San José, 03 jun (elmundo.cr) – En los primeros tres meses del año 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó un total de 55 personas menores de edad que denunciaron ser víctimas de hostigamiento sexual, lo que enciende las alertas de la Defensoría de los Habitantes ante la necesidad de reforzar las medidas en los centros educativos para prevenir este tipo de violencia.
Mientras que en enero y febrero se registraron 15 casos cada mes, en marzo la cifra ascendió a 25, siendo el MEP la institución que más denuncias registra por hostigamiento sexual a nivel del Estado costarricense.
“Debemos trabajar muy fuerte a nivel institucional para garantizar espacios seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes, pues las cifras nos alertan de que la violencia que sufre esta población no cesa”, dijo esta mañana el defensor adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira.
En los primeros tres meses de 2026, diversas instituciones públicas reportaron a la Defensoría un total de 176 denuncias por hostigamiento sexual, de las cuales casi el 90% fueron presentadas por mujeres. Si se compara con el mismo período de 2025, se registraron 37 casos más en 2026.
Del total de denuncias, 121 corresponden a casos entre personas mayores de edad, lo que también evidencia la frecuencia con que estas acciones de violencia sexual se presentan en los ámbitos laboral y educativo.
Por la naturaleza de las manifestaciones de acoso sexual, algunas de ellas también pueden constituir un delito. La diferencia con la falta administrativa sancionada por la Ley N.° 7476 radica en que esta supone consecuencias disciplinarias, desde amonestaciones hasta el despido, mientras que las conductas que también constituyen delitos sexuales pueden derivar en penas privativas de libertad. Se trata de dos ámbitos de responsabilidad diferentes y no excluyentes.
Para la Defensoría es urgente fortalecer las acciones de prevención y sensibilización orientadas al reconocimiento del hostigamiento sexual y a las formas de actuar frente a esta problemática, particularmente en aspectos como la no revictimización y la confidencialidad, así como garantizar mecanismos de denuncia y sanción accesibles y eficaces.
El acceso a la información sobre las conductas que configuran el hostigamiento sexual contribuye a que la población pueda identificar estas situaciones de violencia y acercarse a presentar las denuncias correspondientes.
