El deber de iniciativa tributaria, está consagrado así, en el artículo 18, de nuestra Constitución Política, que cita:
“Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.”
Este deber, se extiende a las personas extranjeras que residen en nuestro país; o bien, a sus empresas domiciliadas en el territorio nacional que generan ganancias; lo anterior con las excepciones dispuestas por ley y según los dispuesto en el Artículo 19, Constitucional.
¿En qué cosiste este deber de iniciativa?
La respuesta es muy sencilla, implica que las personas físicas o jurídicas establecidas en Costa Rica, tomando como base primaria la carta magna, están llamadas a cumplir de manera responsable y honesta con el pago de tributos como sujetos pasivos, según lo dispuesto en las normas creadas para este fin.
En caso contrario, es decir, ante el incumplimiento de este deber de iniciativa, El Estado desde su poder de imperio y por medio del a aparato institucional creado para este fin, en este caso el Ministerio de Hacienda y sus dependencias, tiene la autoridad y también el deber de realizar la fiscalización y cobro de dichos tributos, según sean el mecanismo de determinación que corresponda, una vez que se demuestre el incumplimiento sea de declaración y/o de pago.
En palabras simples, el deber de iniciativa tributaria implica pagar lo que debemos pagar, en tiempo y forma, sin necesidad de que El Estado de manera coercitiva, nos obligue a dicho pago.
En este orden de ideas, emergen de manera inmediata cuestionamientos muy válidos por muchos habitantes de nuestro país, y es, ¿porqué? una y otra vez, las finanzas de Costa Rica están colapsadas; ¿porqué?, es necesario realizar reajustes financieros, implementar planes fiscales, establecer nuevos impuestos o modificar e incrementar los existentes; lo anterior bajo el temor real del desborde financiero.
Cuando un país se ve inmerso en este tipo de acontecimientos, normalmente las preguntas se enfocan en buscar responsables y las respuestas pueden ser también diversas; será únicamente el muy denominado y enmarcado gasto público, el gran culpable; o serán los presuntos robos o inversiones desafortunadas achacadas a la corrupción en distintos gobiernos; sin dejar de lado a los evasores de impuestos amparados a leyes a veces no justas o bien a maniobras contables, las exhoneraciones injustificadas a grandes empresas, y hasta el aprovechamiento de portillos normativos, quienes tienen gran incidencia en la situación financiera que afecta a todas y todos los habitantes de Costa Rica.
Si por un solo momento, se tuviera la capacidad de mirar con lentes distintos nuestra realidad, de manera objetiva y no con la visión de la mera política y las distintas ideologías económicas, si fuera posible dejar la miopía que nos embarga, tal vez seamos capaces, como un país, de ver una luz en el camino y sentar responsabilidades y así, tomar de manera individual y personal pero desde una óptica de verdadera unidad nacional la ejecución de ese deber de iniciativa; siendo que si es necesario el recorte de gasto público el mismo se lleve a cabo mediante un proceso razonado y planificado de manera justa y equilibrada, sin llamar privilegios a los derechos que fueron adquiridos y defendidos por nuestros antepasados; así como realizar los cobros respectivos a las empresas y profesionales independientes que no cumplen con su deber de iniciativa; no obstante desde una utopía se esperaría que surja el sentimiento de cumplir el mencionado deber, abonado por un sentido de patriotismo ausente y urgente a todo nivel en Costa Rica.
Y ni que decir de la necesidad de que la inversión pública se realice con el norte y visión de cumplir con los objetivos previstos para la actividad financiera del Estado; las cuales se enmarcan en tres ejes importantes y que son tema de análisis; a saber: a) lograr la prosperidad social; b) incrementar el desarrollo socioeconómico del país y c) elevar el nivel de vida de los habitantes de Costa Rica; ejes en los cuales, dependiendo de su cumplimiento o no, involucran de una u otra manera el acceso al disfrute de derechos humanos de los habitantes de nuestro país y que son factores contemplados inclusive en nuestra Constitución Política en su Artículo 50, el cual establece que: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.” Entonces, surge otra interrogante, ¿estará el Estado como un todo con sus decisiones procurando lo establecido en la Constitución? De no ser así, ¿porqué no lo está haciendo? ¿es responsable de ello?
Todas y todos somos de una u otra forma responsables de la crisis financiera que atraviesa nuestro país, pero no está bien que la responsabilidad para resolver dicha crisis, o más bien en este caso, poner un parche a la misma, descanse principalmente en los hombros de unos pocos y que el supuesto antídoto para la enfermedad resulte en el sacrificio de los que menos tienen; mismos que desde sus entrañas y en algunos casos sin saberlo, claman por una verdadera unidad nacional que permita salir de la crisis financiera en que nos encontramos.
Ahora más que nunca es necesario ver de forma real y no metafórica la unidad nacional que se clamaba y vitoreaba desde distintas ideologías políticas durante la campaña electoral; en este caso ya no solamente en busca de votos para ganar las elecciones nacionales; sino que se requiere para rescatar de una vez por todas a Costa Rica de la crisis en que se encuentra desde hace décadas.
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