Como ya es tradición desde el año 1950, el 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos celebrando la fecha en que en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En esta ocasión Naciones Unidas hace una llamada a todos para defender los derechos del otro. Un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento.
Si bien se trata de una encomiable iniciativa y un recordatorio permanente de las asignaturas que tenemos pendientes para alcanzar sociedades cada vez más justas, libres, respetuosas y tolerantes ante el crisol de la diversidad étnica, religiosa, sexual y cultural de la que se componen nuestras naciones, el doble discurso y las contradicciones son también permanentes precisamente en el mismo seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Consejo de Derechos Humanos es el órgano encargado de promover la coordinación eficaz y la incorporación de los derechos humanos en la actividad general del sistema de las Naciones Unidas. Se compone de 47 miembros, electos por la Asamblea General por mayoría absoluta (97 votos) por mandatos de tres años, de acuerdo a una representación geográfica equitativa, no siendo reelegibles inmediatamente después de dos mandatos consecutivos.
Según los postulados de la ONU, uno de los requisitos para elegir a los miembros del Consejo, es la contribución de los candidatos a la promoción y a la protección de los derechos humanos y sus compromisos voluntarios en este sentido. Una vez elegidos, los nuevos miembros se comprometen además a cooperar con el Consejo y a atenerse a las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos, estando sometidos al mecanismo de Examen Periódico Universal durante su mandato; e incluso, la Asamblea General por mayoría de dos tercios tiene la potestad de suspender la participación en el Consejo a todo miembro del Consejo que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.
Del dicho al hecho sin embargo, hay un gran trecho. Basta con saber que entre los miembros actuales se encuentran países como Costa de Marfil, China, Arabia Saudita, Cuba, Rusia, Ecuador y Venezuela.
En el caso concreto de Venezuela, con el lamentable apoyo del actual Gobierno costarricense, el cual también brindó su venia para que este país que presenta serias falencias en el respeto a las más elementales formas de la democracia y al respeto de las libertades fundamentales, ocupara también un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En cuanto a los demás países, los casos van desde restricciones a la libertad de expresión, hasta graves violaciones en razón de género, religión y derechos sexuales, que se han convertido en parte de una rutina que amenaza con volverse contagiosa. Esta situación hace nugatorio el mecanismo de control y garantía de protección de derechos humanos de los países miembros del Consejo, y evidencia el silencio cómplice de los electores que anteponiendo intereses y votos para otros órganos de Naciones Unidas, o para acuerdos de índole bilateral, utilizan como moneda de cambio los derechos humanos para estas transacciones diplomáticas
Si el doble discurso alcanza tan altas esferas, es entendible que llevemos 66 años conmemorando una fecha solo para evidenciar lentos y a veces nulos avances en la progresividad de la tutela de derechos.
Países como el nuestro no pueden ver esta situación con indiferencia. El mundo globalizado e informado de nuestros días esta siendo testigo del paulatino derrumbe de conquistas centenarias propias de la civilización occidental que, con sus virtudes y defectos, ha ido superando las peores formas de discriminación. Ello no es, sin embargo, motivo de satisfacción, el camino por recorrer es largo y empinado. Nuevos y quizá más peligrosas formas de degradación humana ganan terreno en diferentes partes del mundo y la llamada esclavitud del siglo XXI, la trata de personas, se convierte a vista y paciencia del mundo en la tercera fuente de ingresos después de las armas y la droga.
Un aniversario más de la Declaración de los Derechos Humanos amerita un alto en el camino. Amerita que los dirigentes políticos seamos más exigentes a riesgo de no ser bienvenidos en todas las recepciones oficiales, pero también debemos ser más exigentes con nosotros mismos, con la forma en que nos relacionamos social y económicamente con nuestros semejantes, a riesgo también de hablar claro y tomar posiciones.
Amerita que comprendamos que la diplomacia de la complacencia o del trueque no conduce a ninguna parte y que la tolerancia tan alabada y admirada, también tiene sus límites, en los foros políticos y en nuestra vida personal.
