Como es natural al calor del enojo y la frustración que nos producen las recientes noticias sobre la enorme red de corrupción, de la que pareciera solo estamos viendo la punta del iceberg, es fácil perder la perspectiva. Si revisamos la gestión de los más recientes proyectos de infraestructura, las historias de terror van mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Hagamos un rápido recuento de algunas de ellas: a) la carretera de acceso al puerto de Moín, en Limón fue calculada equivocadamente en 80 metros, El costo de corregir este error fue de $14 millones b) El gobierno compró una planta de producción de asfalto en $5.5 millones. Luego de iniciar la producción el gobierno se dio cuenta que era más caro producir en la planta que había comprado y que era que más barato comprárselo a cualquier proveedor privado, por lo que la planta está actualmente en total abandono, c) El gobierno intentó reparar el puente llamado popularmente puente de la Platina. Gastó $4 millones sin ningún éxito, por lo que se vio en la necesidad de contratar una empresa especializada en puentes para su reparación. d) El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), gastó $146 millones en la prefactibilidad de la represa de Diquis, la cual nunca se construyó, e) Japdeva, la empresa del gobierno que maneja el puerto de Moín en Limón, compró dos grúas para descarga de contenedores por $16 millones. Esto sucedió poco antes de la entrada en operación del puerto de concesión privada construido y administrado por APM Terminals, por lo que las grúas ya no eran necesarias, f) El banco estatal Bancrédito fue liquidado y cerrado por mala administración. La pérdida para el Estado fue de $86 millones, g) La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) invirtió $50 millones en la construcción de una refinería que supuestamente operaría en conjunto con una empresa estatal de China. La planta nunca se construyó, h) La carretera a San Carlos que se inició en 1989 y aún no se ha terminado luego de 9 administraciones y unos 20 ministros de Obras Públicas, con los consecuentes enormes aumentos en costos.
En una contundente afirmación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha determinado que el gobierno de Costa Rica, despilfarra desperdicia y malgasta por año 1.5 billones de colones, equivalente a 4.4% del PIB. En palabras textuales del BID, esta gigantesca ineficiencia se da “por el pago de remuneraciones a sus empleados, en compras mal planificadas y en transferencias no focalizadas que no dan resultados”.
Como la mayoría de los problemas de alguna magnitud, no es posible explicarlos desde una sola perspectiva, creo que el cáncer de la corrupción tiene tres raíces: la incompetencia, la negligencia y la falta de un sistema que sea claro por medio de hechos y no palabras, con relación a las consecuencias de las conductas indeseables, así como de las deseables, En Costa Rica se ha vuelto difícil, sino casi imposible, remover de su cargo a un funcionario público por una falta grave o incompetencia. Esto debido a lo complicado de los procedimientos administrativos requeridos por ley. Recuerdo haber oído a un político decir que la razón por la cual las cosas no cambian en el país, es la existencia de un grupo de personas que están enquistadas desde hace ya muchos años en los mandos medios del sector público.
En el sector público se conceden incentivos por los motivos equivocados, como por ejemplo la puntualidad y la antigüedad. Se conceden estos incentivos en lugar de premiar el buen desempeño y el buen servicio al público por medio de la medición de variables que permitan hacer evaluaciones objetivas. No es posible ni sostenible, continuar teniendo más de 330 instituciones públicas, muchas de las cuales no cumplen o cumplen de forma poco satisfactoria con la misión para la cual fueron creadas.
En la opinión pública costarricense existe, hoy en día, una incómoda y peligrosa sensación con relación a la falta de consecuencias para los imputados en los grandes escándalos de corrupción como son el caso Yanber, el caso UPAD y el Cementazo. Esta sensación está más que justificada ya que, según el Informe del Estado de la Justicia, solo uno de cada diez casos de corrupción llega a juicio. A esta conclusión llegó el Informe del Estado de la Justicia, tras analizar los 370 casos que se gestionaron durante el año 2019.
Hago un vehemente llamado a los candidatos a diputado y a la Presidencia de la República, con el fin de que se tomen las acciones necesarias para corregir esta peligrosa situación. Recordemos que el mal manejo de los grandes escándalos de corrupción de la constructora Oderbrecht en Perú son, en buena medida, la razón por la cual ese país se encuentra en la grave situación que enfrenta actualmente. No dejemos que esto le suceda a Costa Rica. Creo que aún estamos a tiempo.
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