La educación pública primaria y secundaria deberían ser prioridad por fin para este nuevo gobierno. Los recursos ilimitados y ociosos se encuentran en las arcas del FEES, producto del artículo constitucional mal interpretado relativo a destinar recursos a la educación hasta alcanzar el 8% del PIB. La educación pública universitaria debería también tener entre sus prioridades obtener hasta sus propios recursos.
El Código de Trabajo que se aplica sólo al sector privado, debería de aplicarse también al sector público. O sea, sin salario escolar, sin pensiones de lujo, sin vacaciones ilimitadas, sin cesantías mayores a 8 años, en fin, sin todos los privilegios de las convenciones colectivas, producto de la tergiversación en la mala interpretación y sin sanciones, del artículo 62 de la Constitución.
Otra Constitución Política, es innecesaria para Costa Rica. La Sala IV debería tener como prioridad, la actualización día a día de todo lo relativo a la Constitución. Ya habían modificado un artículo para permitir la innecesaria reelección presidencial, así que sí se puede corregir todo lo demás que sea necesario.
Todas las auditorías internas y todas las instituciones encargadas del control del gasto público, deberían tener más autoridad y más responsabilidad, que no sea sólo hacer recomendaciones que nadie hace caso, de lo contrario nunca van a alcanzar los impuestos ni los préstamos internacionales para pagar tantos privilegios y tantas fugas de los recursos públicos, en privilegios salariales, casos cochinilla, casos diamante, en fin, etc, etc.
No es difícil. Si se puede mejorar para todos los costarricenses. Ojalá este nuevo gobierno por lo menos lo intente.
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