Si algo ha perdido el costarricense, es la capacidad de asombro, ya nada de lo que sucede, no solo en la vida política, sino en cualquier campo, produce asombro, nos hemos acostumbrado a ver como natural actos de corrupción a diario, interferencia de poderes, negociaciones oscuras entre políticos y empresarios e incluso el narcotráfico penetrando los tres poderes de la República, ni que decir de las medidas arbitrarias y hasta represivas que el Gobierno, sin ningún miramiento y sin ninguna oposición, toma en contra de los ciudadanos y todos lo toleramos.
La ingobernabilidad ha llevado a que instituciones como la Contraloría General de la República CGR, asuma un rol que no le compete y se convierta en un órgano político y no técnico, que interviene según los interés de terceros o de acuerdo a la visión y el compromiso del jerarca de turno; un caso muy particular nos refiere a la relación CGR versus el Consejo Nacional de Producción CNP, donde se evidencia que existe un ensañamiento en las decisiones de este órgano contralor, cuando se trata del CNP.
En el mes de mayo del año 2013, fungiendo como contralora Rocío Aguilar Montoya, el Área de Fiscalización Operativa de la CGR, en su informe NO. DFOE-EC-IF-05-2013, recomienda a la Junta Directiva del CNP, valorar el cierre de la institución, según el informe, por deficiencias en el cumplimiento de sus metas. Sobre lo cual, a la fecha se ha demostrado todo lo contrario, pues la gestión operativa del CNP y FANAL ha arrojado, no solo un crecimiento económico positivo, sino que ha superado las expectativas en los objetivos que la Ley Orgánica le encomienda al CNP, en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de muchos productores costarricenses que se vinculan a la institución a través de sus programas.
En el año 2013, en la Administración Chinchilla Miranda, la Presidencia Ejecutiva del CNP, decide vender la sede central del CNP, se presenta una denuncia ante la CGR, en la cual se solicita que se obligara a la Administración Superior del CNP, a presentar un plan de restitución de la sede y este órgano Contralor, responde que se trata de un tema de decisión interna administrativo. Hoy el CNP alquila, ya que fue desalojado de la que fuera su sede propia desde su fundación, un terreno de más de 2 hectáreas y de condiciones, imposibles de encontrar en el casco metropolitano.
En el año 2019 la Administración Superior del CNP, ante gestiones de la Primera Dama de la República, Claudia Dobles Camargo, el entonces Ministro de Deportes, Hernán Solano Venegas, la ex Presidenta Ejecutiva de AyA, Yamileth Astorga Espeleta y el Presidente de la Federación de Futbol, Rodolfo Villalobos Montero, celebran un convenio en uso precario por 30 años, prorrogables, en el cual le ceden un terreno a la Federación, propiedad del CNP, ubicado en San Rafael de Alajuela, para la construcción de canchas de futbol para la práctica de futbol de equipos femeninos, a cambio de la posibilidad de adquirir, eventualmente, algunos productos alimenticios a través del programa PAI del CNP, esto a pesar de que la ley establece que este tipo de convenios entre públicos y privados, solo pueden celebrarse si existe afinidad en las actividades o el fin de las mismas, lo cual a todas luces no sucede, no obstante, de nuevo la CGR, no cuestiona este acuerdo de la Junta Directiva del CNP.
En las últimas semanas de nuevo, la CGR se ensaña contra el CNP, emitiendo un criterio político en la Asamblea Legislativa, ante el arrebato de modificar la ley que permite a las instituciones del Estado, de manera obligatoria, abastecerse a través del PAI, pretendiendo favorecer con semejante medida, a las empresas comercializadoras de alimentos, para proveer los comedores escolares, despojando de ese mercado a los Productores Agroalimentarios Pequeños y Medianos, argumentando el buen uso de los presupuestos públicos, para así evitar el pago de supuestos sobreprecios. Curiosamente no cuestiona, ni investiga a más del 40% de las casas comerciales privadas, que también abastecen esa demanda institucional y que igualmente es presupuesto nacional.
No bastando, en fecha reciente, retrasa la aprobación del presupuesto del CNP, ya excluido de forma temporal, por la clausula de escape de Regla Fiscal por la Comisión Nacional de Emergencia CNE, para atender la crisis sanitaria y sus efectos, con lo cual se provocó un desabasto de alcohol, dis que amparados al cumplimiento de Regla Fiscal, del cual, reiteramos, ya había sido excluido el CNP y FANAL, asimismo se causó una significativa merma en la producción de alcoholes, incluyendo las soluciones para la CCSS, a la que FANAL le vende al costo.
Además esta medida propiciaba el no pago de impuestos, que no se pudiese pagar a los suplidores del PAI, que la FANAL tampoco pudiera comprar materia prima para producir alcoholes y bebidas; a pesar de tener los recursos para atender estas obligaciones, recursos que son generados por la misma actividad comercial que despliega el CNP y FANAL y que valga aclarar, contrario a lo que algunos medios alineados al poder económico publicaron, no se trataba de darle más recursos al CNP, sino de permitirle la ejecución de su presupuesto.
Sin duda se actuó de mala fe, no solo perjudicando a los Sectores Productivos, sino a la misma ciudadanía costarricense, en beneficio de los intereses económicos que se mueven detrás de los negocios del Estado y que pareciera están vinculados estrechamente a algunas decisiones que se giran en instituciones como la propia Contraloría.
Concluimos que este país debe revisar profundamente la gestión de la Contraloría General de República y de sus órganos ejecutores de control, como lo son las Auditorías Internas Institucionales, que son responsables de advertir casos de corrupción como a los que por costumbre la CGR llega tarde, por ejemplo, casos como OAS, SORESCO, Ruta 27, Caja Fischel, Alcatel, Trocha Fronteriza, Yamber, Cementazo y recientemente Cochinilla, este último con contratos de las mismas empresas que se refrendaban sin ningún cuestionamiento. En la mayoría de estos casos, han sido funcionarios de las propias instituciones quienes han salido a denunciar estos hechos a los medios de comunicación, como corresponde, cuando quienes debieran ejercer el control interno no lo hacen, pues la CGR es sinónimo de un viejo sabueso que persigue a los ratones, pero se le escapan los elefantes.
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