Costa Rica vive bajo una dictadura tan extraña, tan peculiar, que la oposición marcha contra ella, los sindicatos protestan, algunos sectores universitarios declaran la democracia en peligro, los tribunales resuelven contra el Gobierno y los medios de prensa de siempre, publican extensos reportajes sobre el autoritarismo sin que nadie le impida hacerlo. La tiranía, al parecer, olvidó tiranizar.
El sarcasmo sería apenas divertido si no encubriera una operación política. Cada crítica del Gobierno a una institución, cada denuncia de privilegios y cada intento de reforma reciben el mismo rótulo. Autoritarismo, bukelización, narcoestado o narcodictadura. La palabra ya no describe un régimen. Administra miedo.
Una consigna en busca de pruebas
En ciencia política, una dictadura no es un gobierno que incomoda élites, discute con la prensa o habla con rudeza. Es un régimen que vacía las elecciones, elimina la alternancia, somete los tribunales, neutraliza los controles, persigue a la oposición y restringe libertades. Robert Dahl situó las elecciones competitivas, la libertad de expresión y las fuentes alternativas de información en el núcleo de la democracia. Adam Przeworski lo resumió con precisión. “La democracia es un sistema en el que los partidos pierden elecciones”.
Eso ocurrió en Costa Rica. En febrero de 2026, Laura Fernández ganó en primera vuelta con 1.243.141 votos, equivalentes al 48,53 %, y Pueblo Soberano obtuvo 31 de 57 curules. La oposición conserva 26 diputaciones, acceso a medios, libertad de movilización y todas las vías judiciales y electorales para disputar el poder. La mayoría no es un cheque en blanco, pero sí un mandato. Quienes fueron derrotados no perdieron la democracia. Perdieron una elección.
Los indicadores terminan de arruinar el libreto. Freedom House califica al país como “Libre” con 91 puntos sobre 100. International IDEA lo ubica en el rango alto de sus grandes dimensiones democráticas. Varieties of Democracy lo clasifica como democracia liberal y el World Justice Project lo mantiene entre los países latinoamericanos mejor situados en Estado de derecho. Ningún índice serio llama dictadura, autocracia electoral o régimen híbrido a Costa Rica. Los datos no canonizan al Gobierno. Simplemente desmienten la acusación.
Si la evidencia no acompaña el diagnóstico, no hay diagnóstico. Hay propaganda.
El periodismo de la insinuación
Este 16 de agosto, La Nación y su Revista Dominical ofrecieron una demostración casi didáctica del encuadre por asociación. En una misma vitrina digital desplegaron Pegasus, Cuba, la antigua Unión Soviética, Nicaragua, El Salvador, Viktor Orbán y Hugo Chávez. Ninguna pieza demuestra que Costa Rica sea una autocracia. No hacía falta. La secuencia sugería lo que los hechos no permiten afirmar.
El decreto de secreto de Estado merece escrutinio jurídico y cualquier tecnología intrusiva exige controles severos. El editorial del medio formula objeciones que deben contestarse. Eso es fiscalización. Otra cosa es convertir una controversia jurídica y una sospecha todavía no probada en escenografía de régimen autoritario. La propia diputada Sigrid Segura admitió que no tiene certeza de que el Gobierno utilice un programa espía. Cuando falta la prueba, el condicional, la analogía y el montaje editorial hacen el resto.
La prensa libre es indispensable. La prensa de trinchera no se vuelve más noble por llamarse independiente. Cuando un medio insinúa lo que no puede demostrar, deja de fiscalizar y empieza a militar. Exigirle rigor no es censurarla. Es recordarle que su poder también debe rendir cuentas.
Los sindicatos, las universidades y los grupos ideologizados tienen pleno derecho a protestar. Ese derecho es, precisamente, una prueba contra la dictadura que proclaman. Su problema no es falta de voz. Es que el electorado no convirtió su alarma en mandato.
No hace falta inventar una conspiración ni una sala de mando. Basta observar la convergencia. Unos lanzan la alarma, otros la amplifican y todos esperan cobrar políticamente el miedo.
Los viejos dueños del Estado
La ironía histórica es formidable. El TSE identifica un período de partido predominante del PLN entre 1953 y 1983 y otro bipartidista entre 1983 y 2002, cuando el PLN y el PUSC concentraron votos, escaños e influencia institucional. No fue una dictadura. Fue un orden de predominio partidario, cuotismo, patronazgo, opacidad en nombramientos y colonización de espacios estatales hasta enquistarse.
Quienes durante décadas confundieron mayoría con propiedad descubrieron el autoritarismo justo cuando dejaron de mandar. El PLN perdió tres elecciones presidenciales consecutivas. El PUSC quedó reducido a una curul. El Frente Amplio conserva siete diputados y pleno derecho a fiscalizar. No perdieron libertades. Perdieron centralidad. La democracia no les fue arrebatada. Se les acabó el monopolio.
Oponerse a todo no es un proyecto de país. Convertir cada reforma en apocalipsis tampoco es gobernanza. Cuando la consigna ocupa el lugar de la propuesta, sobran dictadores imaginarios y de ello vive la oposición.
El gobierno de don Rodrigo Chaves dejó crecimiento, reservas récord y menor pobreza, pero también una deuda grave en seguridad. El narcotráfico exige respuestas más eficaces. Una crisis criminal no convierte al país en narcoestado. Para sostenerlo habría que probar que el crimen controla al Gobierno, la justicia, la policía o las elecciones. Esa prueba no existe. La narcodictadura es un artefacto retórico.
La democracia no les pertenece
Nada de esto vuelve infalibles a Rodrigo Chaves o a Laura Fernández. La retórica agresiva, la opacidad y cualquier decisión contraria a la ley deben criticarse, impugnarse y sancionarse. Pero si el TSE resuelve contra el Ejecutivo, los tribunales dictan sentencias, los órganos de control investigan, la prensa acusa e incluso conspira, los sindicatos marchan y la oposición conserva representación sustancial, no estamos ante una dictadura. Estamos ante una democracia que funciona, incluso cuando funciona contra el Gobierno.
El abuso de la palabra causa dos daños. Deteriora la imagen internacional de Costa Rica y banaliza el sufrimiento de quienes sí viven bajo regímenes que encarcelan, exilian, censuran y matan. Llamar dictadura a todo desacuerdo no protege la democracia. La envilece.
La oposición debe fiscalizar, investigar, impugnar lo ilegal y combatir cualquier abuso. Esa es su obligación republicana. Lo que no debe hacer es sustituir las pruebas por miedo, las propuestas por consignas y la autocrítica por una ficción destinada a explicar por qué volvió a perder.
Costa Rica no padece una dictadura. Padece una oposición que todavía no digiere la alternancia, sectores que confunden privilegios con instituciones y un periodismo de insinuación (por llamarlo de forma elegante) que a veces confunde alarma con investigación. Ellos no perdieron la democracia. Perdieron el monopolio con el que pretendían interpretarla.
La dictadura nunca llegó. Lo que llegó fue la alternancia. El pueblo escuchó el miedo, vio la escenografía y no compró el cuento. Para quienes confundieron el poder con una herencia, el Estado con una finca y al ciudadano con una clientela, eso sí debe sentirse aterrador.
