La reciente publicación del V Informe del Índice de Desarrollo Social (IDS), por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), se produce en un contexto histórico y político crucial para el desarrollo de Costa Rica. El estudio no solo evidencia algunas de las características demográficas y territoriales que dan forma a la desigualdad estructural que experimenta Costa Rica desde hace ya varias décadas, sino que viene a confirmar la relación directa que existe entre demandas sociales insatisfechas y el rezago productivo y económico al cual se enfrenta una mayoría importante de cantones y distritos. Pese a la actividad gubernamental, cada vez más descentralizada, y a una mejor gestión de los instrumentos de política orientados a generar procesos de desarrollo local, este rezago se muestra sostenido en algunas de las regiones del país, en su mayoría, territorios ubicados fuera del Valle Central.
Resulta evidente que una lectura atenta de este Índice, que mide el desarrollo social a nivel distrital, no puede realizarse sin hacer referencia al momento particular por el que atraviesa el país. En perspectiva, las conclusiones que derivan del estudio pueden ayudar a entender de mejor manera los resultados de la contienda electoral del pasado 4 de febrero. El mensaje parece estar claro: una crisis sistemática de representatividad en la función pública (el gobierno central, concretamente), que ha sido heredada por los partidos políticos en el poder, a lo largo de diferentes administraciones. Crisis que también se ha visto agravada por el progresivo deterioro y abandono de la institucionalidad en los territorios rurales, limítrofes y costeros, así como un relativo —y cada vez más visible— desconocimiento de las necesidades reales y modos de vida de las comunidades y grupos sociales que conviven y subsisten en estos territorios.
De los 483 distritos (al estar deshabitada, la Isla del Coco no fue incluida en el estudio), 92 de los últimos 100 puestos del índice corresponden a distritos ubicados fuera del Gran Área Metropolitana. En cambio, 97 de los 100 cantones mejor posicionados en el índice se encuentran localizados dentro de la GAM.
Chirripó (Turrialba), Cureña y Llanuras del Gaspar (Sarapiquí) Telire (Talamanca), Porozal (Cañas), Valle La estrella (Cantón Central de Limón), Colorado (Pococí), Pittier (Coto Brus), Pavón (Golfito) yColinas (Buenos Aires), son los diez distritos que presentan el menor desarrollo relativo y, en consecuencia, el IDS más bajo. Si se considera su participación en las elecciones 2018, en Chirripó, por ejemplo, la participación de votantes en las urnas fue apenas un 36,41%, mientras que en Cureña y Llanuras del Gaspar fue de 37,05% y 44,07%, respectivamente. Ocurre la misma situación con el resto de estos distritos. En todos los casos, el porcentaje de abstencionismo está muy por encima del promedio nacional.
En algunos de estos distritos hay una fuerte presencia de poblaciones indígenas, y en otros se concentra una cantidad importante de afro-descendientes y migrantes nicaragüenses. Además, las regiones con menor desarrollo social, Huétar Norte, Huetar Atlántica y Brunca, son también las regiones del país con la mayor vulnerabilidad ambiental. Basta recordar lo ocurrido con el Huracán Otto y la Tormenta Tropical Nate.
Incluir de forma participativa a la diversidad de grupos poblacionales en estos territorios sigue siendo una tarea pendiente, y ello se ha traducido en apatía y desinterés político. Muchas comunidades en estos distritos han sido excluidas históricamente de las oportunidades reales de desarrollo, y aún hoy son testigos directos de cómo sus opciones de alcanzar una mejor calidad de vida continúan disminuyendo. El automatismo político con que se buscan atenuar estas realidades desde el Valle Central no es la respuesta. Tampoco lo han sido las estrategias para fomentar la acción colectiva y encadenamientos, claves para promover una mejor organización local en lo socio-económico y productivo, que se formulan desde las cuatro paredes de una oficina en San José.
El próximo presidente de la República gobernará la Costa Rica del bicentenario, y uno de sus principales desafíos será promover un desarrollo social acorde con una sociedad pluricultural, multiétnica y compleja, que no solo exige mayor visibilización y representatividad, sino también un diálogo democrático y horizontal, que esté articulado de modo efectivo con las dinámicas, expectativas y capacidades en el ámbito local y regional.
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