La Constitución Política ha sido el marco normativo por el que se han suscitado diferentes disputas de poder y problemas en el ámbito político. Su importancia obliga a tenerla como el máximo instrumento jurídico de nuestro país, del cual se deriva y depende el cuerpo normativo y todas las demás normas de un país, que deben estar en concordancia con sus preceptos.
La crisis del Estado apunta a la necesidad de abordar el proceso de modernización estatal y una nueva constitución capaz de insuflar nuevos ánimos a políticos, ciudadanos y a instituciones en la búsqueda y en la maximización del potencial de elección para todos los individuos en el territorio de un Estado.
Ese modelo constitucional requiere, sin duda, un esfuerzo denodado en su construcción y, en cuanto tal, precisa ser elaborada con una dosis considerable de habilidad. Se trata de diseñar, por tanto, un compromiso con la Constitución como sistema de valores que debe quedar definido en el texto constitucional como marco legal sobre el que descansa la adhesión y el reconocimiento.
La constitución actual padece de un agotamiento jurídico-político, que viene a corroborar la finitud del Estado como instancia organizativa básica y hace necesario una revisión de la carta magna actual, que debe estar abierto a un discurso constitucional pleno y a procesos novedosos al margen de las propias instancias estatales.
Sin lugar a duda una nueva constitución nos permitiría como sociedad forjar nuestra identidad colectiva conectando nuestras raíces históricas con las expectativas de un pueblo que entronca la cultura con las esperanzas y deseos hacia el futuro.
En este sentido, a nivel global, la carta magna contiene siempre una columna vertebral de derechos constitucionales y libertades fundamentales, a cuyo respeto se obliga el Estado para con todos los habitantes de su territorio y otra igualmente relevante con la estructura del poder legítimo, que se organiza y distribuye.
En Costa Rica algunos ciudadanos han levantado la voz y se han dado a la tarea de elaborar un borrador con mucho espacio para quienes desean contribuir con este trabajo.
Esto se debe en primera instancia a que al sistema político costarricense le han brotado tumores malignos muy dañinos y carece de defensas frente a sus propias perversiones y al momento no tiene cura para deshacerse de ellos.
En otras palabras, se debe reformar el sistema político para que podamos solucionar la crisis de gobernabilidad y representación que afecta la política. También es necesario cambiar de manera fundamental nuestro modelo socioeconómico a uno incluyente y participativo.
Por último, la Constitución actual no da cuenta de la realidad social, Costa Rica necesita reconstruir las bases para un Estado social de derecho fuerte, capaz de enfrentar los tiempos modernos y venideros para esta y las futuras generaciones, que forman parte de la sociedad.
