El 7 de noviembre de 1889 no fue un día cualquiera en la historia nacional. Fue una jornada fundacional en la que el pueblo costarricense, y particularmente el pueblo josefino; se levantó con dignidad para defender el principio más sagrado de la convivencia republicana: el respeto a la voluntad popular. Aquel día, las multitudes no se movilizaron por hambre ni por resentimiento, sino por una conciencia cívica profundamente arraigada en la legitimidad del sufragio. Se trató de un acontecimiento sin precedentes, en el cual la ciudadanía se impuso ante las estructuras del poder para exigir el reconocimiento del triunfo de José Joaquín Rodríguez Zeledón, frente al candidato oficialista Ascensión Esquivel Ibarra, quien era apoyado por el presidente saliente Bernardo Soto Alfaro.
La actitud del presidente Soto constituye, en la historia política costarricense, un hito ético y jurídico. Su negativa a recurrir a la violencia para sostener un régimen debilitado revela la madurez institucional alcanzada por el Estado liberal del siglo XIX y prefigura el ethos democrático que caracterizaría a Costa Rica en el siglo XX. “La decisión de no derramar sangre nacional fue un acto fundacional de legitimidad moral, más poderoso que cualquier decreto o Constitución”, afirma el politólogo Iván Molina (2009, p. 76). En efecto, fue el momento en que el poder cedió ante el derecho, y el gobierno ante la soberanía popular. No está de más recordar no se contaba con un Tribunal Supremo de Elecciones, ésta sería una conquista que debió esperar seis décadas más, posterior a la Guerra Civil de 1948.
Desde esa jornada, el 7 de noviembre se convirtió en símbolo y en pedagogía política. Representa la cristalización del ideal republicano de que la autoridad emana del pueblo y solo en su nombre puede ejercerse. En palabras de Eugenio Rodríguez Vega (1985), “el pueblo costarricense no heredó su democracia: la conquistó a través de su cultura de la legalidad y su vocación por la moderación”. Ese legado, lejos de agotarse en la anécdota histórica, constituye una referencia viva para entender la identidad política costarricense contemporánea.
No es casual que seis décadas después como ya reseñé; en 1949, la nueva Constitución Política nacida tras la guerra civil de 1948, se promulgara también un 7 de noviembre. Tal coincidencia temporal encierra una profunda carga simbólica. En 1889, la democracia se consolidó sin derramamiento de sangre; en 1949, renació desde la tragedia bélica. Ambas fechas dialogan en un continuum histórico que define nuestra cultura política: la voluntad de resolver los conflictos por medios institucionales, incluso cuando el país ha tocado los límites del desgarramiento. Como señala el historiador Carlos Monge Alfaro (1978), “la historia costarricense es una sucesión de ensayos morales sobre el poder, donde el ideal de legalidad se impone al instinto de dominación”.
En ese sentido, el 7 de noviembre no debe concebirse únicamente como un recuerdo conmemorativo, sino como un principio hermenéutico para interpretar la evolución del Estado costarricense. La decisión del pueblo josefino en 1889 fue una praxis de legitimidad; la decisión del constituyente en 1949 fue una praxis de reconstrucción. En ambas, el sujeto histórico fue el pueblo soberano, capaz de ejercer la ciudadanía no como mera participación electoral, sino como acción ética y racional.
Reflexión final
Hoy, más de un siglo después, la fecha del 7 de noviembre adquiere renovada vigencia. Costa Rica enfrenta una crisis de legitimidad institucional que interpela su memoria democrática. La apatía cívica, la desafección política y la erosión del discurso republicano exigen una relectura crítica de aquel momento fundacional. Términos como: “tercera república”, “fraude”, “agotamiento del modelo democrático”, entre otros; debe llamar a una reflexión profunda.
Es por eso que reestudiar el 7 de noviembre de 1889 es volver a las raíces de nuestro contrato social, cuando la ciudadanía se impuso con serenidad y coraje frente a la arbitrariedad.
No se trata de idealizar el pasado, sino de comprenderlo como matriz de sentido. La democracia costarricense no es un patrimonio inmutable, sino un proyecto inacabado que requiere renovación constante. Como advierte Norberto Bobbio (1996), “la democracia no consiste solo en la elección periódica de los gobernantes, sino en la vigilancia perpetua del poder por parte de los ciudadanos”. Esa vigilancia, nacida de la conciencia de 1889, es el mejor antídoto contra la indiferencia política que hoy amenaza al país.
El 7 de noviembre no debe ser jamás olvidado ni relegado al calendario cívico sin contenido. Es la fecha en que Costa Rica descubrió que el poder sin legitimidad moral es apenas violencia contenida, y que la democracia es, ante todo, un acto de confianza racional entre el pueblo y sus instituciones. Recordar ese día es, por tanto, un ejercicio de memoria y de esperanza: la reafirmación de que la libertad política se defiende no con las armas, sino con la conciencia.
Referencias
- Bobbio, N. (1996). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.
- Molina, I. (2009). Historia de la democracia costarricense. EUNED.
- Monge Alfaro, C. (1978). Historia de Costa Rica: Época republicana (1821–1914). EDUCA.
- Rodríguez Vega, E. (1985). Costa Rica: de la independencia a la democracia. Editorial Costa Rica.
