Las universidades deberían ser uno de los pocos espacios donde una afirmación pueda resultar incómoda, minoritaria o equivocada sin provocar automáticamente la condena moral de quien la formula. Su función intelectual depende de contrastar hipótesis, revisar convicciones y someter las ideas propias al escrutinio ajeno. El problema comienza cuando determinados espacios de activismo sustituyen esta lógica por otra donde la pertenencia ideológica termina siendo más importante que la consistencia del argumento.
No se trata de cuestionar el activismo universitario en sí mismo. Los movimientos estudiantiles han desempeñado funciones históricas relevantes en la ampliación de derechos civiles, la oposición a regímenes autoritarios y la denuncia de injusticias. El problema aparece cuando una causa deja de ser objeto de reflexión política y se convierte en un sistema cerrado de certezas morales que determina anticipadamente quién puede hablar, cuáles argumentos son admisibles y qué conclusiones resultan aceptables.
En ese momento aparece algo parecido a una fe secular. Surgen dogmas, símbolos, vocabularios permitidos y categorías de personas consideradas moralmente sospechosas. El desacuerdo deja de interpretarse como una diferencia intelectual y comienza a tratarse como evidencia de complicidad con alguna estructura de dominación. Conceptos complejos como colonialismo, apartheid, fascismo, genocidio, supremacismo o resistencia pueden abandonar su función analítica y convertirse en etiquetas cuya sola invocación pretende resolver una discusión.
Un ejemplo especial de esto se encuentra en los debates sobre el conflicto palestino – israelí. Una interpretación recurrente presenta al sionismo exclusivamente como un movimiento colonialista destinado a construir un supuesto “etno Estado”. El enfoque colonial forma parte legítima del debate académico y permite analizar determinadas prácticas desarrolladas durante el Mandato británico y posteriormente. El problema aparece cuando pretende convertirse en explicación total, ignorando que el sionismo surgió también como movimiento nacional judío dentro del contexto de los nacionalismos modernos, influido por siglos de persecución, antisemitismo y pogromos.
La experiencia palestina del desplazamiento, la ocupación y la expansión de asentamientos tampoco puede desaparecer de esa ecuación. Hay además corrientes israelíes contemporáneas que defienden posiciones territorialmente maximalistas y proyectos políticos profundamente excluyentes.
Reconocerlo no obliga, sin embargo, a transformar todo el sionismo en una categoría ideológica homogénea. Bajo esa denominación han coexistido corrientes socialistas, liberales, religiosas, revisionistas, binacionalistas y nacionalistas cuyas concepciones sobre territorio, democracia y relaciones con los palestinos han sido considerablemente diferentes.
Algo similar ocurre con la caracterización de Israel como un simple “etno Estado”. Reducir toda su estructura política a una supremacía étnica uniforme ignora la ciudadanía árabe israelí y la existencia de comunidades drusas, beduinas, circasianas y otras minorías. La realidad admite críticas severas sin necesidad de simplificarla para hacerlas posibles.
Otra expresión problemática aparece cuando determinados sectores utilizan a judíos antisionistas como certificados de autenticidad moral. Sus posiciones son legítimas y merecen ser escuchadas, pero convertirlas en prueba de aquello que los judíos deberían pensar constituye una forma de tokenización. La identidad de una persona puede aportar contexto a un argumento, pero nunca sustituye la necesidad de demostrarlo. Un judío antisionista no representa automáticamente al judaísmo, del mismo modo que un judío sionista tampoco lo hace.
Defender esta pluralidad intelectual no implica aceptar cualquier posición en nombre de la disidencia. La libertad académica no obliga a normalizar la apología del exterminio, la supremacía racial, la persecución religiosa o la negación de derechos fundamentales. Existe un piso normativo construido alrededor de la dignidad y los derechos humanos. Lo que debe permanecer abierto al debate es la interpretación de los fenómenos políticos, la evidencia empleada para explicarlos y la pertinencia de las categorías utilizadas para juzgarlos.
Precisamente por ello resulta problemática la tendencia a presentar el sionismo como una especie de “nazismo del siglo XXI”. No porque el sionismo deba quedar protegido frente a la crítica, sino porque la analogía sustituye el análisis histórico por una condena moral absoluta. El nazismo articuló explícitamente una doctrina racial, totalitaria y expansionista que desembocó en un proyecto sistemático de exterminio. El sionismo constituye una familia heterogénea de movimientos vinculados históricamente con la autodeterminación nacional judía, alinearlos exige borrar diferencias históricas y doctrinales fundamentales.
Esto tampoco convierte automáticamente en legítima cualquier política ejecutada en nombre del sionismo o por el Estado de Israel. Los mismos derechos humanos permiten cuestionar conductas sin necesidad de “ideologizarlas”. Pero su universalidad también exige rechazar la responsabilidad colectiva, la deshumanización y la reducción de millones de personas a una identidad política monolítica, independientemente de si estas prácticas afectan a palestinos, israelíes o judíos de la diáspora.
Aquí aparece una de las mayores contradicciones del dogmatismo político. Una posición puede utilizar un vocabulario emancipador y continuar reproduciendo prejuicios, simplificaciones o mecanismos de exclusión. Del mismo modo, una afirmación incómoda puede ser legítima sin que ello la convierta automáticamente en correcta. La función universitaria debería consistir precisamente en distinguir entre ambas situaciones mediante evidencia, argumentación y contraste documental, no mediante la sensibilidad política dominante dentro de un determinado colectivo.
Cuando una posición política termina fusionándose con la identidad personal, modificar una opinión puede percibirse como una traición al grupo. Por eso algunas discusiones resultan prácticamente impermeables a la evidencia. En esos casos, el propósito del debate académico no debería ser humillar al adversario ni conseguir una victoria performativa, sino introducir preguntas y contradicciones capaces de mostrar a quienes observan que la realidad posee más dimensiones de las admitidas por cualquier narrativa cerrada.
Los derechos humanos deben ser el piso normativo del debate universitario, no una herramienta para clausurarlo. Una academia verdaderamente crítica debe poder cuestionar simultáneamente al nacionalista, al revolucionario, al conservador, al progresista, al sionista y al antisionista cuando sus afirmaciones no resisten el contraste histórico o empírico. El problema nunca ha sido tener convicciones políticas fuertes. Comienza cuando una convicción adquiere inmunidad frente a la evidencia y disentir deja de ser una actividad intelectual para convertirse en una transgresión moral.
Cuando ocurren estas cosas, el campus puede conservar sus debates, conferencias, pancartas y consignas, pero pierde una parte esencial de su función que es el pensamiento crítico. Lo que no significa aprender cuáles ideas deben profesarse, sino desarrollar las herramientas necesarias para someter incluso las propias certezas a examen. Una universidad incapaz de hacer eso corre el riesgo de seguir produciendo militantes convencidos, pero dejar de formar personas capaces de pensar críticamente.
