Asumir la presidencia del Concejo Municipal de Alajuela representó u-no de los mayores retos políticos e institucionales de mi vida pública. No se trataba únicamente de dirigir sesiones o administrar debates: se trataba de devolverle fortaleza, liderazgo y respeto a un Concejo Municipal que durante muchos años fue relegado frente a una estructura de poder concentrada alrededor de la Alcaldía. Por eso, al cumplir esta etapa, considero un deber democrático irrenunciable rendir cuentas a las y los ciudadanos del cantón. La política municipal no puede ser un ejercicio cerrado entre cuatro paredes: es, ante todo, un mandato de servicio que exige transparencia, resultados y la honestidad de mirar a los ojos al pueblo que nos eligió.
Esta presidencia ha estado marcada por tres principios fundamentales: disciplina, trabajo y denuncia. Pero también por un elemento político indispensable en toda democracia: la capacidad de unir a la mayoría de las fuerzas de oposición para construir un verdadero contrapeso institucional frente a una administración municipal que durante años manejó la Municipalidad prácticamente sin límites ni controles efectivos. Gracias a ese esfuerzo colectivo y al compromiso de regidores y regidoras que entendieron la importancia de defender el interés público, logramos consolidar el reconocimiento del Concejo Municipal como el máximo órgano político y deliberativo del Gobierno Local.
El Concejo recuperó su lugar como máximo órgano del Gobierno Local
Quizá el hito político más importante de este periodo ha sido recordarle al cantón —y a la propia administración— que el Concejo Municipal es el máximo órgano de decisión, particularmente en materia presupuestaria y de control de los recursos públicos. Por primera vez en muchos años, el Concejo Municipal modificó de manera significativa la propuesta presupuestaria presentada por la Alcaldía. Esta decisión histórica permitió avanzar hacia una distribución más justa y equitativa de los recursos entre los 14 distritos del cantón, priorizando el bienestar colectivo y no los intereses de grupos específicos.
Se rompió así una práctica largamente naturalizada: que el presupuesto se aprobara tal y como llegaba, beneficiando a sectores específicos en lugar de a la totalidad de las comunidades alajuelenses. La visión fue clara desde el inicio: los recursos públicos pertenecen a todos los ciudadanos y deben llegar a todas las comunidades, sin privilegios ni favoritismos. Hoy, el presupuesto refleja decisiones colegiadas y no la voluntad de un solo despacho.
Seguridad ciudadana: decisiones del Concejo, no improvisaciones
Gracias a esa redistribución presupuestaria se impulsaron decisiones trascendentales en materia de seguridad ciudadana. Por iniciativa del Concejo Municipal —y no de la Alcaldía— se aprobaron recursos para la creación de 30 nuevas plazas de policías municipales, priorizando la seguridad de las familias alajuelenses por encima de la creación de más plazas administrativas. Reforzar la calle, no la planilla burocrática: esa fue la premisa.
Asimismo, se impulsó la reorganización de la estructura administrativa de la Policía Municipal, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la presencia policial y garantizar una respuesta más efectiva ante las necesidades de las comunidades. En seguridad también destaca una acción concreta que devolvió tranquilidad a cientos de vecinos: el cierre del paso entre el sector COPÁN y la urbanización La Baviera. Durante años, más de 200 familias convivieron con problemas de inseguridad y alteración del orden público. Hoy, gracias a una decisión firme y responsable, esas familias recuperaron paz y tranquilidad.
Política social con resultados medibles
En el ámbito social, impulsamos una visión más humana y solidaria de la inversión pública. La política social no se demuestra con discursos, sino con asignaciones presupuestarias concretas. Por iniciativa nuestra se aumentaron las transferencias a instituciones de interés social que durante años enfrentaron limitaciones presupuestarias pese al enorme trabajo que realizan en beneficio de las poblaciones más vulnerables:
- La Unidad de Cuidados Paliativos pasó de ₡60 a ₡100 millones.
- El Asilo de Ancianos recibió una nueva asignación de ₡60 millones, luego de años sin apoyo municipal.
- La Asociación Buen Samaritano aumentó su presupuesto de ₡30 a ₡45 millones.
- Muchas otras organizaciones de bien social vieron también fortalecido su financiamiento, gracias a una política más justa y sensible.
A esto se suma la creación del Fondo de Becas superior a los ₡300 millones, destinado a brindar oportunidades reales a jóvenes y familias que requieren apoyo para continuar sus estudios. Este importante proyecto se encuentra en su última etapa para entrar en ejecución, pendiente únicamente de la aprobación de su reglamento. Es una de las apuestas más significativas en inversión humana: garantizar que ningún joven alajuelense quede sin oportunidades por razones económicas.
Otro logro trascendental fue la aprobación, mediante iniciativa del suscrito, del proyecto que hoy ya es Ley de la República N.° 10932, la cual autoriza la donación del terreno para la construcción del nuevo centro de salud del Área Sur. Esta obra beneficiará a más de 150 mil ciudadanos y representa una inversión estratégica para la salud pública y el desarrollo del cantón. Es una ley con nombre y apellido: el de las familias del sur de Alajuela que durante décadas han esperado servicios de salud dignos.
Intervención del Comité Cantonal de Deportes: despolitizar para servir
Impulsamos también la intervención del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela (CODEA), con el objetivo de despolitizar una institución que durante años estuvo controlada por los mismos grupos de siempre y devolverla a su verdadera vocación: el deporte y la recreación al servicio de la comunidad.
Lo digo sin rodeos: aunque algunos sectores se resistan al cambio y pretendan sostener la falsa consigna de que “ya no son los mismos”, la realidad demuestra que muchos continúan actuando bajo la sombra de quienes mantienen al CODEA en abandono y rezago institucional. Nuestra responsabilidad siempre será defender la transparencia, la apertura y el interés público por encima de intereses personales o políticos. La ciudadanía merece un comité de deportes transparente, técnico y al servicio de los y las atletas alajuelenses.
Denuncia: el deber de no callar
La lucha contra la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos también ha sido una prioridad de esta presidencia. Durante este periodo presentamos cuatro denuncias por presunta corrupción ante la Fiscalía General de la República, destacando el caso relacionado con la no construcción de la planta de tratamiento de Altos de Montenegro. Asimismo, se interpusieron más de diez denuncias ante la Contraloría General de la República relacionadas con el manejo de la hacienda pública y posibles actuaciones contrarias a la ley en la administración de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos.
Estas acciones no nacen de cálculos políticos ni de intereses personales. Nacen de una convicción profunda: los recursos públicos son sagrados y deben administrarse con legalidad, transparencia y responsabilidad. Denunciar no es un acto de revancha: es una obligación legal y ética. Quien administra fondos públicos tiene la obligación de hacerlo conforme a la ley, y quien fiscaliza tiene el deber de actuar cuando esa ley se incumple.
Vialidad: destrabar lo que llevaba décadas detenido
En materia de vialidad y desarrollo territorial, continuamos impulsando proyectos estratégicos que permanecieron abandonados durante más de 30 años. Entre los proyectos impulsados destacan:
- Calle Loma Linda, en San Rafael de Alajuela, y su futura conexión con El Coco; segunda etapa de este importante proyecto.
- Aprobación del dictamen de comisión para habilitar la calle que une Potrerillos con San Rafael, en el sector conocido como PIPASA.
- Asignación de recursos para calle Puente Negro, en Pavas de Carrizal.
- Calle Los Ángeles, en San Rafael.
- Calle Potrerillos, en el cerro de Sabanilla, como ruta alterna entre el norte y la ciudad.
- Habilitación de calle La Gloria, en La Guácima de Alajuela, como vía alterna estratégica.
Cada una de estas vías representa minutos de viaje recuperados, oportunidades de comercio y, sobre todo, comunidades integradas a la vida del cantón.
Recurso hídrico y agua potable: la lucha que no se detiene
De igual manera, hemos retomado con firmeza la defensa del recurso hídrico, tema que bajo mi coordinación seguirá siendo prioritario dentro de la Comisión del Plan Regulador. El agua no es una mercancía: es fuente de vida y motor de desarrollo. Su protección y la garantía de un servicio eficiente de agua potable deben asumirse como una política pública fundamental para el desarrollo humano, la salud y el crecimiento sostenible del cantón.
Nuestra lucha continuará enfocada en garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un servicio de agua potable eficiente y digno, especialmente en distritos y comunidades que históricamente han enfrentado abandono y deficiencias, como Turrúcares, La Garita, Desamparados, y sectores como El Llano, Montecillos y La Trinidad.
Cerrar con lo esencial
Este periodo ha demostrado que sí se puede ejercer un verdadero control político desde el Concejo Municipal; que sí se puede construir mayoría para defender a las comunidades; que sí se puede denunciar sin miedo; y que sí se puede trabajar pensando en todos y no únicamente en unos pocos. El Gobierno Local funciona cuando se asume con disciplina, se trabaja en serio y se denuncia sin temor. Funciona cuando el Concejo entiende que es contrapeso, no acompañamiento decorativo. Y funciona, sobre todo, cuando se hace para todas las personas.
Porque al final, la mayor satisfacción que deja esta presidencia es haber trabajado para todos los ciudadanos del cantón de Alajuela, con firmeza, transparencia, disciplina y compromiso con el futuro. A ellos me debo, y a ellos seguiré rindiendo cuentas.