Ventana de oportunidad para un liderazgo programático y articulador
El anuncio de otra disputa por la silla presidencial de la Corte abre un debate impostergable sobre lo que sensatamente pueda esperarse. La cúpula judicial enfrenta una encrucijada histórica: transitar en el letargo de un simple cambio de nombre -que auspicie la comodidad del continuismo con gestos tibios de transformación- o aprovechar la coyuntura para exigir y escoger a quien proponga una agenda programática, viable y comprometida con rescatar la gobernanza.
En un contexto de fuerte restricción fiscal y con la delincuencia desbocada, las eventuales candidaturas deberán demostrar algo más que un curriculum abultado por la antigüedad. El país urge de capacidad, liderazgo comprobado y valentía para saldar deudas históricas: reducir sensiblemente la mora judicial, contribuir a frenar la litigiosidad crónica nacional y remozar el gobierno judicial, de modo que se juzgue más y mejor, y se administre menos.
Para lograr esos objetivos, los postulantes deberán exhibir una hoja de ruta integral y creíble; un plan de trabajo con plazos fatales, metas claras, recursos para alcanzarlas y responsables asignados, en lugar de inoperantes promesas abstractas de renovación. Es imperativa una gestión sujeta a indicadores de rendimiento y resultados evaluables.
Para formular semejante plan, los insumos han estado sobre la mesa en los hallazgos y recomendaciones del Informe Estado de la Justicia durante el decenio 2015-2025, así como en abundantes estudios internos sobre mora judicial, debilidades operativas y fallas de la alta gerencia. Elegir sin ese rediseño estructural bajo el brazo, además de reprochable, sería un acto abierto de espaldas a la ciudadanía.
Los avances y desafíos operativos han de recaer en la instancia administrativa encargada de ejecutar y monitorear el plan, mientras que la alta articulación con los otros poderes estatales -tan necesaria hoy en día- reclama el liderazgo fuerte, hábil y concertador que debe encarnar quien asuma la presidencia judicial.
De acuerdo con lo anterior, al menos tres ejes habrían de capturar la total atención de las candidaturas a la presidencia de la Corte. El primero de ellos es el monopolio del cobro; un trámite que no responde a ningún enigma técnico -y mucho menos esotérico- pero que, al concentrar la gran mayoría del circulante, asfixia las oficinas y termina retrasando la resolución de otras apremiantes controversias.
El diagnóstico es conocido y está medido: el cobro de deudas privadas representa más del 60% de la totalidad de los expedientes en trámite, y lo absurdo es que en la mayoría de esos casos ni siquiera hay oposición de los deudores. Así, el valioso y limitado recurso judicial se dilapida en notificaciones y embargos salariales, restando capacidad operativa para resolver delicadas materias como la penal, laboral o la de familia.
El segundo eje es la elevada densidad litigiosa del país, que parece haber proscrito la resolución alterna de conflictos. En su lugar, se ha privilegiado una cultura de pleito que satura los despachos judiciales y ahoga su capacidad de respuesta, en perjuicio de la prontitud que la ciudadanía espera de la justicia.
Y es que la paradoja es notable: mientras las encuestas de opinión muestran un progresivo cuestionamiento popular a la lentitud de los tribunales, la ciudadanía se empeña en judicializar todas sus controversias, saturando las agendas de los juzgados en lugar de acudir a instancias privadas para resolverlas. Quedan a salvo, por supuesto, aquellos conflictos calificados que por ley solo un tribunal pueda decidir; un sistema así está destinado a colapsar.
Finalmente, el tercer eje apunta a un modelo gerencial y de gobierno judicial administrativamente hipertrofiado, que desenfoca la función jurisdiccional y cae en la constante tentación de solo pedir más recursos que terminan inflando la burocracia existente. La gestión de esos activos debe estar en manos de un órgano técnico y especializado, sujeto a rendición de cuentas y que reivindique la tarea esencial y constitucional de juzgar.
Resumiendo, la agenda de los aspirantes a la presidencia debería estructurarse al menos a partir de tres pilares: la desjudicialización y automatización del cobro masivo sin oposición, la reducción de la litigiosidad mediante filtros de mediación obligatoria (RAC), y una profunda reingeniería que concentre y modernice la administración para liberar el valioso tiempo de la judicatura.
Una nueva gobernanza institucional es posible, pero debe comenzar desde la propia carrera por la presidencia. Las fallas estructurales vigentes demandan de las magistraturas electoras un voto absolutamente responsable, apegado a la rigurosa viabilidad técnica de las propuestas presentadas.
Costa Rica observa este proceso y espera lucidez de la cúpula interviniente. Participar solo corporativamente en una incómoda votación de pasillo en nada contribuye a operativizar el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida. La ciudadanía exige resultados cada vez con mayor urgencia, y el sistema judicial no está exento de cumplir, ni puede seguir perdiendo el juicio frente a ella.
Ojalá, el próximo plantón -con farol incluido- se sume a esta legítima demanda de una presidencia judicial disruptiva pero sesuda, vigorosa y valiente para liderar el postergado cambio de su sistema, así como articuladora con los demás poderes de la República para enfrentar al verdadero enemigo común: que no es la cansina narrativa de un ataque político, sino sus problemas reales de gobernanza y una criminalidad desbordada que asume las más complejas formas, manteniendo bajo asedio a la sociedad costarricense.
