Los movimientos sindicales alrededor del mundo tienen más de 150 años de existir, y a través de todo ese tiempo han emprendido la mayor parte de las principales luchas a favor de reivindicar los derechos de los trabajadores de todas las latitudes, siendo su espíritu de existencia la lucha de clases, han promovido conquistas sociales y legales que aun hoy prevalecen en la mayor parte de los ordenamientos legales del planeta, donde han acortado la disparidad entre los obreros y los propietarios de los medios de producción.
En Costa Rica los movimientos sindicales fueron grandes actores en la gestación de las transformaciones más importantes respecto a las garantías sociales, que incluso fueron incorporadas a la constitución política y respetadas por los revolucionarios de 1948, como parte importante de la identidad y soberanía del ser costarricense.
Durante muchos años los movimientos sindicales pasaron de ser colectivos ideológicamente cuestionados, por su afinidad con los ideales marxistas, a grupos de gran importancia a la hora de elaborar políticas públicas nacionales y comunales, cuyas posturas en defensa de la clase obrera siempre fueron tomando fuerza al punto de ser en los años 1980, 1990 y 2000 vitales actores en la toma de decisiones nacionales, de allí que grandes debates nacionales tuvieron que resolverse en las mesas de dialogo gobierno-sindical producto de la toma de las calles propiciada por los grupos de presión liderados por sindicatos, estudiantes universitarios (de universidades públicas principalmente) y obreros (sector público mayoritariamente); ¿quién no recuerda el combo del ICE? ¿Las huelgas de los maestros? ¿Las protestas contra las concesiones de obra pública en San Ramón? Y ni que decir de las huelgas en JAPDEVA en Limón por los motivos que fuesen en la coyuntura del momento.
Legitimidad. Si bien es cierto los despliegues callejeros al mando de los sindicatos suelen ser multitudinarios, por lo general, también vemos como muchos ciudadanos ajenos a estos movimientos, critican la forma en la cual los manifestantes ejercen su protesta, principalmente con bloqueos totales o parciales de caminos y carreteras, reduciendo o dejando de prestar servicios médicos, de venta y distribución de combustibles así como los servicios del poder judicial, que en su mayoría causan un problema mayor al grueso de la población, allí, justamente donde nacen esas incomodidades es donde los cuestionamientos a estos métodos, a los líderes sempiternos de estos movimientos (Albino y compañía) y los efectos a la población de no acceder a servicios tan importantes para la continuidad de la productividad del país es que la legitimidad de los movimientos huelguísticos empieza a ponerse en entredicho. ¿Vale la pena sacrificar la libertad de tránsito, tiempo de trabajo, calidad de vida, productividad y sustento por luchas sindicales en muchos casos incomprendidas? Son preguntas que más de uno se hace dentro de una presa en medio de una calle abarrotada de manifestantes, quizás debajo del sol, calor, incomodidad y hasta el miedo de quedarse sin combustible en sus vehículos o de no poder tomar el segundo bus para llegar a su casa, o con el horror de ver la “maría” correr y correr dentro de un taxi.
La legitimidad de las huelgas viene cayendo desde hace mucho tiempo, y han sido los líderes sindicales que poco a poco se les caen las caretas, como el caso de cierto líder cuyo salario es superior a los cuatro millones de colones y tiene casi tres décadas de tener un permiso sindical para no trabajar en su puesto en un ministerio muy “justo y pacífico”, o de sindicatos rápidos para gestar huelgas en provincias con problemas mucho más grandes que los privilegios que defienden; ¿Es legitima la huelga nacional que hoy vivimos? Es una gran pregunta que muchas personas se hacen, por un lado, el ciudadano común cree que la lucha es contra un plan fiscal que pinta empobrecedor, por otra los funcionarios públicos creyendo que sus salarios serán reducidos y afectados, donde la razón la tiene el pueblo, pero los gremios sindicales hacen creer a los funcionarios públicos que sus derechos adquiridos están en juego, en un país donde la legalidad es el principio medular de la función pública.
El ocaso sindical. Las reformas procesales en materia laboral dieron grandes herramientas a los sindicatos para celebrar huelgas, pero también importantes medios de dialogo previo a las mismas, diálogos que muchas veces son obviados o simplemente dejados en un segundo plano posterior a la demostración de fuerza en las calles, unos con el ruido de la protesta, otros con la fuerza pública resguardando los intereses estratégicos del país. Las medidas legales que se toman contra los huelguistas a hoy serian inéditas en nuestra historia, toda vez que se declaren ilegales los movimientos en cada uno de los ministerios e instituciones que han recurrido a esas instancias, pues el costo político para los jerarcas de esas instituciones y el presidente de la República seria altísimo en caso de aplicar los rebajos de salarios correspondientes, y por otra parte sería una derrota monumental para una clase sindical dirigida por un fénix sindical como Albino Vargas, que ha visto crecer sus acciones en los últimos días y urge de una victoria ante el que podría ser el ocaso sindical costarricense, peleando una batalla cada vez más lejos de ganar para los gremios y más cerca de alcanzar para un gobierno que ya recurrió a la impresión de dinero para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Si aprobar el plan fiscal, declarar ilegal la huelga, tomar acciones contra los trabajadores en huelga y dejar solos en las calles a los dirigentes sindicales dando la pelea no significa la oscuridad plena para el sindicalismo, entonces ¿qué será?
El autor es egresado de Ciencias Políticas AIU-South Florida, USA. Especialista en temas de comercio exterior, logística internacional y derecho comercial internacional; docente universitario y analista político para espacios radiofónicos, televisivos y de redes sociales en la provincia de Limón.
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