y no debilitan la libertad.
Podemos invitar a este diálogo a Rawls. Este proponer imaginar una sociedad diseñada desde una posición original, donde nadie sabe cuál será su lugar en ella, si nacerá pobre o rico. Bajo este velo de la ignorancia, sostiene que personas racionales aceptarían instituciones que garanticen derechos básicos para todos y protegieran especialmente a quienes resultaran menos favorecidos. El principio de diferencia establece esto, que las desigualdades son legítimas cuando benefician a los miembros más vulnerables de la sociedad. Desde esta posición el financiamiento colectivo de la saludad pública, las pensiones o la educación no constituye un robo institucionalizado, sino una expresión de justicia distributiva aceptada por ciudadanos libres e iguales. Los impuestos no aparecen como una imposición arbitraria, más bien, como parte del acuerdo político necesario para asegurar que nadie quede completamente desprotegido por circunstancias que nunca eligió.
Asimismo, la existencia de instituciones públicas no elimina la acción de organizaciones comunitarias, cooperativas, iglesias o asociaciones civiles, sino que las complementa. Del mismo modo, señalar las listas de espera de la Caja, el déficit del régimen de pensiones o el crecimiento de la deuda pública constituye una crítica válida a la administración, pero no demuestra que el principio de solidaridad institucional sea falso. Confundir problemas de gestión con la invalidez del modelo, equivale, a su vez, sostener que cualquier institución pública debe desaparecer por el hecho de presentar fallas.
Para finalizar, el texto de la joven Lucía Arias, parte de un supuesto que nunca demuestra, de que toda obligación legal equivale a una violación de la libertad. Aristóteles, Rawls, Platón, entre otros, sostienen que la libertad siempre ha sido entendida como compatible con deberes comunes orientados al bien público. Vivir en comunidad implica aceptar ciertas cargas compartidas precisamente porque todos nos beneficiamos de viene que ningún individuo podría garantizar por sí solo. El verdadero debate no consiste en elegir entre libertad o solidaridad, sino en encontrar instituciones que hagan compatibles ambas. La actitud de Lucía es reduccionista, en el sentido de que comprende el Estado solidario a un simple mecanismo de expolio, ignora siglos de reflexión política sobre la justicia, el bien común y obligaciones que nacen en la comprensión de una comunidad política.
