Hay ideas y libros prohibidos en la Universidad de Costa Rica (UCR). Esto es lo que afirman estudiantes que, una vez más, han atacado la libertad de expresión de quienes piensan distinto de la línea ideológica que siguen los mal llamados “progresistas”.
El lunes 10 de marzo de 2025, un grupo de estudiantes provida sufrió un intento de censura por parte de los representantes de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas (AECP) de la UCR. Tras haber gestionado los permisos correspondientes para utilizar los activos físicos de la Asociación y así presentar sus ideas y algunos libros, los representantes de la Asociación de Estudiantes les retiraron las mesas y sillas a los estudiantes provida, con el argumento de que sus pensamientos correspondían a lo que la AECP denominó “discursos de odio”. Más aún, en un comunicado posterior, esta Asociación llamó al acto de presentar ideas y exponer libros una “evidente violación a los derechos humanos”. Valga aclarar que, ante el intento de censura, los estudiantes continuaron con la presentación de sus materiales desde el piso del edificio universitario, sin ningún tipo de incitación a la violencia.
Ante estos hechos, resulta necesario hacer un análisis sobre el derecho a la libertad de expresión para entender por qué este derecho está bajo ataque por parte de ciertos grupos activistas – y peor aún, en una institución universitaria, que es por definición el hogar de la diversidad de conocimiento. Como podremos ver, esta problemática no atañe solamente a universitarios o políticos, sino que es un tema de interés general.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, enuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, explica la Convención que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por el medio de su elección. Es importante notar que, bajo dicha Convención, el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades posteriores.
Adicionalmente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha referido a estos temas, y ha establecido que representa censura previa “cualquier condicionamiento previo a aspectos tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad de la información”. También, ha reiterado que la libertad de expresión es un requisito indispensable de la democracia, y que se tambalea el principio de legitimidad democrática si no existieran unas libertades capaces de permitir ese intercambio, esto es, la formación de la opinión pública a través de compartir ideas, y formar consensos o disensos.
Si una Convención que versa sobre derechos humanos protege la libertad de expresión, y la Sala Constitucional incluso acude a conceptos de ciencia política en su análisis para defenderla, ¿cómo es, entonces, que precisamente una Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas sea quien publica un comunicado que cataloga al ejercicio de la libertad de expresión, por medio de una presentación pacífica de libros e ideas, como una “evidente violación a los derechos humanos”?
La clave se encuentra en cómo el pensamiento activista actual comprende al ser humano. En su libro “Un mundo nuevo y extraño”, el historiador inglés Carl Trueman explica cómo los grupos activistas han basado la identidad humana en los sentimientos individuales. Así, cualquier discurso que desafíe los sentimientos internos de una persona es considerado, por estos grupos activistas, como un acto de violencia o un discurso de odio. Con base en ello, los “progresistas” promueven una concepción diferente de libertades como la de expresión, que históricamente han sido vistas como componentes vitales de una sociedad libre, pues se ha entendido que el mejor antídoto para las malas ideas es un contexto donde las buenas ideas puedan competir abiertamente en los espacios públicos, y así probar su valor superior. Según Trueman, los nuevos “progresistas” rechazan esa comprensión histórica, y argumentan que la libertad de expresión es solamente un medio para darle impunidad a la intolerancia y legitimar puntos de vista cargados de odio, por lo que quienes promueven ideas contrarias deben ser silenciados y censurados.
Sobre lo anterior, nótese con absoluta claridad que no se está diciendo que los activistas solo buscan evitar el uso de conocidas palabras que han sido usadas con frecuencia para abusar y atacar a ciertos grupos. Por el contrario, como en el caso de lo sucedido en la UCR, la censura se pretende respecto de todo discurso que sea contrario a su forma de comprender cómo debe ser la sociedad. Por lo tanto, es necesario realizar una advertencia clara: en un futuro, esta forma dañina de entender el mundo puede ser -¡y será!- utilizada para censurar a cualquier persona que quiera expresar alguna opinión que no se alinee a la postura de los ideólogos que se oponen a la libertad de expresión. Para brindar un ejemplo de lo anterior basta con leer historias reales de cómo han sido maltratados por sus antiguos compañeros de ideología quienes en algún momento apoyaron al “progresismo”, y eventualmente encontraron algún punto con el que no estuvieron de acuerdo. De tal forma, las acciones de los “progresistas” revelan quiénes son los verdaderos intolerantes.
No es esta, entonces, una realidad a la cual se pueda ser indiferente, como si nunca llegara a ser relevante para la vida personal. No son solamente los estudiantes objeto de censura por la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UCR quienes deben preocuparse por lo acontecido. Por el contrario, es una situación que atañe a todo individuo como poseedor de opiniones, como ciudadano pensante.
Colectivamente, la sociedad costarricense debe aferrarse a lo que ha sostenido a lo largo de la historia: que la libertad de expresión es un pilar de la democracia; que el libre intercambio de ideas es la mejor manera de permitir que las propuestas sean evaluadas; que, como regla general, se debe tolerar que otras personas expongan lo que creen en espacios públicos, incluso, y especialmente, si tales creencias no son del agrado personal.
Que el pueblo costarricense no permita a estos, los verdaderos intolerantes, limitar el proceso pacífico y democrático de formación de la opinión pública. Por el contrario, que les obligue a poner sus ideas sobre el tapete para que sean examinadas con lupa. Una vez estudiadas sus propuestas, será evidente que de “progreso” tienen muy poco.
