Existen dos formas de hacer política pública. Una basado en evidencias (datos, estadísticas), y otra en ideología. Lina Barrantes publica en la Nación un nuevo artículo (página 19 A, Foro), con una opinión, no evidencias, y critica las estadísticas porque no sustenten sus ideas, que no son si se lee con cuidado de reducir las armas sino su eliminación total en manos civiles (lo que siempre ha defendido la Fundación Arias).
Veamos algunos elementos, pues aunque hay argumentos ya conocidos, hay nuevos elementos. Costa Rica es un país muy pequeño en población, y como mercado potencial para colocar armas de fuego de nula importancia. Un arma de fuego es un bien caro, fuera del alcance de la mayoría de la población (1000$ promedio). Es dudoso creer que importantes firmas como se quiere sugerir se estén peleando este “mercado”. Si 20 personas han pedido audiencia a un diputado (que no se dice cuál), para oponerse a la disminución de armas de 3 a 1, es dudoso que sean las grandes empresas del sector, que existen, pero esas andan en Arabia Saudita, o países ricos.
Dice: “Si usted es ese honorable ciudadano armado, tiene más probabilidades de morir asesinado por un conocido que por un criminal”
NO ES CIERTO. Los datos del estudio del COMESCO (2017), y del OIJ del 2018, señalan que en el 60% de los homicidios se cometen hoy día entre bandas de crimen organizado. Así pues, el ciudadano está más expuesto a quedar en medio de una balacera de pandillas a que lo mate un conocido o que lo asalte un delincuente armado en la calle. Los asaltos son de todos los días. Los homicidios entre conocidos hoy en Costa Rica hoy ya son los menos, entre los varones que no se conocen el 80% y en el caso de las mujeres, el OIJ reporta que en el 2018 crecieron los de homicidios entre “mujeres de la mafia”.
El porcentaje de armas que primero estuvieron registradas (que no inscribibles o legales que es otra cosa), utilizada en los crímenes de las bandas es mínimo. Y ese es el dato clave. Es más, ni el OIJ sabe cuántas pudieron estar inscritas, pues sólo decomisa un mínimo de las armas usadas en los homicidios. El OIJ sabe que el Homicidio se cometió con arma de fuego por los orificios en los cuerpos no porque tenga pistolas humeantes. De los 586 homicidios que hubo en el 2018, en los cuales el 70% se cometió con arma de fuego y se vinculó al crimen organizado, en cuántos casos tenemos detenido y arma de fuego? Poquísimos. Y detenidos con portación legal, de los capturados, menos.
En Costa Rica existen unas 200.000 armas registradas, en la población civil. Y efectivamente, al menos, estiman expertos en mercados ilegales, el doble en forma ilegal, la mayoría en manos de criminales. Como las consiguieron, esta es la verdadera pregunta. Se dice que “algunas” vienen del mercado legal, sin poder establecer nunca cantidad o porcentaje. Aún usando el dato con metodología científica dudosa del 25% que cita Lina (derivado del Informe MSP “Violencia Armada en Costa Rica”, 2018) esto mismo es contundente que No son la mayoría. La semana pasada el OIJ decomisó 22 armas a una organización de narcotráfico en Limón. Si estas 22 armas hubieran venido primero del mercado legal a este hora no se habría publicado con bombos y platillos los números originales de los revólveres y pistolas? Eso sería la prueba contundente que resuelva este debate.
Efectivamente, ningún portador de armas legal se levanta con la idea de tener que matar. Pero tampoco nos levantamos con la idea de balaceras de pandilleros en nuestras calles o de que nos asalten, secuestren o quieran matarnos por un celular. Una política de seguridad debe basarse en evidencia, en estadística. El debate debe ser con datos a mano, la ética y la ideología no nos defienden contra pandilleros armados narcos.
Concluyo replicando las palabras de doña Lina “un ciudadano honorable no se levanta en la mañana decidido a asesinar. El criminal sí”, gracias por darnos la razón y por defendernos, los portadores legales nos defendemos de agresiones ilegítimas, no somos asesinos ni está en nuestro ADN.
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