Cada vez que la economía se tambalea o el malestar social aflora, la política costarricense reacciona con su gesto más antiguo: el oportunismo. No falla. Donde hay descontento, habrá una cámara, y donde hay una cámara, aparecerá la casta política con su sonrisa de ocasión.
La marcha por la soberanía alimentaria de esta semana fue un retrato perfecto de esa costumbre. Productores genuinamente preocupados por su sustento se lanzaron a las calles para exigir condiciones más justas, mientras a su alrededor desfilaban candidatos que hace apenas meses no sabían ni pronunciar las siglas de las organizaciones agropecuarias que hoy dicen representar.
Álvaro Ramos, del PLN, prometió “alfombra roja al agro”. Lo dice el mismo partido que durante décadas administró la institucionalidad agrícola y la dejó caer en el letargo burocrático. Y cuando Fernando Zamora lo tilda de oportunista, tiene razón. Pero el fenómeno no se limita a Ramos: es un patrón, una cultura política. Es la casta en acción.
El gobierno actual, demuestra que sigue atrapado en la misma lógica de los partidos tradicionales: medidas superficiales que buscan mostrar acción sin atacar las causas reales de la crisis agropecuaria. La intervención en precios, los subsidios parciales y la dependencia de la burocracia estatal mantienen al productor cautivo del Estado en lugar de liberarlo para que prospere por mérito propio. La estabilidad macroeconómica o las buenas intenciones no compensan la falta de libertad, competitividad y autonomía; mientras persista esta dinámica, el agro seguirá siendo rehén de discursos vacíos y soluciones cosméticas.
Porque esa élite enquistada en la política costarricense, no se define solo por su ideología, sino por su reflejo: aparecer cuando hay votos y desaparecer cuando hay trabajo. Se presentan como defensores del pueblo, pero viven del Estado que ahoga a ese mismo pueblo. Y lo peor es que, en nombre de la “solidaridad” o de la “protección”, perpetúan el asistencialismo y las regulaciones que impiden al productor prosperar por mérito propio.
El campo no necesita discursos ni subsidios eternos; necesita libertad para producir, impuestos razonables, crédito accesible y un gobierno que no lo vea como un cliente electoral, sino como un actor económico. Mientras sigamos creyendo que la solución a cada crisis rural es más intervención, más decreto y más burocracia, seguiremos condenando al agricultor a la dependencia.
El oportunismo político es típico de los políticos tradicionales porque necesitan del problema para seguir existiendo. Si el agro prosperara de verdad, si los productores fueran libres, eficientes y autosuficientes, muchos políticos perderían su razón de ser. Por eso prefieren el discurso de la víctima antes que el de la autonomía.
Claudia Dobles, por ejemplo, ofrece “dignidad productiva”, pero si eso implica más Estado y menos mercado, más controles y menos competencia, lo que realmente propone es dependencia. Esa es la receta que durante décadas ha empobrecido a América Latina.
Costa Rica no necesita políticos que se vistan de campesinos una vez al año. Necesita líderes que comprendan que la prosperidad se construye con libertad económica, estabilidad institucional y responsabilidad fiscal. El agro no debe ser rehén de campañas ni instrumento del populismo, sino pilar de una economía moderna y competitiva.
Cada vez que alguien promete soluciones mágicas mientras ignora las causas reales de la crisis un Estado obeso, regulaciones excesivas y una clase política que confunde gobernar con administrar votos el productor paga el precio.
La dignidad del campo no se recupera con decretos ni con fotos de campaña. Se recupera con respeto real, y ese respeto comienza por dejar de usar al agricultor como telón de fondo político. Si la clase política quiere redimirse, debe hacer algo verdaderamente revolucionario: dejar trabajar en paz a quienes producen.
