San José, 25 may (elmundo.cr) – La Universidad de Costa Rica (UCR) comunicó formalmente su oposición al proyecto de ley expediente 23.414, conocido como “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, tras considerar que la propuesta implica una transformación estructural que amenaza el carácter público, solidario y planificado del sistema eléctrico costarricense.
La postura institucional fue ratificada por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria n.° 6809, realizada el 6 de junio de 2024. Tras un análisis técnico y académico elaborado por diversas escuelas, incluyendo Ingeniería Eléctrica, Administración Pública, Ciencias Políticas y Trabajo Social, la universidad recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar la iniciativa.
Según el criterio universitario, aunque el proyecto se presenta bajo el concepto de “armonización”, en la práctica propone una reorganización profunda orientada hacia esquemas de mercado, competencia y apertura comercial.
Principales preocupaciones de la UCR
La institución académica destacó varios puntos críticos en su análisis:
- Fragmentación del modelo: La UCR advierte sobre la separación de funciones estratégicas de planificación, operación y control, lo que debilitaría la integración histórica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
- Traslado del CENSE: El centro universitario cuestionó la falta de claridad técnica para trasladar el Centro Nacional de Control de Energía (CENSE) fuera del ICE, señalando la ausencia de estudios sobre las consecuencias operativas y los posibles costos adicionales para los usuarios.
- Concentración de poder en el MINAE: La universidad señaló que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) asumiría funciones de rectoría, planificación y evaluación ambiental simultáneamente, convirtiéndose en “juez y parte” y debilitando los contrapesos institucionales.
- Mercantilización del sistema: La UCR valoró que el proyecto reorganiza el sistema en función del mercado, beneficiando a grandes consumidores y generadores privados sin garantizar condiciones equitativas para el ICE, las cooperativas y las empresas municipales.
- Impacto tarifario: La creación de nuevas estructuras, como el ECOSEN, podría introducir costos adicionales mediante cánones y cargas operativas que, según la institución, terminarían reflejándose en las tarifas eléctricas.
Falta de estudios concluyentes
El pronunciamiento universitario enfatizó la carencia de estudios técnicos suficientes que respalden los beneficios del proyecto en cuanto a tarifas o eficiencia. Además, alertó que la posible derogatoria de la Ley 7200 eliminaría límites históricos a la participación privada, permitiendo un mayor espacio para grandes capitales transnacionales.
La UCR también expresó su preocupación por el aumento de las exportaciones eléctricas hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER), al considerar que esto podría comprometer bienes estratégicos y cuencas hidrográficas, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país.
Finalmente, la Universidad de Costa Rica reiteró su disposición para colaborar técnicamente con la Asamblea Legislativa, aportando criterios especializados para la discusión sobre el futuro energético nacional, al tiempo que lamentó la ausencia de mecanismos robustos de participación social en la toma de decisiones que plantea la propuesta actual.
