Los costarricenses aceptamos con infinita paciencia el confinamiento, asumiendo graves perjuicios económicos a cambio de proteger la vida, primero de los mayores y luego la de todos. Pese a la fiera lucha iniciada por el gobierno, para evitar el contagio del COVID 19 también la economía fue afectándose, el desempleo creciendo de manera preocupante, y así la tasa delincuencial del cual se habla poco.
Sin embargo y al mejor estilo PAC el gobierno de Carlos Alvarado imitando a Luis Guillermo cuando envió a consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del matrimonio igualitario a espaldas del pueblo, también secretamente nació la UPAD y se pretendía de manera sigilosa manejar el tema del préstamo con el FMI para que el país no tuviera tiempo de reaccionar para cuando se enterase.
Está claro que debido a las recientes y acaloradas manifestaciones y enfrentamientos entre pueblo y Fuerza Pública, por el tema de nuevos tributos, el ejecutivo retiró el proyecto, dizque se va reunir en una mesa multisectorial para encontrar respuestas a la situación deficitaria y de falta de recursos que enfrenta nuestro país.
Cabe destacar que la deuda soberana incurrida por gobernantes que nos endeudaron sin el consentimiento del pueblo, usando los fondos para hacer clientelismo político, malas inversiones, gastar en beneficio personal o bien heredándonos un hueco fiscal, no debería ser transferible al gobierno sucesor como tampoco al pueblo, sobre todo si los acreedores conocían de antemano estos hechos.
En tiempos normales esas disfunciones de la política quedaban tapadas y la polarización inmunizaba a los políticos, frente a las consecuencias de sus errores. La pandemia ha desvelado una verdad dolorosa: la incompetencia porque esta cuesta vidas, arruina negocios y destruye economías, como lo demuestran las decisiones del Poder Ejecutivo.
Se entiende el tributo como una imposición que el Estado le hace a los ciudadanos para que este los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. La economía está en crisis, necesita reactivarse para producir, lo que significa que los nuevos tributos pueden y deben esperar.
A todas luces el PAC, sigue con su insensatez política e incompetencia y un discurso plagado de guiños populistas y mentiras ideológicas. Mientras tanto los ciudadanos debemos impugnar tal soberbia, y decirle al señor presidente que la falta de diálogo es una amenaza para nuestras libertades y bienestar económico.
Finalmente, el frustrado proceso para reunir los diferentes actores sociales convocados por los poderes ejecutivo y legislativo es un tropezón más, está en peligro la estabilidad social y política. En la mesa sigue salir del atolladero y encontrar un rumbo nuevo que nos lleve a la acción: ante lo duro y lo tupido de las calamidades que nos aquejan nadie pude hacerse el sordo ni mirar para otro lado.
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