La situación que enfrentan la Zona Atlántica y Turrialba demanda una respuesta inmediata del Gobierno de la República. Cuando las comunidades enfrentan daños, riesgos para la población, afectaciones en infraestructura y alteraciones en servicios esenciales, el Estado no puede limitarse a observar, esperar informes o confiar en que la situación se resolverá por sí sola.
La declaración de zona de emergencia es un instrumento legal del Poder Ejecutivo que permite activar mecanismos extraordinarios para atender desastres naturales, calamidades públicas y otras situaciones que requieren una respuesta urgente. Esta herramienta facilita la movilización de recursos, la coordinación directa entre instituciones y, dentro del marco legal correspondiente, la agilización de procesos de contratación pública para atender las necesidades más apremiantes.
En la Zona Atlántica y Turrialba, una respuesta tardía puede terminar multiplicando los daños. Las lluvias, inundaciones, deslizamientos y afectaciones en vías de comunicación no solamente representan pérdidas materiales: también pueden dejar comunidades aisladas, dificultar el acceso a servicios de salud y educación, afectar la producción agrícola y poner en peligro la seguridad y el bienestar de miles de personas.
Por eso, declarar la emergencia no debe verse como un gesto político, sino como una decisión de responsabilidad pública. Si los informes técnicos confirman que la magnitud de los daños supera la capacidad ordinaria de respuesta de las instituciones, el Gobierno debe utilizar los mecanismos extraordinarios que la legislación pone a su disposición.
Sin embargo, una declaratoria de emergencia tampoco debe convertirse en un cheque en blanco. La utilización de recursos públicos debe estar acompañada de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. La población tiene derecho a conocer cuánto dinero se moviliza, en qué se utiliza y cuáles obras y acciones se ejecutan para proteger a las comunidades afectadas.
Lo que no puede aceptarse es que la burocracia sea más rápida para justificar la espera que para encontrar soluciones. Las familias de la Zona Atlántica y Turrialba necesitan carreteras transitables, puentes seguros, infraestructura resistente, atención institucional y prevención, no únicamente discursos después de cada desastre.
El Gobierno tiene una responsabilidad constitucional y política con todas las comunidades del país. La prevención y la respuesta oportuna pueden evitar que una emergencia se transforme en una tragedia mayor. Por eso, si las condiciones técnicas y legales están dadas, el Poder Ejecutivo debe declarar cuanto antes la emergencia en la Zona Atlántica y Turrialba y poner en marcha un plan integral de atención.
No se trata de esperar a que el daño sea irreversible para actuar. Se trata de anticiparse, proteger vidas y recuperar rápidamente las comunidades afectadas.
Por último, la Zona Atlántica y Turrialba no pueden seguir esperando. Si la emergencia está presente, la respuesta del Gobierno también debe estarlo.
