Los privilegios hasta ahora habían gozado de muy buena salud. ¿Qué cambió para que esta Asamblea Legislativa decidiera tomar fuertes medidas para limitar las pensiones de lujo?
Hace poco más de dos meses, la Fracción Parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana presentó, ante las restantes fracciones legislativas, una propuesta de Agenda Legislativa por la responsabilidad fiscal que, en lo fundamental, proponía un orden lógico para resolver el problema fiscal: primero combatir el fraude fiscal reactivar la economía y racionalizar el gasto público y, después, si resultaren necesarios, valorar los impuestos que propuso el Gobierno. El Poder Ejecutivo, el PAC junto al FA no apoyaron inicialmente la propuesta socialcristiana.
Justo es mencionar, expresamente, que las fracciones parlamentarias de Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Accesibilidad sin exclusión, Renovación Costarricense, Alianza Demócrata Cristiana y Renovación Costarricense apoyaron, desde un primer momento, la propuesta de responsabilidad fiscal presentada por la Unidad Social Cristiana. Gracias a esos apoyos, a los que más tarde se sumarían el PAC y el FA, hemos conseguido avances en los proyecto de combate al fraude fiscal, fortalecimiento de la Caja Única del Estado y reformas a las pensiones de lujo.
Particular mención merecen los proyectos de racionalización de las pensiones de lujo, que son aquellas que tienen montos que van desde los dos y medio millones de colones hasta, incluso, los diecisiete millones de colones mensuales. Para esos casos se crea una contribución especial que supone un cargo de hasta el 55% del total de la pensión, se acaba con las pensiones que se heredan perpetuamente, se autoriza al Estado a incrementar la cotización de las pensiones hasta el 16%, se eleva la edad para pensionarse hasta los 60 años y se elimina todo incremento especial, en adelante solo se incrementarán por costo de vida. En la misma dirección queda pendiente una reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, la cual se estará tramitando en los próximos meses mediante el procedimiento especial de vía rápida.
De la Agenda por la responsabilidad fiscal quedan pendientes los proyectos de reactivación económica; así como las propuestas para racionalizar el gasto en salarios, pluses y convenciones colectivas en el sector público. Los gastos por esos conceptos representan el 33% del total del gasto del Gobierno Central y, en muchos casos, se gasta más en el pago de pluses y beneficios de las convenciones colectivas que en el pago de los salarios propiamente dichos. Eso hay que ordenarlo.
Ya algunos sindicatos y el Frente Amplio han anunciado que provocarán la paralización del país si esos proyectos avanzan. Espero que impere la razón y que, tanto los sindicatos, como el FA, el PAC y el Poder Ejecutivo se sumen a este esfuerzo para sanear la Hacienda Pública y evitarle al país una situación fiscal insostenible como las ocurridas en naciones como España, Venezuela, Grecia y Portugal en donde, por no acometer estas reformas a tiempo, tuvieron que sufrir situaciones que no queremos se produzcan en Costa Rica.