San José, 28 mar (elmundo.cr) – El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (Omercon) solicitó a la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (Conassif) “acciones concretas” para abordar el “creciente aumento de los fraudes digitales” asociados a cuentas bancarias y tarjetas.
En una carta enviada a la Conassif, Omercon calificó la situación como una “pandemia” que “está haciendo estragos en las finanzas y en la salud de las personas”.
Omercon argumenta que “algunos entes financieros son laxos en sus acciones y pretenden descargar la responsabilidad y la culpa, exclusivamente en el consumidor”.
Cuestionan la falta de vigilancia en tiempo real de las entidades financieras ante páginas web fraudulentas y la insuficiente investigación en casos de transferencias fraudulentas.
“¿Cómo es posible que un ente financiero corrobore que ha habido un movimiento de recursos fraudulento de una cuenta hacia otra y que no se siga la cadena de transacciones para congelar los recursos?”, señala la carta.
La organización cita la responsabilidad civil objetiva y la teoría del riesgo creado, respaldadas por jurisprudencia y el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, para argumentar que las entidades financieras deben asumir la responsabilidad por los fraudes.
“El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado”, recordaron.
Omercon instó a la Conassif a implementar medidas como protocolos de seguridad más robustos, tecnologías de detección de fraudes en tiempo real, programas de educación financiera y mecanismos accesibles para reportar fraudes.
“Solicitamos de manera vehemente que, hasta que no se demuestre que es entera culpa del consumidor financiero la causa de una estafa, sus fondos, rendimientos, y todos sus derechos sean protegidos y sean resarcidos de inmediato”, exigieron.
Finalmente, advirtieron que la falta de acción por parte de la Conassif podría “dañar seriamente la confianza de los consumidores en las entidades de intermediación financiera”.
