Para quienes somos estudiosos de la política y de la historia nos apasiona escribir de grandes transformaciones y cambios en nuestro país. Mi felicitación honesta y sincera para la presidenta Laura Fernández y ojalá le vaya bien para que al resto de costarricenses nos vaya bien. Pero, hay un detalle que destaca: hoy encabezan mujeres el Poder Legislativo – incluso con una mayor composición de diputadas que hombres, dejando atrás una deshonrosa tradición de no representar a la mayoría del electorado: las mujeres -, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto es histórico y muestra un trabajo de muchas personas que desde varios flancos han luchado por su participación en los poderes del estado y hoy es una tarea casi completa.
Mientras que el electorado costarricense ha dado una señal de madurez democrática y ha elegido una presidenta de la República y más diputadas, todavía hay un poder de la República en que las mujeres, de manera absolutamente injustificada, tienen una cuota de poder inferior a su proporción poblacional. No me queda la menor duda del brillante desempeño y profesionalismo de fiscales, juezas y funcionarias judiciales en general, pero cuestiono ¿por qué según el Observatorio de Género del Poder Judicial las mujeres representan apenas el 41% de las magistraturas, frente al 59% representado por los hombres? Es evidente que nuestro país requiere tener más que sólo 9 magistradas en la Corte Suprema de Justicia.
Sería una contradicción que la institución encargada de impartir justicia excluya de facto al grupo poblacional mayoritario según el Censo del INEC, además, son mayoría en el padrón electoral según el TSE. Estamos ante una encrucijada, la justicia no puede ni debe ser desigual, ni discriminatoria ni muchos menos excluyente. Es por eso que la noticia que el exmagistrado Ramírez duró 41 años en su puesto de forma ininterrumpida pese a diversos cuestionamientos y más recientemente, el escándalo del exmagistrado Celso Gamboa que fue el primer costarricense extraditado a Estados Unidos por sus aparentes vínculos con el narcotráfico, nos hacen reflexionar que hay que hacer un esfuerzo enorme para nombrar a nuevas o nuevos magistrados. Como dice el refrán popular “de juez de poca conciencia, no esperes justa sentencia” y Costa Rica merece algo mejor.
Corresponde a esta Asamblea Legislativa votar por la reelección de magistrados o nombrar otros. Es evidente que el electorado ha dado un mensaje claro y contundente: CAMBIO. La mayoría electoral está cansada de reformas suavecitas, de chorizos, de discursos vacíos y entregaron un voto de confianza al chavismo. Dios quiera que haya patriotismo y se escojan a las mejores personas, las más preparadas, que Costa Rica sea una meritocracia, que los cargos sean ocupados por los mejores funcionarios y que la rendición de cuentas e incluso la revocatoria de mandato sean una constante que permita al pueblo realmente tener el poder.
Voces críticas de la situación actual hay muchas. La señora magistrada Roxana Chacón criticó a lo interno de Corte Plena diciendo que “no podemos permitir que en asuntos de delitos sexuales se siga sin posibilidades de tener un juicio rápido en menos de 10 años”, e hizo eco de un clamor popular: Costa Rica exige justicia pronta y cumplida. Por lo tanto, le corresponde a una decisión meramente de voluntad política de quienes juran defender la Constitución que se haga cumplir el Artículo 41 que dice: “ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.
En síntesis, es mi genuino deseo que desfilen nuevos rostros en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, que se acabe con las designaciones politiqueras y que, en el futuro muy cercano con una participación equitativa entre magistradas y magistrados, con un profundo compromiso con la Patria y nuestra sociedad costarricense se realicen importantes transformaciones judiciales. En el pasado se dieron, hoy se están realizando, pero falta acelerarlas y profundizarlas en pro de una sociedad más justa como pilar para la democracia.