Como era de esperar, la comparecencia del presidente Alvarado ante la Comisión Legislativa que investiga la fallida UPAD estuvo plagada de contrastes, desde preguntas bien formuladas de algunos de los diputados miembros de esa instancia, puntuales, con una idea clara hacia dónde iban dirigidas, hasta intervenciones de diputados miembros que dieron mucho que desear. Algo normal; recordemos la Comisión Especial que investigó el caso “Cementazo” en 2017 donde algunos diputados sabían a lo que iban y otros sencillamente daba lo mismo si estaban o no presentes durante la comparecencia de Luis Guillermo Solís Rivera llevada a cabo en Casa Presidencial.
Independientemente del análisis y las reacciones que los diferentes sectores, oficialismo, opositores, prensa o usted tenga de lo que sucedió este miércoles con este acto de control político para lo que está la Asamblea Legislativa constitucionalmente facultada, cuatro puntos saltaron a la vista:
- El presidente sigue viviendo en su mundo; sigue creyendo que, en relación con el Decreto, lo que hubo fue un error de redacción, por lo cual él pidió que se derogara y no pasó a más.
Si lo que hubo fue un error tipográfico, ¿cómo es que todo ese equipo de asesores quedó desmantelado?, ¿cómo es que su ministro de la Presidencia tuvo que renunciar?, ¿cómo es que otro viceministro salió huyendo cuando se dio cuenta que su firma fue utilizada sin consentimiento?, ¿cómo es hoy en día todavía la Fiscalía General tiene en su poder equipo tomado de Casa Presidencial?, ¿cómo es que tuvo que llamar al ministro de Transportes para que, a lo tico, le salvara la tanda porque enfrentaba un problema de gobernanza? Y la pregunta principal: si todo fue un error de redacción, ¿cómo es que llegó a la Asamblea a comparecer?
Y él no fue quién derogó el Decreto, fue la presión y los incesantes cuestionamientos que se suscitaron en cuestión de horas que lo llevaron a dar marcha atrás cuando en principio trató de minimizar la polémica.
- Alvarado no tenía ni idea de cómo se manejaba la información recopilada, perdón, procesada; según él, hay que hacer una precisión conceptual. Resulta que les aseguró a los diputados y a la vez al país que la información que manejaban sus pupilos nunca fue utilizada para efectos políticos electorales, pero no pudo precisar dónde está, quién tiene la información de miles de costarricenses.
Y recordemos, uno de los asesores no tuvo reparos en compartir parte de esa información procesada en sus redes, la que después eliminó.
¿Quién redactó el Decreto, por qué no pasó por la oficina que se encarga de revisar esta documentación que emana de Casa Presidencial, por qué no lo firmó la ministra de Planificación y sí su viceministro?
- La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, creada por Ley Nº8968 con su Reglamento bajo Decreto Ejecutivo Nº37554-JP, está pintada en la pared.
- El presidente ni sus abogados saben de ciberseguridad; 123456, ¿es en serio?, ¿una de las claves más usadas por la gente alrededor del mundo y más fáciles de detectar es una de las que manejaba el Alvarado para proteger sus datos? y quien sabe cuánta información confidencial.
Basta con que usted haga una indagación en Google para confirmar lo anterior.
Hasta yo manejo esa clave en mi entorno laboral para el manejo de datos para compartir con mis colaboradores porque sé que no es sensible.
Usted puede pensar lo que quiera de Dragos Dolanescu, pero este miércoles puso en evidencia la vulnerabilidad con que Alvarado maneja aquello que según él buscaba proteger desde Casa Presidencial.
No sólo el mandatario mordió el anzuelo, también la fiscal general, la silenciosa, se fue con todo articulando una investigación sobre supuesta filtración de una de las claves dadas por los abogados del mandatario al Ministerio Público.
Y si fue tan sencillo averiguar una de las claves utilizadas por el mismísimo presidente de la República, ¿así pretendía manejar la UPAD y con ello la información de miles de costarricenses para generar políticas públicas?
123456… apague y vámonos…
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