San José, 01 jun (elmundo.cr) – La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX) manifestó su preocupación por los posibles atrasos en la firmeza de la adjudicación del proyecto de modernización de Puerto Caldera, debido a las apelaciones actualmente en trámite ante la Contraloría General de la República.
Esta situación podría retrasar la firma definitiva del nuevo contrato de concesión y generar incertidumbre sobre la continuidad operativa del principal puerto del Pacífico costarricense, señaló Rodney Salazar, presidente de CRECEX.
La Cámara recordó que el contrato actual de operación portuaria vence el 25 de agosto de este año, por lo que el país deberá definir con claridad si será necesaria una extensión temporal del esquema vigente mientras concluye el proceso de transición hacia la nueva concesión.
“El factor decisivo es que el reloj procesal ya entra en la ventana crítica de apelación y, aun si la Contraloría resolviera en plazo ordinario, todavía quedan la formalización, la suscripción y las actuaciones posteriores. Por eso, la estimación razonada más prudente es que existen posibilidades reales de que el contrato no entre en vigencia en la fecha límite prevista”, explicó Salazar.
La Cámara insistió en que la modernización de Puerto Caldera es estratégica para el país. El proyecto, adjudicado al Consorcio Sunset, contempla una inversión estimada de $587,3 millones y fue declarado viable por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), con una relación beneficio-costo de 2,83, lo que respalda su impacto positivo en la competitividad, el comercio exterior y el desarrollo económico nacional.
Según CRECEX, los problemas actuales de congestión y atrasos evidencian la urgencia de avanzar con la modernización. En 2024, los portacontenedores registraron tiempos promedio de espera de hasta 18,1 horas, mientras que en algunos meses las demoras superaron las 48 horas. En el caso de los buques graneleros, el tiempo promedio de espera alcanzó las 223 horas.
La Cámara destacó, además, que la nueva concesión permitiría reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia operativa mediante menores tiempos de espera, una mejor programación de atraques y tarifas más competitivas para exportadores e importadores.
La evidencia oficial permite sostener, por tanto, un mensaje prudente pero sólido: el nuevo puerto puede abaratar los costos de exportación e importación por dos vías simultáneas. La primera es una reducción directa potencial en varias tarifas integrales (“all-in”) respecto de los techos regulatorios del proyecto. La segunda es la disminución del costo logístico asociado a la congestión: menor tiempo de espera en bahía, menor exposición a cierres operativos, mejor programación de atraques, menor riesgo de recargos por demoras y mayor regularidad en la cadena terrestre.
“Costa Rica no puede permitirse incertidumbre en una infraestructura estratégica para el comercio exterior. El país necesita una transición ordenada, seguridad jurídica y decisiones oportunas que garanticen la continuidad del servicio y la modernización de Puerto Caldera”, concluyó Salazar.
