El déficit fiscal en Costa Rica es un problema que nos compete a todos, principalmente cuando es la sociedad civil la que debe implementar una serie de recortes o medidas económicas extremas, para poder contrarrestar la deuda presupuestaria que posee ésta República, la cual deberá de ser enfrentada por el actual gobierno de unidad nacional, a raíz del despilfarro efectuado durante las últimas décadas, por sectores gremiales de todos los colores políticos que actuaron de una forma mezquina e inescrupulosa, frente a los manejos de los fondos públicos de los costarricenses.
Sumado a lo anterior, tenemos ahora al descubierto el presupuesto sin ningún criterio técnico ni fiscalización alguna que reciben las universidades estatales y que fue denunciado en la última semana, contribuyendo éste al descalabro de la economía del país, donde una parte importante de empleados universitarios sufragan sus cuentas a costillas de las carencias de miles de estudiantes de escuelas y colegios e inclusive, frente a los mismos becados de las mencionadas universidades que se quejan constantemente de las bajas ayudas socioeconómicas que reciben.
Los centros públicos de enseñanza básica y media en Costa Rica, no forman parte del imaginario del “país más feliz del Mundo” y menos de los premios que reciben las mencionadas universidades a nivel internacional por sus investigaciones científicas, debido a que éstos establecimientos de educación, no poseen ni un techo y menos un pupitre que albergue a una formación integra y de calidad, porque de eso somos testigos los costarricenses en todo el territorio nacional.
Esta situación descrita anteriormente, contribuye al detrimento de la educación de niños y jóvenes que no genera discusión crítica en las universidades estatales, más allá de las manifestaciones públicas en pro de todas y todos sus agremiados y en perjuicio de las futuras generaciones que por lo visto, no podrán ni siquiera soñar con alcanzar una educación superior al paso que vamos.
El Ministerio de Educación Pública, se defiende aduciendo que nunca ha pedido cuentas al respecto, en cuanto al presupuesto que gira a estas casas de enseñanza superior y ni qué decir del Gobierno que se ampara en la ley de 1976 y en los artículos 78, 84 y 85 de nuestra Carta Magna, donde se establece el destino del 8% del Producto Interno Bruto, para la enseñanza en cuanto al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que a estas alturas, ya es más que escandaloso.
No es un secreto para nadie los billones que maneja éste Fondo a pesar de la crisis fiscal, donde el 80% de lo que recibe, se designa según las mismas autoridades universitarias al pago de salarios de sus funcionarios, llámense éstos docentes o administrativos en propiedad, ya que los interinos sobreviven con sueldos de hambre ante las disparidades de los demás.
Por otra parte si reflexionamos sobre la matrícula en la Universidad de Costa Rica, ésta ha disminuido en los últimos 10 años, siendo la menos dinámica de todas en contra posición con el presupuesto que posee, el cual es sumamente pujante, evidenciando un incremento del mismo en el último tiempo de hasta un 116%.
Así éstas universidades se visualizan como repúblicas o gobiernos independientes en lo administrativo y estatales en lo concerniente a los fondos que administra el Estado, los cuales salen de la bolsa de todas y todos los costarricenses, siendo necesario que se restructure la economía de ésta Nación, pero desde la base hasta las cúpulas del poder que también, incluyen a éstas instituciones y todos sus agremiados.
Es inaceptable y poco serio el tratar de justificar, el excesivo presupuesto que manejan éstos centros de formación académica en medio de ésta crisis fiscal, a través del 24% de las publicaciones científicas que realizan en todo Centroamérica y el 80% dentro del país, según sostienen las autoridades de la UCR en pro del desarrollo de ésta Nación, mientras situaciones como: la naturalización de la violencia contra las féminas, crece día con día, frente a estudiantes y docentes dentro de éstas casas de estudio, exponiendo más allá de las publicaciones científicas que (los acosadores sexuales y laborales están a la orden del día), junto a sus salarios de lujo, los cuales terminamos pagando todos los costarricenses.
Porque ahora las universidades públicas, son cualquier cosa menos ambientes seguros y libres de violencia sexual, para que tomen nota las más altas autoridades universitarias, en lugar de andarse lavándose la cara con alguna que otra declaración, ante los medios de comunicación, debido a que si a una Diputada se le violentó su dignidad a través de una red social, por parte de un profesor y coordinador de cátedra de la UCR, ya podemos imaginarnos a lo que estarán expuestas las alumnas y profesoras dentro de esa “casa de estudios superiores” y más, si enfrenta a sus agresores…
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